El Gobierno quiere agilizar la sanción de una nueva ley de accidentes de trabajo, pero los empresarios y las centrales sindicales tienen visiones opuestas sobre cuál debe ser su contenido.
El lobby empresario empezó a hacerse sentir. Los popes del establishment enviaron en los últimos días mensajes de urgencia al Gobierno para que el Ejecutivo apure en el Congreso la sanción de la nueva ley de ART, un aspecto que los hombres de negocios consideran esencial para disminuir el costo laboral que se está produciendo como consecuencia de los accidentes de trabajo.
En los últimos días se sucedieron una serie de contactos entre el Ejecutivo y los legisladores para ir delineando el tratamiento de este proyecto, aunque lógicamente todavía hay aspectos con interrogantes.
Esta iniciativa se comenzó a elaborar durante la última mitad del año pasado, y la Comisión de Legislación Laboral trabajó sobre la modificación de la Ley 24.557, para lo cual que existían varios y muy distintos proyectos.
En ese entonces, la UIA, envió al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, una carta en la que se cuestionaba el proyecto en evaluación. La central empresaria creía que el nuevo diseño para reformar la ley vigente aumentaría el costo laboral y la inseguridad jurídica empresarial, dañando la creación de empleo.
La urgencia de la UIA se debe a que la Corte Suprema declaró en 2004 la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley ART, lo cual habilitó la vía de acción civil a los trabajadores para reclamar por daños sufridos en el trabajo.
De ahí en más, si los trabajadores accidentados obtienen un fallo por una suma superior, la diferencia tiene que ser cubierta por los empleadores, no por las ART. En la nota enviada a Trabajo, la UIA decía que al no existir un límite por el reclamo civil, todas las empresas -sobre todo las Pymes- enfrentarán un gran riesgo.
Junto con la UIA, las principales entidades empresariales del país como Adeba, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural- reclamaron a Tomada su intervención para garantizar el régimen de las ART. En tanto, se recibió el apoyo de los abogados laboralistas, de la CGT y la CTA.
Preocupación
Por eso, desde comienzos de año los empresarios se muestran preocupados por las demandas por accidentes laborales. Según información brindada por la Unión de ART, las demandas en juzgados civiles crecieron el 20% en el primer bimestre de 2006 respecto del año pasado. Ante este panorama, los empresarios aguardan con impaciencia la sanción de una nueva ley de ART y desde el Ministerio de Trabajo anticiparon que enviarán -en un mes- su proyecto terminado.
Parlamentario habló con la Secretaría de la Comisión de Legislación Laboral, cabecera en el tratamiento de este tema, donde informaron que de los proyectos en tratamiento sólo quedaron tres con estado parlamentario, de los diputados Margarita Stolbizer (Buenos Aires) y María Teresa Ferrín (Jujuy), ambas radicales con mandato cumplido, y de Juan Carlos Sluga (FPV-Buenos Aires).
Este medio habló con la diputada Isabel Artola (FPV/PJ-Buenos Aires), integrante de la comisión, quien explicó que “la oposición discutió los proyectos y había interés en aprobar algo consensuado, pero hubo quienes se opusieron, como Carlos Brown (PJ) y Guillermo Alchouron (AR), que no estuvieron de acuerdo”.
Artola reconoció que “aunque la comisión se reunió especialmente para tratar el tema, no nos dieron los tiempos”, y dijo también que los proyectos en danza tienen giros a diversas comisiones y por eso el trabajo se hace más lento, y que como siempre lo ideal es “consensuar”.
La legisladora destacó que “uno de los principales puntos de discusión fue el de la financiación del sistema. Lo que ocurre es que las ART no quieren hacerse cargo de las demandas en su totalidad, cuando en realidad cobran mucho dinero y en el corto tiempo se hicieron vigentes pero no atendieron todas las demandas. No hay que olvidarse que un trabajador lo es todo el día, no por espacios de tiempo”.
Artola elogió el proyecto del PEN y dijo que “el Gobierno busca hacer un proyecto mucho más amplio para resolver justamente ese problema”, y estimó que podría aprobarse “para mayo o junio”. Además, dijo haber conversado con el nuevo presidente de la comisión, Héctor Recalde, quien le confirmó su interés en que el proyecto salga, e hizo notar que “este año estamos en otra situación en la comisión en cuanto a la composición de fuerzas políticas”.
De los 30 integrantes que tiene la Comisión de Legislación del Trabajo, diecisiete son oficialistas (bloque FpV-PJ), y su nuevo titular, Recalde, es nada menos que el asesor letrado de la CGT.
Como se puede observar, el tratamiento de esta ley está generando un juego de presiones cada vez más creciente. Para los hombres de negocios se trata de dar previsibilidad y seguridad jurídica al sistema, mientras que desde la CGT insisten en que hay aspectos de la norma que siguen provocando incertidumbre entre los trabajadores.
