La ministra de Defensa, Nilda Garré, reveló en el Senado que el Gobierno está estudiando crear un sistema que reemplace al Código de Justicia Militar actualmente vigente.
También el Gobierno trabaja en la reglamentación de la ley de Defensa (23.554), dictada durante la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín, según comentó Garré durante un almuerzo que compartió con la conducción del bloque del PJ en el Senado. Así lo señaló la titular de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, la justicialista Marita Perceval, quien participó del encuentro junto al titular de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto; el presidente provisional del cuerpo, José Pampuro; y el senador José Mayans, entre otros.
Según Garré, el PEN reglamentará las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. El hecho de no haber sido reglamentadas genera un vacío legal, ya que las normas son de difícil aplicación.
La primera ley lleva el número 23.554 y fue sancionada y promulgada en abril de 1988, durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín, tras el juzgamiento a las Juntas Militares y un año antes del ataque del Movimiento Todos por la Patria al desaparecido cuartel de La Tablada. La norma establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales "fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional".
La ley aclara expresamente que la defensa nacional es la "integración" de todas las fuerzas de la Nación para solucionar "conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo"; y para "proteger la vida y la libertad de sus habitantes".
La Ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas fue sancionada y promulgada entre marzo y abril de 1998 por el ex presidente Carlos Menem, varios años después del escándalo por la venta ilegal de armas al exterior que salpicó a varios funcionarios del gobierno justicialista de entonces.
Antes de su sanción, el gobierno de Menem había eliminado el Servicio Militar Obligatorio luego del asesinato del conscripto Omar Carrasco en un cuartel de Zapala.
La reestructuración y modernización de las fuerzas armadas asegurarán "cuadros de todos los niveles jerárquicos, motivados vocacionalmente y de alta capacitación profesional y teórica".
En la reunión, Garré valoró la actuación de las fuerzas militares argentinas en Haití y anunció que el Gobierno priorizará la aprobación de una ley de obtención de medios para la defensa, vinculada con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. También dijo a los legisladores que "es una buena señal para la comunidad internacional" que el Congreso apruebe la autorización para que las Fuerzas Armadas realicen ejercicios conjuntos con fuerzas extranjeras antes que se lleven a cabo.
Además de Garré estuvieron en la reunión en el segundo piso del Palacio Legislativo el secretario de Planeamiento de Defensa, Oscar Quattromo; y el hermano de la funcionaria, Raúl Garré, jefe del gabinete de asesores.
Respecto al Código de Justicia Militar, Perceval indicó que la ministra está trabajando sobre un anteproyecto que derogaría el viejo Código y estaría más cerca de convertirse en un "sistema de justicia militar".
"Los militares son ciudadanos que tienen una profesión militar, pero que se rigen con las mismas leyes que todos los ciudadanos", enfatizó la senadora en la rueda de prensa posterior al almuerzo organizado por el bloque del Partido Justicialista Frente para la Victoria.
Según Perceval, Garré aclaró que antes de enviar cualquier proyecto "se realizarán mecanismos de consulta con el Parlamento y con otros organismos".
La norma derogaría el viejo Código de Justicia Militar sancionado originalmente en 1895 y que sufrió varias modificaciones a lo largo de la historia.
El que se encuentra vigente es el sancionado en 1951 (Ley 14.029), modificado por última vez en 1984, tras el retorno de la democracia, por medio de la Ley 23.049.
El principal argumento para derogarlo radica en que no es compatible con el artículo 8, referido a las garantías judiciales del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
Un estudio hecho por técnicos de la Cancillería argentina en 2004 indica que en el viejo Código no se garantiza la independencia ni la imparcialidad de los jueces que dependen de las Fuerzas Armadas.
Además, se detectó la carencia de un defensor de confianza, que debe ser de rango inferior al de los juzgadores.
Por otra parte, los acusados deben prestar juramento de verdad, cuando la Constitución garantiza que nadie está obligado a declarar en su contra.
