El Cuerpo, por 52 votos a favor y ninguno en contra, insistió con su primera sanción, rechazando los cambios que le incluyó a la norma la Cámara de Diputados.

La ley establece, además, el mecanismo de "pronto pago", que fija como prioridad el pago de las deudas laborales, una que vez que el síndico le dé su visto bueno. Para los casos en que la empresa no disponga de dinero para abonar el 100 por ciento de la deuda con los empleados, deberá separar el 1 por ciento de sus ingresos brutos para destinarlos a abonar esa deuda.

Con esto, los trabajadores quedarán al tope de las prioridades respecto de los pagos de las deudas de las empresas concursadas.

La norma reforma la Ley 24.522 de quiebras y concursos para habilitar la competencia de la justicia laboral en algunos casos que en la actualidad son competencia de la justicia civil y comercial.

Con esta modificación vuelven a sus jueces naturales los procesos laborales, se instrumenta el "pronto pago" y se fija un porcentaje mínimo para afrontar los créditos laborales, evitando en parte que sea el trabajador quien financie a la empresa concursada.

Así, los trabajadores no tendrán que estar expuestos a la decisión de la justicia civil y comercial, sino que deberán litigar en la justicia laboral, como en el resto de las demandas referidas a la situación de los empleados.

La reforma busca traspasar una gran cantidad de causas del fuero comercial al laboral, lo que, según los expertos, garantizará y dinamizará el proceso concursal.

El titular de la Comisión de Legislación General, Nicolás Fernández, comentó que una auditoría de la Corte Suprema de diciembre de 2004 estableció que en el fuero Comercial hay radicadas 431 mil causas para 26 juzgados; mientras que en el Laboral son 25 mil expedientes para 80 jueces. "Esta desproporción implica una verdadera negación de justicia para miles de litigantes, pero fundamentalmente, para miles de trabajadores que pierden contacto con su reclamo", sostuvo Fernández, y agregó que el proyecto votado "está avaladao por el principio de la especialización, brinda seguridad jurídica y garantía de accesibilidad".

Por su parte, la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso ponderó el mecanismo de "pronto pago" para que se respete el orden de "acreencias de la concursada: primero los trabajadores, luego los créditos hipotecarios y finalmente los prendarios".

"Esto es muy importante porque al trabajador le ahorra costos, a la empresas los honorarios y establece el "pronto pago" de oficio. Se tiene en cuenta la parte más débil de esta relación jurídica que es el derecho de los trabajadores", indicó Negre.

A su turno, el titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, consideró que "el fuero comercial nunca sintió este tema" y agregó que "cuando uno va a un juicio laboral en un tribunal del trabajo, esos jueces tienen una determinada sensibilidad y perfil que hace posible que la parte más débil de la relación laboral obtenga un resultado justo y favorable".