Por José Angel Di Mauro

El poder no corrompe, tiene la virtud de mostrar a los seres humanos en su exacta dimensión”. Esa definición que bien podría enarbolar por estos días algún opositor indignado, o un oficialista desencantado, es nada menos que una de las frases de cabecera de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. O lo era, hasta que el proyecto presidencial K llegó al máximo escalón institucional del país.

Si existiera la hoy hipotética posibilidad de entrevistarla, bien valdría la pena preguntarle ahora si se considera una excepción a su propia regla. Igual, la respuesta es previsible y no de compromiso. “Sí, totalmente”, diría la primera dama, a quien ya no le desagrada que se refieran a ella con ese término, en lugar del más republicano “primera ciudadana”, que propuso al principio del mandato de su esposo.

Justamente ése podría ser un cambio de actitud, aunque sin duda menor. Probablemente si se escuchara más seguido la voz de Cristina, ella repetiría aquello que esbozó aun antes de ganar su esposo la presidencia, cuando deslizó con originalidad: “No seré primera dama, en tal caso seré primera ciudadana”. Una fórmula que ya había esbozado en 2001, cuando ni se imaginaba que la Presidencia estaba tan cerca y aun así remarcaba que “lo de first lady es antiguo, como las galas del Colón. El rol más importante de una mujer no es como señora de, sino como ciudadana”. Ese pensamiento fue, como se ve, el que evolucionó finalmente a la definición de “primera ciudadana”

Con esa frase como antecedente, Cristina Fernández no hizo más que mantenerse fiel a sus preceptos al distanciarse al menos dialécticamente del pomposo cargo de primera dama. Fieles a los simbolismos, los Kirchner hacen una profesión de fe con aquello de mantenerse apegados a las convicciones. Así las cosas, la acusación que peor podrá tomar el matrimonio presidencial es la de avanzar en sentido opuesto a sus dichos. Lo cual no implica que no lo hagan, pero jamás concederán haber sido descubiertos en semejante renuncio.

Aunque un análisis frío de sus comportamientos determine lo contrario, como en el tema de la devaluación, que bien vale como botón de muestra que aquí citaremos: inmediatamente después de haberse aplicado, la entonces senadora rasa no ocultaba su desacuerdo con el nivel que había alcanzado la moneda norteamericana, que por entonces coqueteaba peligrosamente con los 4 pesos. Diría en aquel momento a Parlamentario que, por el contrario, el dólar debía ubicarse en 1,40 y hasta se admitía partidaria de establecer una suerte de nueva convertibilidad, a ese valor. Hablaba por Cristina, pero era obvio que su esposo gobernador pensaba lo mismo.

Dos años después, los Kirchner son partidarios del “dólar alto”. Si se los pudiera confrontar sobre ese tema, seguramente tendrán más de un argumento para adecuar los pensamientos y hasta las declaraciones en off a los tiempos y circunstancias en que fueron hechos, pero la verdad plena es que son definitivamente pragmáticos.

No por nada el Presidente aseguró al asumir que no dejaría sus convicciones en las puertas de la Casa Rosada, en una definición que sin duda también suscribiría la senadora. La cuestión pasa entonces por ver qué tan distinto es el Kirchner presidente del Kirchner gobernador. Será por eso que cuando Cristina hacía campaña por su esposo sugería a los votantes ver qué han hecho los candidatos a la hora de gobernar, si han tenido oportunidad de hacerlo. Y será por eso que los antiguos adversarios santacruceños de los Kirchner afirman peyorativamente que el Presidente actual cada vez se parece más al gobernador que ellos conocieron…

Cristina está hoy obviamente en las antípodas de la situación en la que se encontraba una década atrás, cuando era una especie de outsider del PJ, lo cual le valió no sólo el mote de rebelde, sino también ser expulsada del bloque. Instancia a la que llegó no de entrada, sino tras casi dos años de gestión, cuando ya estaba decidido que encabezaría la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz y por ende dejaría la Cámara alta en diciembre de ese 1997.

