Las dos son mujeres y se especializan en temas vinculados a la Justicia. Ambas comparten el denominado espectro progresista del arco político y dieron juntas algunas “batallas”. Hoy comparten el Consejo de la Magistratura, pero una desde el oficialismo, la otra desde la oposición. Pese a tantos puntos en común, hoy se enfrentan a la hora de considerar el proyecto del Gobierno para modificar ese organismo. Diana Conti se reivindica como “fanática” del proyecto del Ejecutivo, en tanto la diputada del ARI Marcela Rodríguez es una de las más críticas a esa propuesta.

Parlamentario habló con estas dos legisladoras bonaerenses, que dejaron en claro cuáles son los puntos en discordia.

- ¿Cómo va a votar cuando se trate este proyecto?

- Diana Conti: Yo voy a votar y ya firmé el dictamen, de acuerdo con la media sanción que vino del Senado. En primer lugar, el proyecto toma los mayores reclamos de reestructuración que se venía dando desde el ámbito de la Justicia o los abogados, en cuanto a la agilización de la forma de trabajar del Consejo, la publicación y transparencia de todas sus decisiones y de todos sus expedientes. Fundamentalmente, porque en el marco de una reforma judicial iniciada por nosotros con el recambio de la Corte Suprema -que es el hecho más simbólico que marca el rumbo de la reforma judicial- necesitamos modificar el Consejo de la Magistratura. Buscamos que los representantes de la voluntad popular -ya que lo nuestro es una construcción política claramente nacional y popular- tengan un peso específico en el Consejo, y que éste tienda a seleccionar y distribuir a los jueces de un modo horizontal, independiente, profesionalizado, que esté a la altura del reclamo de la sociedad.

- Marcela Rodríguez: Desde el bloque del ARI rechazamos el proyecto, porque no es una propuesta superadora que corrija esos defectos que se le endilgan al Consejo. Creo que detrás de ese discurso de “mayor agilidad” y “transparencia” el Gobierno está ocultando su intención de controlar la selección de candidatos a jueces y los juicios políticos a magistrados, porque la reducción de 20 a 13 integrantes en el Consejo provocará una desproporcionada influencia del oficialismo, que es el único sector político que no ve perjudicada su representatividad: va a mantener sus cinco representantes -dos diputados, dos senadores y el representante del Ejecutivo- y en términos proporcionales, elevará su predominio del 25 a casi el 40 por ciento del cuerpo, afectando la independencia del Poder Judicial.

- DC: Esto no es así. Primero que no siempre las mayorías parlamentarias coinciden con el presidente electo. Por lo tanto, si hubiera un recambio en el Gobierno y en las cámaras el cambio no sería inmediato. Pero lo importante es que hoy hay un consenso amplio, y es el consenso que nosotros representamos respecto del voto popular.

- Puede ser que Kirchner tenga buenas intenciones y permita que sus consejeros trabajen con independencia. ¿Pero qué pasaría en el futuro si subiera un Presidente que quisiera digitar la Justicia?

- DC: No va a pasar eso, porque los tiempos van a ser de una Justicia cada vez más apropiada de su capacidad política y de su voluntad de independencia, e incluso hoy mismo no es el Consejo de la Magistratura sino los propios jueces los que fomentan su independencia...

- MR: Esto afectará directamente la independencia del Poder Judicial y pone en juego la imparcialidad de los jueces. El oficialismo va a poder tirar un salvavidas a un juez que esté denunciado para garantizar su impunidad, o poner una bolilla negra a un concursante en un proceso de selección. Las decisiones principales en el Consejo se toman por dos tercios de los votos, tanto la aprobación de las ternas con candidatos a jueces que son elevadas al PEN, como las acusaciones para impulsar juicios políticos contra magistrados. Como dije, con la reducción el oficialismo se garantiza más de un tercio, por lo tanto, tendrá derecho a veto. Es decir, que para desbloquear una decisión, será necesario negociar -sí o sí- con el oficialismo.

