La Argentina quiere constituirse en un polo biotecnológico. Y para ello la Cámara baja debe aprobar una medida que intentará darle un fuerte impulso al tema. Sin embargo, el recambio en el Ministerio de Economía podría significar un golpe de gracia a estas buenas intenciones.
Por Pablo Winokur
La decisión política parecía histórica. La Argentina volvería a invertir fuertemente en ciencia y tecnología. Una importante ley que impulsaría la investigación, desarrollo y producción de biotecnología comenzaría a regir en poco tiempo. La mandó el Ejecutivo, la sancionó el Senado y se especulaba que en el mismo día o -máximo- en la siguiente semana, se le daría sanción definitiva en Diputados.
Sin embargo pasó el tiempo y hoy la propuesta está frenada en distintas comisiones de la Cámara baja. Mientras en el Senado se le dio agilidad, en Diputados le asignaron al proyecto tres comisiones para analizarlo y antes de que emita dictamen la de Presupuesto pasará mucho tiempo. ¿Qué hay detrás de esto? Todas las miradas apuntan al recambio ministerial: “Cuando llegó Felisa Miceli empezó a deshacer la redacción de todos los proyectos económicos que envió Roberto Lavagna, entonces ahora está todo frenado”, dijo un importante miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, quien ejemplificó su postura con otras dos leyes dormidas: las exenciones a las Pymes que reinviertan su capital y biocombustibles. Así, la pregunta queda picando: ¿se logrará sancionar definitivamente algún día la ley de biotecnología?
De enciclopedia
¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es una aplicación tecnológica que combina técnicas de la biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular y la ingeniería genética. El procedimiento se basa en la utilización de organismos vivos -o partes derivadas- para la obtención de determinados productos o para la mejora de procesos productivos. El ejemplo más conocido y difundido en la Argentina es el de la soja transgénica -cuya patente aún se encuentra en litigio-. A un grupo de científicos se le ocurrió insertar un gen distinto a la semilla de la soja tradicional; al poseer ese gen, la semilla se hace resistente tanto a algunas plagas como también a algunas inclemencias del tiempo. Es decir, se usó un gen de otro organismo vivo para mejorar la producción sojera.
Según explicaron a Parlamentario algunos expertos en la materia, la biotecnología no se constituye como un sector en sí, sino que es “una aplicación tecnológica que interactúa de forma transversal con otras disciplinas”.
En nuestro país está beneficiando el sector agropecuario, el alimenticio, la medicina y el diagnóstico humano y animal, la industria y el medio ambiente.
Ahora bien, todos coinciden en que la Argentina se ha constituido dentro de Latinoamérica como un polo muy importante en materia biotecnológica. Incluso a nivel mundial -teniendo en cuenta la poca importancia geopolítica de nuestro país- también está bien considerada. El país tiene importantes polos biotecnológicos en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y -particularmente- en Rosario, donde la actividad creció en forma considerable, en especial en lo que hace a investigación medicinal y de medicamentos.
Viendo esta potencialidad, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna envío al Parlamento un proyecto de ley para fomentar la investigación y el desarrollo de la biotecnología aplicada: es decir, aquella que pueda servir para mejorar la producción en la Argentina. “El objetivo de este proyecto de ley es el de ofrecer, dentro de las posibilidades del Estado nacional, un instrumento versátil que fortalezca los eslabones críticos del proceso de inserción de la biotecnología moderna en los sectores productivos”, dice la propuesta enviada por Lavagna.
Beneficios y dudas
La ley básicamente se trata de brindarles a todos los que quieran invertir, investigar o desarrollar biotecnología, una serie de mecanismos o herramientas que faciliten la inversión. La lógica es que no se trataría de exenciones impositivas que impliquen una merma al Estado sino todo lo contrario: dado que son emprendimientos que hoy no existen, las reducciones no implicarían un costo, sino un beneficio.
Las ventajas que tendrá aquel que quiera invertir en la materia -a partir de la sanción de la ley- serán básicamente tres. Por un lado se le posibilitará la amortización acelerada del impuesto a las ganancias por los bienes de capital, equipos o cualquier adquisición realizada para el proyecto en cuestión. Por otro se le devolverá en forma anticipada el IVA correspondiente a esos productos adquiridos.
Además se generará un sistema de “Bonos de crédito fiscal” que se le otorgará al inversor por el 50 por ciento de las contribuciones de Seguridad Social e impuestos al trabajo de todos los empleados afectados al proyecto y para -tal vez lo más interesante- el 50 por ciento de los sueldos de los investigadores, siempre que éstos dependan del Conicet, universidades nacionales o centros de investigación afines a estas instituciones. Estos científicos contratados -que actualmente son empleados estatales- tendrán una licencia sin goce de sueldo en el Estado por el tiempo que demande el proyecto, aunque “deberán permanecer en las instituciones que les otorguen el beneficio por un período igual al término del proyecto”.
