Los diputados aprobó tras un largo y duro debate la reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa promovida por la primera dama Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en ley al resultar aprobada sin cambios, con lo que se logró evitar que vuelva a discutirse en el Senado.
La modificación reduce de 20 a 13 la cantidad de integrantes y aumenta proporcionalmente la influencia del oficialismo.
La iniciativa recibió luz verde por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones. El resultado constituye un gran triunfo para el oficialismo, que logró sumar a sus 103 votos propios otros 19 sufragios, que le permitieron llegar con comodidad a los 129 necesarios para lograr la aprobación del proyecto.
Con la consigna del ataque como mejor defensa, el oficialismo atribuyó a los detractores del proyecto defender una posición corporativa.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (Frente para la Victoria-PJ), buscó descalificar de antemano los cuestionamientos al asegurar que "aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar". Y, a renglón seguido, imputó al Consejo "ineficiencia" y "sesgo corporativo".
En esa línea, el segundo miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Justicia, Luis Cigogna, interpretó que la verdadera motivación de los críticos era su temor a "perder ventajas corporativas".
Entre las réplicas de mayor contundencia, la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, quien hasta noviembre ejerce como representante de la segunda minoría en el Consejo, repasó el historial de negativas de los miembros del oficialismo a los intentos previos de racionalizar los recursos del organismo.
Así buscó desacreditar los argumentos formales, que apuntaron a la necesidad de dotar de mayor agilidad al organismo.
"Curiosamente quienes se oponen a la reducción de los miembros de la Corte Suprema para agilizar los trámites defienden la reducción en el Consejo", advirtió Rodríguez, quien consideró la reforma como "el mayor retroceso del Poder Judicial desde la reducción de la Corte Suprema por parte de Carlos Menem".
"Para los ñoquis y los malos empleados alcanza con una birome y no vulnerar la Constitución" agregó el radical Mario Negri.
Los diputados del Frente Partido Nuevo, que responden al intendente cordobés Luis Juez, ratificaron su negativa a pesar de su cercanía al kirchnerismo.
"Sólo por la desconfianza que despertó esta reforma deberíamos habernos permitido un debate más profundo", explicó la juecista Norma Morandini.
Por el contrario, los adolfistas ratificaron su acompañamiento a la propuesta del gobierno.
Más allá de las profundas diferencias sobre la interpretación del proyecto, impulsores y críticos reconocieron problemas en el funcionamiento actual del Consejo.
"Este organismo se merece esta reforma", exclamó el macrista Jorge Vanossi, como una especie de reto a sus miembros por las negativas pasadas a mejorar su funcionamiento. "No se lo merece la salud de la República", remató.
La excepción a las críticas fue el radical Federico Storani: "No es caro, ni lento ni engorroso", dijo y remarcó que el Consejo destituyó a "10 jueces en siete años".