Por entonces iba a las reuniones de bloque, a pesar de saberse resistida por sus pares, que hasta llegaron a organizar encuentros aparte, cuidándose de que la santacruceña no se enterara de los mismos. Hoy la primera dama tampoco va a las reuniones del bloque, aunque no porque no deseen su presencia. Empero, está claro que baja línea sobre qué se debe hacer en los encuentros. Los tiempos han cambiado, está dicho.

Un ejercicio interesante para proponer podría ser el de comparar las actitudes de la senadora/primera dama actual con la oficialista crítica de esos tiempos. ¿Oficialista? Sí, porque eso era Cristina en cuanto a su color partidario, amén de las distancias que tomaba del Gobierno nacional en general y de sus pares en particular. Ella lo planteó de entrada, en una frase que guardan los archivos y que bien podría enarbolar cualquiera de sus pares desencantado hoy por el trato kirchneriano. “Pensar que ser oficialista significa obediencia debida parlamentaria es un concepto más propio de los cuarteles que de un organismo democrático participativo y pluralista como debe ser un Parlamento”, decía la rebelde Cristina Fernández Kirchner cuando comenzaba a hacerse conocer en la política nacional, desde el Senado.

Es común de quienes quieren atacar al Presidente que se refieran a él como al gobernador “más obsecuente” de Carlos Menem, en un intento de golpear donde más puede doler. Pero bien se sabe que sólo duelen las verdades, y esa imputación no entra en ese rubro. Por estos días vuelve a circular por Internet una fotografía donde se los ve al entonces presidente Menem luciendo un corte de pelo post-patillas caudillescas, flanqueado por el entonces joven gobernador santacruceño, y un también joven ministro del Interior José Luis Manzano. Un hombre bien cercano por esos días al santacruceño, por más que ahora se prefiera obviar el dato. Las caras del trío no muestran malestar alguno, y hasta el riojano tiene aferrada la mano del santacruceño, lo cual no implica -necesariamente- ningún grado de obsecuencia de parte del gobernador, quien en el 94 incluso se inscribía dentro de los partidarios de la reelección presidencial.

No necesariamente podría decirse que Santa Cruz fue favorecida por las políticas del riojano más famoso, pero fue suficiente con el beneficio inesperado que le dio alas al proyecto K: las famosas regalías liquidadas por la administración menemista. Algo que, bueno es recordarlo, alcanzó a otras administraciones provinciales. Fue en noviembre de 1992, cuando la Nación les dio la razón a las provincias petroleras que habían iniciado un juicio por regalías petroleras, con lo cual Santa Cruz vio súbitamente solucionada su situación económica. De la noche a la mañana la Administración Kirchner, que apenas podía pagar los sueldos, le dijo adiós a las penurias económicas, recibiendo bonos para la compra de acciones de YPF. La liquidación fue por 670 millones de pesos/dólares, pero al descontárseles deudas que la provincia tenía les quedaron 555 millones en títulos.

Este recordatorio no incluye analizar el destino off shore de esos haberes, sino esclarecer sobre la independencia económica que le valió a Kirchner la posibilidad de administrar su provincia sin depender del poder central. En ese marco es donde aparece la entonces primera dama santacruceña expresando su rebeldía diferenciadora en el Congreso de la Nación, donde no necesariamente votó siempre en contra de las leyes requeridas por el Poder Ejecutivo menemista.

Sí se diferenció en cuestiones muy puntuales, mostrando su costado más crítico con determinados funcionarios menemistas. Por ejemplo Oscar Camilión, María Julia Alsogaray, o su ahora colega Ramón Saadi, cuyo ingreso al Senado resistió en ese entonces. La Cristina rebelde y con flequillo fustigaba severamente ciertas políticas del menemismo, aunque sin utilizar por entonces esa denominación y hasta cuidándose de no golpear directamente a la figura presidencial. Recién en 1998, ya jugados los Kirchner por la candidatura de Eduardo Duhalde y enfrentados junto a aquel a la re-reelección de Menem, comenzaron a atacar directamente a ese presidente.

