La devaluación producida en el año 2002 dejó al sector en graves problemas. ¿Por qué? Sucede que las empresas de medicina prepaga tenían los costos fuertemente atados a la importación de insumos y equipamientos médicos. Esta crítica situación en alguna medida fue solucionada -o al menos morigerada- reemplazando el Programa Médico Obligatorio (PMO), un estándard mínimo de calidad que debe brindar todo prestatario de salud, por el Plan Médico de Emergencia (PME), que también propone un estándard mínimo, pero mucho más reducido, acorde a los tiempos que se viven.

País de emergencia perpetua, el PME sigue vigente hoy, a cuatro años de la crisis. Pero mientras se resuelve la vuelta al PMO -que afecta tanto a las prepagas como a las obras sociales- algunos legisladores están insistiendo en la necesidad de instaurar una nueva ley de Regulación del Contrato de Medicina Prepaga.

En ese sentido, las comisiones de Salud y de Legislación General ya se pusieron a estudiar una iniciativa del diputado del bloque Convergencia, Miguel Bonasso, cuyos 17 artículos ya están generando polémica.

Abusos

“El contrato de medicina prepaga se inscribe dentro del marco conceptual y genérico de los ‘contratos de consumo’”, explicó el diputado Bonasso al fundamentar el proyecto. “Es evidente, en consecuencia, la necesaria intervención limitadora e igualadora, a fin de imponer una protección adecuada al sujeto contratante ‘débil’ del negocio jurídico, es decir el consumidor”, agregó.

Sentados los objetivos de la propuesta, la redacción jurídica de la misma apunta a evitar la unilateralidad de ruptura de los contratos -por parte de las prepagas- como también las denominadas cláusulas abusivas.

Uno de los artículos centrales de la redacción de la ley es el que especifica taxativamente la definición de “cláusula abusiva”. “Se considerará abusiva toda cláusula que inserta en el mismo (en el contrato) que en contra de las exigencias de la buena fe cause en perjuicio del adherente un desequilibrio injustificado e irrazonable de los derechos y obligaciones de las partes”. Y agrega que en caso de existir una cláusula abusiva la misma será “nula y sin valor” y se tendrá por “no incluida en el contrato”. Luego de esto enumera una serie de ejemplos.

Parlamentario consultó al respecto a algunos representantes de las empresas de medicina prepaga. Claro que en el sector por ahora reina un hermetismo, dado que no quieren pronunciarse hasta tanto no tengan más precisiones del proyecto.

No obstante, por lo bajo ya comenzaron a criticar este punto de la propuesta. “Como siempre sucede con este tipo de legislaciones, deja demasiado abierto lo que puede ser considerado una ‘cláusula abusiva’. Entonces, cualquier usuario puede terminar demandándonos por cualquier cosa”, opinó uno de los directores de salud de una empresa de medicina prepaga de primera línea. ¿Cuál es el problema? “Cada vez que el Estado se mete a regular nosotros terminamos obligados a cubrir prestaciones imposibles de cubrir, con lo cual el que termina perjudicado es el usuario que ve un aumento en sus cuotas”.

Punto de equilibrio

Las posturas de las empresas prepagas son al menos discutible. El problema pareciera ser que los dos extremos son malos: una excesiva regulación estatal puede terminar desfinanciando al sistema; una nula intervención estatal puede perjudicar a los consumidores que -por lo general- no leen la letra chica de los contratos.

En ese sentido, la propuesta de Bonasso pide, además, que las cláusulas que se incluyan sean “concretas, claras y sencillas, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten al adherente previa o simultáneamente a la celebración del contrato y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa”.

También arremete contra la posibilidad de introducir “modificaciones unilaterales” o de rescindir los contratos por parte del proveedor. “Esto encuentra en nuestro proyecto importantes restricciones, de modo de mantener la calidad y cantidad de los servicios comprometidos al momento de contratar”, explicó el legislador porteño.

La propuesta ya está generando un gran debate. La postura de las empresas y de las asociaciones de consumidores deberá ser escuchada antes de resolver el veredicto final.