Corporaciones y mayorías

-Un punto importante en el debate es el rol de lo que el Gobierno llamó “las corporaciones” a las que el proyecto les reduce el poder. ¿Cuál es su postura respecto de este tema?

- MR: Aquí nuevamente se ve el doble discurso del Gobierno. Fustigan a la corporación de los jueces, pero en el proyecto incorporan dos viejos reclamos de ese sector: un plazo de caducidad de tres años para las denuncias contra los magistrados y la posibilidad de que los jueces integren la Comisión de Acusación, al disponer la unificación de esa comisión con la de Disciplina. Además, el Gobierno se queja de la corporación de los abogados, excluyéndolos de la Comisión de Selección por tener potenciales conflictos de intereses, pero lo cierto es que los mayores conflictos de intereses los tienen los políticos: designamos a jueces que nos van a juzgar por delitos de corrupción, o que deberán decidir la constitucionalidad de alguna medida de Gobierno.

- DC: En el actual Consejo las corporaciones judicial y abogadil -que está bien que existan, porque por sectores hay corporaciones- no han tenido la mejor participación y normalmente se han alineado al pensamiento político de turno. Marcela suele decir que en estos años muchas acusaciones fueron frenadas por el oficialismo. Primero que eso lo hacía la corporación política vieja, como (Jorge) Casanovas o (Lelia) Chaya. ¿Pero cómo podía ser que los 18 miembros restantes no podían votar de otra manera? Nadie tuvo el coraje para solucionar los problemas de la Justicia.

-¿Esta reforma sí lo permitirá?

- DC: Sí, porque se hará en el marco de un proyecto político que encabeza el presidente Kirchner, que fue quien hizo una reforma como la de la Corte Suprema.

- Desde el oficialismo también se quejan de que en la representación del Consejo hay igual cantidad de legisladores de la mayoría que de las minorías. ¿Es esto una falencia?

- MR: No es una falencia, al contrario, es una garantía que está prevista en la Constitución, que dispone que el Consejo debe tener equilibrio. No dice que las mayorías deben reflejarse en la integración. Los derechos constitucionales fueron concebidos como frenos a las mayorías, que pueden llegar a transformarse en tiránicas y opresoras de las minorías y de los derechos individuales. Lo que hace este proyecto, en definitiva, es romper el “equilibrio” existente, inclinando la balanza a favor del oficialismo.

- DC: Pero el proyecto no inhibe a la minoría. Nosotros representamos a una mayoría y le damos uno a la primera minoría. En un juego democrático la mayoría no puede tener el mismo número de representantes que la minoría. Por otro lado, si se le da a la segunda minoría, ¿por qué no a la tercera, cuarta o quinta?. Además, la oposición puede definir el consejero por consenso entre ellos. Sean democráticos.

- MR: Si hablamos de democracia, vale aclarar que a la senadora Cristina Fernández de Kirchner no la respaldan 3 millones de votos como ella dice, ya que en la campaña electoral jamás se mencionó la intención del Gobierno de impulsar este proyecto, que sí reunió, por el contrario, un amplio y unánime rechazo del arco político opositor y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

- Si la intención del Gobierno es mejorar el Consejo ¿por qué no se consensuó con la oposición?

- DC: Porque no hay ganas de acordar. Además, ellos creen que el acuerdo tiene que ser el número. También ofrecimos cambiar la mayoría de dos tercios por mayoría simple para acusar o promover, pero no lo aceptaron y ahí se ve claro que no quieren acordar, sino mantener el número de consejeros que hay.

-¿El Gobierno va a llegar al número que necesita para sancionar la ley?

- MR: El Gobierno ha decidido avanzar en contra de cualquier institución que le impida un ejercicio hegemónico del poder. Empero, es notable la falta de escrúpulos para negociar los votos que le faltan al oficialismo para llegar al número mágico de 129.

- DC: Vamos a tener dos cosas. El número de votos y un respaldo popular muy interesante. El pueblo entiende la reforma que queremos hacer.