Diputados kirchneristas confiaron que la Argentina superará la revisión que hará en junio próximo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la sanción de normas para combatir el lavado de dinero, luego de la sanción del proyecto que otorga mayores atribuciones a la Unión de Información Financiera.
Los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Jorge Argüello, y de Justicia, Luis Cigogna, coincidieron en esa evaluación, tras mantener una reunión en el Congreso con las autoridades del GAFI, que, encabezadas por su presidente, Kader Asmal, realizan una visita a la Argentina.
Los miembros del organismo internacional se entrevistaron además con el presidente del Banco Central, Martín Redrado, y funcionarios del Ministerio de Economía.
Los legisladores explicaron a los representantes de ese organismo internacional los alcances de las reforma a la ley para combatir el lavado de dinero, que están en sintonía con algunas de las demandas formuladas por los miembros del GAFI.
Argüello señaló que "si bien en un principio las autoridades del GAFI volvieron a insistir con sus pedidos de cambios a la ley de lavado de dinero, cuando le explicamos en que consistían los cambios se dieron cuenta que la Argentina está cumpliendo con sus compromisos".
"Nosotros tenemos una razonable expectativa de que en junio, los 33 países que somos miembros del GAFI vamos a ser evaluados, la Argentina pase exitosamente la revisión técnica, luego de haber aprobado la ley de lavado de dinero", apuntó.
Participaron de la reunión que se realizó en el Salón de Conferencias, además de Argüello y Cigogna, los presidentes de la comisión de Finanzas, Aníbal Stella (Peronismo Federal) y de Legislación Penal, Rosario Romero, y el titular del Pro, Federico Pinedo.
La Cámara de Diputados aprobó anoche la reforma a la ley que establece sanciones al lavado de dinero para permitirle a la Unidad de Información Financiera, (UIF) acceder sin trámite judicial previo a datos que están protegidos bajo secreto bancario o bursátil.
La norma establece que los sujetos con obligación de informar no podrán oponer los secretos bancario o bursátil ante un requerimiento de información por parte de la UIF.
De acuerdo con la ley, los escribanos, contadores y bancos deben denunciar cuando una operación financiera puede resultar sospechosa, al no poder comprobarse el origen de los fondos con los cuales se ha realizado.
Respecto del secreto fiscal, el proyecto sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo podrá revelarlo "en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y con relación a los involucrados directamente en la operación reportada".