Desde sus primeros tiempos como senadora, Cristina Fernández de Kirchner marcó sus disidencias constantes a la hora de las votaciones, o de las simples posturas. Se pronunció contra la privatización del Banco Hipotecario; se opuso una y otra vez a la prórroga del Pacto Fiscal; y hasta votó en contra de la continuidad de Augusto Alasino al frente del bloque justicialista del Senado, así como en el futuro -ya diputada- se pronunciaría dos años seguidos contra la reelección de Alberto Pierri…

“Si ser rebelde significa decir lo que se piensa y manifestar el disenso democráticamente cuando no se está de acuerdo, entonces lo soy. Si plantear, por ejemplo, que el ministro Camilión debe renunciar o que la señora María Julia Alsogaray tiene responsabilidades institucionales concretas cuando por negligencia se produce el incendio en los bosques, o plantear que un senador no puede ingresar al Senado con un videopliego -por Ramón Saadi-, entonces soy rebelde”, puntualizaba por esos días la senadora ante la revista Parlamentario.

Bien valdría preguntarse si la hoy primera dama estaría dispuesta a tolerar a una contrafigura suya que se limitase a exponer la mitad de sus actitudes de mediados de los 90 en el Parlamento.

Podrá decirse que ese comportamiento le valió en su momento ser expulsada del bloque. Pero habrá que recordar que no lo hicieron sus pares a pesar de las sugerencias de muchos halcones, sino hasta que la senadora se negó a apoyar el texto de un proyecto. ¿Cuál? Paradojas del destino, el de la creación del Consejo de la Magistratura. Un tema que, por lo visto, pareciera ser el karma de Cristina…

Su postura de entonces le impidió aquella vez a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Eran tiempos en que Carlos Menem y Eduardo Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en el 99, y en la Cámara alta se pretendía dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto, de ahí que el fracaso de la aprobación de ese proyecto se convirtiera en un desaire para esas pretensiones.

En rigor, la intención inicial no fue echar a Cristina sino apartarla de todas las comisiones de las que formaba parte. Públicamente se le reprochó su “excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo…”, tales las palabras del senador entrerriano Héctor Maya, que le reclamaba someterse a distintas reglas “para mantener la unidad de un cuerpo”.

“Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”, se quejaba entonces Cristina, quien terminó siendo expulsada del bloque, por cuanto el presidente de la Cámara alta, Carlos Ruckauf, advirtió que según los antecedentes del cuerpo no se podía separar de las comisiones a un senador sin su consentimiento, por lo cual, o la echaban del bloque, o revertían la medida. Y sus compañeros de bancada con voz de mando la echaron.

“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no había problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura me castigan”, argumentó la legisladora en 1997.

La rebeldía de Cristina se morigeró en la Cámara baja, donde su postura fue justificada por el hecho de que los modos implementados en ese cuerpo eran muy distintos de los de sus ex compañeros del Senado. De todos modos siguió constituyendo una suerte de isla dentro del oficialismo. Como prueba, vale la postura que mantuvo en el tema Hielos Continentales, donde siempre se opuso a la Poligonal que planteaba el Gobierno Nacional como solución al diferendo, y hasta fue siempre disidente en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA. Allí, permanentemente votó dictámenes diferenciados del oficialismo, compartiendo casi las disidencias de la oposición.

De regreso en el Senado, y más cercana en el tiempo, Cristina formó parte de la oposición en los tiempos de la Alianza en el gobierno y, vuelto el PJ al poder, no tardó en distanciarse del duhaldismo gobernante, al que acosó desde su banca.

