El jefe del bloque justicialista de Senadores, Miguel Angel Pichetto, adelantó que refrendarán "la creación de una empresa estatal para la prestación de agua potable, con la que el Gobierno defiende a los argentinos de los abusos de Aguas Argentinas". Pichetto afirmó que "con esta medida, el Ejecutivo defiende los derechos de los habitantes de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, que en los últimos años han sido víctimas de los incumplimientos y abusos de la firma que tenía a cargo la concesión del servicio".

Además, consideró que "con la creación de AYSA, el gobierno está dando un nuevo paso en la reconstrucción del país y demuestra que hay un Estado soberano".

El titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las privatizaciones, Gerardo Morales, aseguró que "no nos sorprende la decisión del Poder Ejecutivo, ya que hace dos años advertimos sobre la insolvencia y los reiterados incumplimientos de la empresa".

"La UCR rechazó el acuerdo renegociación entre la empresa y el gobierno argentino de abril de 2004", explicó el senador jujeño y agregó que "en esa oportunidad, también solicitamos que se reanude el proceso de renegociación, y advertimos que el Estado se iba a tener que hacer cargo de la empresa". Sin embargo, negó que con esta rescisión se produzca un "quiebre o el inicio de una nueva etapa".

El titular de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Edgardo Depetri, dijo que la resolución del presidente Néstor Kirchner muestra "la firmeza" del gobierno. Consideró que "la empresa jamás cumplió con el plan de obras, agua potable, cloacas, ni mucho menos con un servicio de calidad para nuestro pueblo".

"Debemos entender que el disponer de agua potable es un bien social básico y revindicamos el control del Estado sobre un recurso estratégico para la calidad de vida de la población", afirmó.

Por su parte, el renovador salteño, Ricardo Gómez Diez, sostuvo que el ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios, Julio De Vido, "debe aclararle a los argentinos de dónde saldrá la plata para pagar las inversiones que anuncia que realizará la nueva empresa estatal".

"Este nuevo capítulo de estatizaciones terminará seguramente en cargos específicos que van a tener que pagar los usuarios. En estos días el Congreso ya los está votando para los servicios de electricidad y gas. El próximo turno serán ciertamente los cargos específicos para agua y saneamiento", subrayó Gómez Diez.

Por su lado, el vicepresidente Daniel Scioli aseguró que la rescisión del contrato "hace a la calidad de vida de la gente y eso está más allá de cualquier frontera ideológica".

"El Estado social activo que estamos construyendo los argentinos no puede permanecer ausente frente a un tema estratégico para la salud de la población como es el agua", dijo.

La diputada bonaerense Nora César calificó de "excelente" la decisión del presidente Néstor Kirchner, manifestando que esa empresa "tenía una alta rentabilidad que no se vio reflejada en el servicio a los consumidores ni en las obras pactadas".

"El servicio de provisión era totalmente deficiente, a tal punto que se tuvieron que armar cooperativas, como en la Matanza, para poder llevar agua a las personas más necesitadas", agregó la legisladora, que también destacó que "hay ocho municipios con problemas de contaminación de agua".

Por su parte, la diputada radical Bayonzo dijo que "me parece una buena decisión que se haya rescindido el contrato, y más cuando la empresa, como ya sucedió en muchas otras concesiones, no cumplió ni brindó buen servicio".

"Es una buena medida porque el gobierno garantiza que dará el servicio y que se mantiene la estabilidad de los empleados", afirmó y agregó que "se llega a este punto porque desde las privatizaciones no hubo un correcto control de los entes reguladores".