La Cámara de Diputados aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que crea cargos específicos en las facturas para financiar obras de infraestructura energética, y lo giró al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa fue aprobada por 138 votos contra 75 y 1 abstención, tras lo cual fue girada al Senado.
Mediante este proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a crear y fijar cargos específicos para fondos fiduciarios constituidos y a crearse para financiar determinadas obras para la expansión del sistema de generación y transporte de los servicios de gas natural, gas licuado y electricidad.
La iniciativa fue cuestionada por un amplio arco opositor que incluyó a la UCR, al ARI, al socialismo, a los peronistas puntanos y al macrismo, pero contó con el respaldo de los ex duhaldistas y menemistas que integran el bloque Peronista Federal.
El kirchnerismo no aceptó ninguna modificación al texto y en la votación en general sumó 138 votos con el apoyo del bloque Peronista Federal, mientras que hubo 75 diputados que rechazaron la iniciativa.
Los opositores criticaron la falta de detalle del texto al que consideraron "muy amplio" y cuestionaron la política oficial que posibilitará que los usuarios y el Estado financien las obras que utilizarán las empresas privatizadas.
"Esto es una nueva delegación de facultades al Ejecutivo en un proyecto vacío de contenidos y sin datos", enfatizó la diputada fueguina Susana Ríos y en el mismo sentido el diputado del peronismo puntano Claudio Poggi señaló la falta de precisiones en el proyecto que reclama el Gobierno.
Para el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano, "lo que está por detrás de esta discusión es cómo se recupera control público de la estructura energética" y expresó su rechazo al proyecto porque "implica que el Estado invierta (en obras) para subsidiar a las empresas privadas".
Desde el radicalismo, Miguel Angel Giubergia advirtió: "estas obras no van a ser llevadas adelante a través de licitaciones públicas".
El diputado por Mendoza Roberto Iglesias cuestionó fuertemente la iniciativa y sostuvo que la ley "está caracterizada por la ambigüedad. Se puede cobrar cualquier cosa para hacer cualquier cosa", a la vez que advirtió que "no hay obras concretas sino que son obras al boleo".
Además de la UCR, el PRO, los puntanos y el ARI expresaron en el recinto su rechazo, con el argumento de que se trata de un proyecto que otorga amplias facultades al Gobierno para imponer cargos fijos en las facturas, que no están especificadas ni se establece hasta cuándo se pagará ese recargo.
Ante los cuestionamientos opositores, el oficialismo realizó una cerrada defensa del proyecto y el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó: "estamos hablando de obras demandadas en distintas provincias y estamos proponiendo un sistema para al financiamiento de estas obras de energía".
"Es un sistema de cargos específicos y se denomina así porque lo que recaude el sistema puede ser utilizado únicamente para las obras previamente definidas", agregó.
Rossi destacó que la recaudación de los fondos para las obras se realizará mediante "un mecanismo de base solidaria y significa que puede cobrar cargos en zonas donde no se hagan las obras principales pero permita un desarrollo armónico de las obras en todo el país".
El proyecto oficial propone "el desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y distribución de los servicios de gas natural, gas licuado y electricidad" mediante la creación de cargos específicos para desarrollar las obras.
Esos tendidos energéticos se realizarán mediante aportes provenientes "de fondos de los Fideicomisos constituidos" especialmente y esos cargos "no constituirán ni se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado".
