La flamante empresa AR-SAT será una sociedad anónima, en la que el Estado retendrá acciones de clase A, que administrarán en un 98 por ciento el ministerio de Planificación Federal y el 2 por ciento restante la cartera de Economía.

La aprobación de AR-SAT permitirá al Gobierno avanzar en los acuerdos internacionales que encaró a fin de alquilar un satélite temporario que ocupe la posición orbital 81 grados Oeste hasta que el complejo científico tecnológico nacional pueda completar la fabricación del aparato, lo que requiere de al menos cuatro años de trabajo.

"En este tema el Gobierno tuvo que actuar por defecto", afirmó uno de los impulsores de la iniciativa, tras recordar que en 2004 se debió rescindir el contrato con Nahuelsat, luego que la empresa informó que no iba a poder cumplir con el compromiso de poner en órbita un satélite argentino en la posición 81 grados Oeste antes de octubre de 2005.

Argentina generó el proyecto AR-SAT, con el cual consiguió que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) concediera al país una prórroga hasta octubre del 2007 para ocupar la posición orbital, considerada estratégica por los expertos del mercado.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, el patagónico Osvaldo Nemirovsci, remarcó que esta iniciativa se respalda en las posibilidades de Argentina de fabricar satélites de comunicaciones "en un momento favorable en términos de mercado, ya que la mayoría de los que están orbitando en la actualidad caerán muy pronto en desuso".

La oposición a la creación de la empresa se expresó a través del diputado de Encuentro Entrerriano, Juan Carlos Godoy, quien advirtió que la empresa no contará con recursos financieros para construir costosos satélites y que la nueva firma que se presenta como estatal, se transformará en realidad en una compañía privada de capital extranjero.