El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra historia -como lo fue en 1930, 1955 y 1966-, un nuevo golpe de Estado se impuso para pisotear la soberanía popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar.

Argentina se integró entonces al gigantesco campo de concentración en que se convirtió el cono sur de América Latina, donde no se respetaron los derechos de más de 180 millones de mujeres y hombres, ni siquiera el más elemental que es el derecho a la vida.

Un proyecto que bien sintetizó Rodolfo Walsh en su "Carta a la Junta Militar" : "...en la política económica debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Fue entonces, que ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana de los Estados Unidos y de la cúpula de las Fuerzas Armadas junto a los sectores más retrógrados de la vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la sociedad y el Estado de forma de establecer una nueva distribución del ingreso que favoreciera a los sectores económicamente dominantes.

Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado de una represión sin antecedentes en nuestro país y de una mecánica violación a los derechos humanos que no desmerece ante las peores atrocidades realizadas por los más descalificados regímenes políticos de la historia de la humanidad.

El terrorismo de Estado, instrumento al servicio de esa atroz doctrina, arrojaría así el trágico saldo de decenas de miles de argentinos torturados, vejados, y asesinados a sangre fría, tornando letra muerta las garantías que hasta en la guerra se le reconocen al vencido.

La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional, fue acompañada por el intento de la imposición de valores culturales impregnados por el individualismo, que favorecían la deserción del Estado en el papel como prestador de servicios sociales y como instrumento reparador de las desigualdades. Se impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un modelo económico pensado para expoliar a nuestro pueblo y saquear a la Nación, cuyas consecuencias permanecen hasta hoy.

En el camino que marcara nuestro maestro, compañero y amigo Alfredo Bravo, el partido socialista apela a la memoria y por ello, así como valoramos los avances en derechos humanos desde el juicio a las Juntas de 1985 y la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, exigimos la nulidad de los infames decreto de indulto, por verdad, memoria y justicia, para terminar así con la impunidad.

A 30 años del 24 de marzo de 1976, hay que reiterar enfáticamente el repudio a aquél golpe de Estado y a la vez insistir en la necesidad de concretar hoy las reformas sociales, impositivas, previsionales y demás medidas de fondo que transformen el patrón de acumulación vigente y le devuelvan al Estado un papel protagónico en la prestación de los servicios esenciales e instrumento reparador de la desigualdad.