El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño y diputado nacional Juan José Alvarez aseguró que en esa área "había gente valiosa y mecanismos adecuados" para ejercer la tarea de control, al declarar como testigo en el juicio político que se le sigue a Aníbal Ibarra.
No obstante, apuntó que "tal vez un 20 o un 30 por ciento de los locales bailables que se encontraban habilitados no cumplían con los requisitos de prevención de incendios", y entre ellos señaló al boliche República Cromañon.
Alvarez declaró durante dos horas y sus afirmaciones provocaron, como era presumible, lecturas contrapuestas entre las partes intervinientes en el proceso. La defensa evaluó que el actual diputado favoreció al jefe de gobierno suspendido, porque demostró que Ibarra había dotado adecuadamente al área, en tanto que la acusación consideró que sus declaraciones reflejaron la "falta de decisión política" para evitar la tragedia de República Cromañón.
"Llegué a la Secretaría de Seguridad, a un lugar con una enorme crisis", definió el ex funcionario y actual diputado nacional y planteó que fue convocado por el gobierno de la ciudad en base a su experiencia en gestión en crisis en Nación y provincia de Buenos Aires. Ese testimonio fue el que concentró las miradas durante las audiencias de ayer del proceso en el que la Legislatura investiga la actuación de Ibarra en referencia al incendio de la discoteca de Once.
Para marcar distancia, Alvarez se ocupó de aclarar: "vine a un gobierno con el cual no tenía ninguna relación política, ni partidaria, de ningún tipo. Ni siquiera soy vecino de la ciudad", remarcó. Inclusive, cuando le preguntaron sobre presuntas directivas para disponer clausuras o direccionar su tarea, afirmó que "nadie me dio órdenes" y que tampoco hubiera aceptado limitaciones a su función: "en materia de seguridad no hay puntos negociables, no había posibilidad de presionar".
"Cuando llegue a la Secretaría había gente valiosa, mecanismos adecuados, pero no alcanzó. Había que redireccionar la gestión", afirmó Alvarez.
El jefe de gabinete porteño, Raúl Fernández, evaluó que el planteo de Alvarez "fue correcto" y destacó su posición acerca de que "existía una estructura de control, que objetivamente no alcanzó para evitar la tragedia" de Cromañón. "Pero, de ninguna manera, significa que no había un plan de trabajo planteado", sostuvo Fernández.
El diputado Juan José Alvarez aludió elípticamente a la interpretación de su llegada al gobierno porteño como una especie de "intervención" política: "no llegué para ocupar ningún otro rol que el que ocupé y que fue secretario de Seguridad". Enfatizó que su presencia en la Legislatura no buscaba "exculpar ni inculpar a nadie" luego de haber declarado por más de dos horas en el recinto, donde rechazó haber tenido limitaciones para disponer clausuras a los locales que incumplían la normativa y afirmó que se aplicó el "poder de policía" para sancionar a los infractores.
Para el diputado Jorge San Martino, quien actúa como fiscal, el testimonio de Alvarez "confirma que los inspectores tenían poder de policía para clausurar con las normas en vigencia", pero que no se aplicaron.
En cambio, uno de los defensores de Ibarra, Julio Golodny, extrajo como conclusión que Alvarez tuvo "el total apoyo del gobierno de la ciudad para que desempeñe su función y eso favorece" al suspendido mandatario.
El ex funcionario y actual diputado nacional, se hizo cargo de la seguridad porteña en los días posteriores a la tragedia y enfatizó que durante su gestión se clausuraron cerca de 500 locales porque no cumplían las disposiciones vigentes.
Tanto Alvarez como su sucesor, el actual secretario de Seguridad, Diego Gorgal, quien lo precedió en la testimonial, afirmaron que la falencia de certificación o el vencimiento del certificado de Bomberos era una causal de clausura.
Gorgal también se refirió a la forma en que actúan los inspectores en los procedimientos en locales, y respondió "No" cuando se le preguntó si los inspectores deben consultar por un handie a sus superiores cuando consideran que un local debe ser clausurado. El actual secretario de Seguridad porteño también trazó diferencias con sus homólogos que se desempeñaron antes de la tragedia del boliche de Once.
Dijo que durante el 2005 la dirección general de Fiscalización y Control capitalina efectuó unas 50 mil inspecciones a boliches, restaurantes, bares y otros "establecimientos críticos", mientras que en el 2004 los procedimientos habían totalizado "entre 16 y 17 mil".
Gorgal, quien asumió en abril de 2005, sostuvo que su cartera realizó un "mapa de riesgo" de unos "70 mil establecimientos críticos", como "fábricas, grandes locales, hoteles, geriátricos, estaciones de servicio, centros de educación, de salud, de esparcimiento y de nocturnidad", que, según consideró, deben recibir al menos "una visita anual" de los inspectores comunales.
