El Congreso convirtió en ley el proyecto que suspende otra vez por 90 días los remates y desalojos de los deudores hipotecarios que pidieron un crédito de hasta 100 mil pesos para adquirir una vivienda única para uso familiar.
En tiempo récord, el Senado aprobó la norma al mediodía, y cuatros horas después, la Cámara de Diputados la convirtió en ley.
El proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados con amplio consenso por 183 votos contra 7, y 3 abstenciones, ya que contó con el respaldo del bloque Frente para la Victoria-PJ, el radicalismo, el ARI y el socialismo. Fue aprobado allí tal como la envió el Senado, que había modificado en comisión el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y decidió contemplar sólo la prórroga de los remates.
Sin embargo, la norma convertida en ley posterga el debate sobre el proyecto para dar una solución definitiva al problema de los deudores hipotecarios que, en su mayoría, tomaron créditos en escribanías e inmobiliarias.
A través de la iniciativa aprobada, se suspenden por 90 días los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar "inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial".
Se establece también una prórroga para aquellos deudores que aún no ingresaron al Fondo Fiduciario.
El apuro de los legisladores se debe a que el lunes venció la prórroga de la suspensión de las ejecuciones de viviendas únicas dispuesta en noviembre y, si ayer no se sancionaba una ley extendiendo esa medida, podían volver a generalizarse los remates por deudas hipotecarias.
En este sentido, la ley es retroactiva al 4 de diciembre pasado e incluye un artículo que la declara de Orden Público, enmarcada en la ley 25.561 -de Emergencia Publica y de Reforma del Régimen Cambiario-.
En la Cámara alta, abrió el debate el justicialista Nicolás Fernández (Santa Cruz), titular de la Comisión de Legislación General, quien cargó contra los magistrados que fallaron en contra de la ley "salvavidas" para los deudores con orden de remate judicial. "La ley que declaró inconstitucional algunos magistrados esta en absoluta sintonía con la Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia", aclaró el legislador, al mandar un mensaje a algunos integrantes del Poder Judicial.
Al igual que Fernández, el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto (Río Negro), también cuestionó al Poder Judicial, y advirtió que habría que "evaluar la conducta" de algunos jueces inferiores en el Consejo de la Magistratura. Tampoco dejó afuera de su discurso crítico a la Corte Suprema de Justicia, a quien le reclamó que "resuelva el tema de la pesificación".
La norma que suspende por tres meses de las ejecuciones se redactó sobre la base de un proyecto más amplio que giró al Congreso el Poder Ejecutivo el último jueves, que luego sufrió un recorte. Es que el proyecto original diseñado por el Gobierno -y luego descartado por los legisladores- incluía un artículo que obligaba al deudor y al acreedor a concurrir a una audiencia de conciliación para intentar acordar una nueva oferta de pago, bajo la teoría del esfuerzo compartido. Así, el Congreso dejó para otra oportunidad, una vez más, el debate de fondo sobre la problemática de los deudores hipotecarios que tomaron créditos en dólares en entidades no bancarias antes del 2001.
El legislador Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) le reclamó al Poder Ejecutivo abone a los acreedores, mediante el Fondo Fiduciario, la deuda de los morosos. De igual forma, opinó el radical Gerardo Morales (Jujuy), quien además pidió volver a abrir el registro del Fondo Fiduciario para que se anoten los deudores hipotecarios que no lo hicieron antes, cuestión que aceptada por el oficialismo.
En Diputados, el oficialista pampeano Carlos Mediza defendió el proyecto y pidió aprobarlo "para tener más tiempo y que la solución de fondo pueda arribar a toda la comunidad y abarque a todos los deudores".
En el cierre del debate, el titular del bloque de diputados del FPV-PJ, el santafesino Agustín Rossi, destacó que la ley "mejora sustancialmente la propuesta del Ejecutivo" y puso de relieve la necesidad de trabajar en una solución definitiva al tema de los deudores hipotecarios.
En tanto, la radical Liliana Bayonso (Chaco) reclamó un proyecto definitivo que contemple "una protección que incorpore el gran abanico de situaciones que se presentan entre los deudores. Es un tema que debemos debatir y encontrar una solución definitiva".
El PRO, a través del lopezmurphysta Pablo Tonelli, consideró que el proyecto aprobado por el Senado "no soluciona nada" y propuso una iniciativa alternativa que propone instrumentar una línea de créditos blandos a través del Banco Nación para que los deudores hipotecarios refinancien su deuda".
Por su parte, la diputada del ARI, Marta Maffei, anticipó que esa bancada respaldará el proyecto que suspende las ejecuciones y destacó que "con estos 90 días los diputados tendremos tiempo de buscar una solución definitiva a los deudores que son más de 100 mil".