La propuesta tiene algunas cuestiones bastante innovadoras. En primer lugar, la promoción no se hará por sector -dado que el sector biotecnológico no existe, dice el proyecto-, sino por proyecto. “En efecto, al no constituir la biotecnología moderna un sector económico en sí mismo, un régimen de promoción sectorial o por actividad, no permitiría determinar con precisión el universo de beneficiarios, dando lugar a un uso poco eficiente de los recursos públicos destinados a ese fin”, dicen los fundamentos de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.
Es decir que todo empresario que quiera hacer calificar una propuesta de investigación deberá presentarse ante el Ministerio de Economía. A su vez éste será asesorado por una comisión consultiva compuesta por seis representantes de instituciones del sector privado y ocho representantes del sector público, incluyendo universidades, institutos y otros organismos descentralizados. Sin embargo, éste es uno de los puntos más polémicos de la propuesta. El problema es que al finalizar el artículo 21 asegura: “Los miembros de esta comisión actuarán ad honorem y los dictámenes elaborados por la misma serán no vinculantes”.
Esto está generando una fuerte polémica, que impide el consenso de la oposición. Ya en el Senado se habían filtrado las diferencias: si bien el proyecto fue aprobado en general, luego en particular este artículo generó grandes controversias. Fue muy enfático al respecto el senador radical independiente Rodolfo Terragno, quien aseguró que “si estamos hablando de propuestas que tienen que calificar o no en función de su potencial científico, no me parece correcto que la decisión corra por cuenta de un burócrata -en el buen sentido de la palabra- del Ministerio de Economía que sólo sabe de números”. Al respecto, insistió junto con otros tantos senadores que los proyectos deberían pasar primero por el consejo consultivo y luego tener la rúbrica del Ministerio de Economía. No fue escuchado por el miembro informante del oficialismo.
Sin embargo los puntos polémicos no terminan ahí. Existe otro detalle no menor que hace dudar a propios y extraños. Y aunque las razones del Ejecutivo son buenas, al hablar de dinero todo genera sospechas; máxime con un gobierno que ha demostrado una clara voluntad de hacer un uso discrecional de los fondos públicos.
Sucede que la redacción -tal cual salió del Ministerio de Economía y fue aprobada por el Senado- no especifica los montos que se destinarán a esta ley de promoción. Es decir que nuevamente quedará librado a una decisión cupular cuánto se invertirá para este proyecto.
Desde el Ejecutivo se defienden. “Aún no sabemos el potencial que tiene y lo que nosotros no queremos es ponerle un techo a la promoción. En tanto y en cuanto nos den los números queremos promover muchos proyectos”, dijo una alta fuente del oficialismo en el Congreso. Claro que a la oposición las cuentas no le cierran: habrá fondos indiscriminados, que recién se incorporarían en el Presupuesto oficialmente en 2008; los recursos serán asignados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo con apenas un consejo consultivo de carácter no vinculante. “Acá hay gato encerrado”.
En los laureles
La sanción del Senado se obtuvo el 15 de febrero en la primera sesión del año del período extraordinario. Al ser una propuesta a la que el Ejecutivo quería imprimirle celeridad, se trató rápidamente en las comisiones. La cabecera era Presupuesto y Hacienda y luego pasó a Industria y Comercio. Al ser consultadas por Parlamentario, las autoridades del Senado dijeron: “Como es un proyecto cuya base es la exención impositiva, la llave a la aprobación la tiene la Comisión de Presupuesto; y en segundo término, como se trata de un plan para promover la biotecnología aplicada, lo trata la Comisión de Industria”. Luego de esto volvieron a aclarar que la propuesta no compete al área Ciencia y Tecnología.
Pero en Diputados ocurrió todo lo contrario. La comisión cabecera que deberá estudiar esta propuesta es la de Ciencia y Tecnología y recién en tercer lugar está la de Presupuesto que es la que determina si se darán o no las exenciones impositivas, sin las cuales la ley no tiene sentido.
A esto hay que sumarle una vieja y conocida máxima que rige en el mundo legislativo: “Si a un proyecto le dan más de dos comisiones, eso significa que nunca será aprobado”. Para colmo, la Comisión de Ciencia y Tecnología fue conformada hace apenas dos semanas y su flamante presidente -el radical Víctor Zimmermann- seguramente requerirá un tiempo para ponerse al día con todos los importantes proyectos que deben ser tratados por ésta.
En definitiva, el camino está complicado. Nadie pudo explicar on the record el porqué de la demora. Sólo una explicación fue clara y concisa: “Este proyecto tiene la firma de Roberto Lavagna y ahora la ministra es otra”. Más claro, échele agua.
