La organización Human Rights Watch dijo que, al sancionar la ley de reestructuración del Consejo de la Magistratura, "el Congreso argentino ha vulnerado las garantías de independencia judicial en el país" y advirtió que la reforma "aumentará la vulnerabilidad de los tribunales a las presiones políticas".
"Independientemente de las intenciones del partido oficial, esta reforma aumentará la vulnerabilidad de los tribunales argentinos a las presiones políticas", consignó en un comunicado de prensa José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El titular de la sección Américas del observatorio de Derechos Humanos afirmó sin vueltas que la aprobación de la ley constituye "una gran decepción, después de todo lo que ha hecho este gobierno para restaurar la credibilidad de la justicia argentina y fortalecer el estado de derecho".
El 9 de febrero último Vivanco remitió una carta al presidente Néstor Kirchner para manifestar que la reestructuración del Consejo propuesta por el oficialismo iba a "debilitar los principios constitucionales" y "socavar gravemente el progreso alcanzado por la Argentina, durante el actual gobierno, para fortalecer la independencia judicial".
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a responder la carta de Human Rights y retrucó: "No existe de parte del Gobierno Nacional otro propósito que no sea el de mejorar la calidad democrática, reformando y fortaleciendo las instituciones de la República en un marco de absoluta transparencia".
Hoy la entidad a la que pertenece Vivanco recordó que la Carta Magna argentina, en la enmienda del '94, garantizó el "equilibrio entre legisladores, jueces, abogados y representantes académicos en el Consejo (...), órgano responsable de la selección de jueces que luego son nombrados por el Ejecutivo".
El "equilibrio fue considerado un elemento imprescindible para resguardar a los magistrados de los cambios abruptos en el clima político del país", abundó Vivanco en el parte de prensa, y resaltó que, al reducir el número de consejeros de 20 a 13 y quitar representación al Poder Judicial, "el partido gobernante también aumenta su peso en el nuevo Consejo".
"Otro aspecto que genera preocupación es la modificación introducida en la norma que regula el quórum del Consejo, la que permitiría que dicho órgano funcione sin la participación de jueces, abogados o representantes académicos. Con la nueva composición, los seis legisladores y el representante del ejecutivo podrían sesionar solos", agregó Vivanco.
Human Rights recordó la reacción oficial ante la carta dirigida a Kirchner y destacó que el jefe de Gabinete "defendió la idea de que los funcionarios elegidos por votación popular deben constituir mayoría en el Consejo aunque no explicó por qué no debe existir un equilibrio entre los miembros electos.