Mientras su esposo insistía en reclamar la convocatoria a elecciones, la senadora justicialista -aunque claramente no oficialista- se abstenía de votar la ley de Emergencia Pública. Si bien la suya no fue una actitud aislada, Fernández de Kirchner fue la única que quedó en el ojo de la tormenta. Los reproches para el resto de los díscolos fueron menguando y hasta en algunos casos como el de Liliana Negre de Alonso se le justificó la actitud por la reciente caída de Adolfo Rodríguez Saá. En cambio, la postura de la santacruceña motivó -por ejemplo- que el hoy gobernador y entonces senador Jorge Busti le enrostrara al presidente Duhalde el comportamiento de “tus amigos los Kirchner”.

Más tarde Cristina comandaría un grupo que integraron los citados Busto y Negre de Alonso, más Nicolás Fernández, Jorge Yoma, Graciela Bar, Marcelo Guinle y el luego expulsado puntano Raúl Ochoa, que fue dado en llamar Grupo de los 8, constituyendo la principal oposición interna legislativa que sufrió el gobierno de Duhalde.

Desde ese sector resistió todas las leyes que el presidente Duhalde reclamaba en los tiempos post default, acicateado como estaba por las condiciones del FMI y los reclamos de los ahorristas acorralados y estafados. Votó en contra de la ley antigoteo; se opuso vivamente a la derogación de la ley de Subversión Económica y la ley de Quiebras, pero en el caso de la primera protagonizó un episodio que hasta hizo tambalear al gobierno de Duhalde, quien había prometido que si no se derogaba esa ley como le exigía el Fondo, él renunciaría. Cristina llegó a motorizar el envío del avión sanitario de la provincia de Santa Cruz para traer desde su provincia al senador Lázaro Chiappe, para que votara en contra de la derogación. A duras penas, el oficialismo logró salvar la situación logrando el retiro de la senadora radical Amanda Isidori, tal cual se lo había pedido su correligionario gobernador Pablo Verani, quien a su vez respondía a un directo pedido del Ejecutivo.

Pese a semejantes muestras de oposición de quien seguía integrando el bloque oficialista, Cristina no perdió siquiera la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aun hoy conserva.

Hoy en el Gobierno, Cristina es por primera vez realmente oficialista. Mucho más que eso: representa la extensión de la Casa de Gobierno -donde tiene despacho- en el Poder Legislativo. En el Senado nada sucede sin su aprobación y hasta se tomó la autoridad de reprender pública y severamente al titular del cuerpo en pleno recinto.

Cuestión de que nadie pueda endilgarle contradicciones, se ha cuidado de no votar determinadas leyes que no hubiera suscripto en el pasado -superpoderes, por ejemplo-, ausentándose brevemente del recinto a la hora de la votación. Y en otras ocasiones se ha aprovechado tratar ese tipo de cuestiones incómodas cuando ella estaba de gira por el exterior.

Amén de esas licencias, la primera dama podrá defender con cierta soltura que las contradicciones no forman parte de sus defectos. En ese marco, podrá decir que como fustigó a Duhalde cuando era presidente, bien pudo batallar con él en octubre pasado; o que como combatió con el menemismo, tiene autoridad para seguir haciéndolo… La pregunta del millón es, en definitiva, si se permitiría la tolerancia suficiente para admitir las discrepancias internas. Si sería capaz de admitir que un legislador que haya estado codo a codo con ella alguna vez, pueda oponerse a una iniciativa suya.

Muy pronto tendrá la oportunidad de demostrarlo, o no, cuando un controvertido proyecto de su autoría como el que reforma el Consejo de la Magistratura, se trate en Diputados. Será una chance para conocer el límite de su tolerancia, visto ahora desde su posición de poder.

Podrá verse entonces si a alguno se le ocurre marcarles la cancha a sus propios pares, como hizo Cristina Fernández de Kirchner en su momento, cuando apenas llegada a su banca en 1995 les dijo a los senadores de su partido: “Acá todos somos representantes de las provincias y no pasa por apoyar o combatir las decisiones del Ejecutivo; pasa por discutir y analizar lo que le conviene al conjunto del país, y en especial a las provincias”.