El Senado convirtió en ley un proyecto que promueve el desarrollo industrial del biocombustible a partir de incentivos fiscales, con el objetivo de reducir la contaminación y sustituir recursos no renovables.
El proyecto propicia la elaboración de diesel y alcohol a partir de vegetales mezclados con gasoil y nafta, y de esta forma generar un combustible que no castiga el medio ambiente.
La iniciativa cosechó 39 votos a favor a los cambios que introdujo la Cámara de Diputados y 21 en contra, tras dos horas de debate.
La ley de biocombustibles había surgido de un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), inicialmente aprobado por los senadores, tras lo cual recibió una serie de cambios impulsados por la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados tendientes a dar mayor participación a las pymes, sobre todo el sector agrícola.
El diputado kirchnerista mendocino Alfredo Fernández, vicepresidente de dicha comisión, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley por parte de los senadores, quienes agregaron a último momento el artículo decimoséptimo por el cual se incorpora lo relacionado con el "Procolo de Kyoto" y los "Bonos de Carbono". Indicó que si bien ello era innecesario ya que existe una ley específica al respecto, por lo cual no se hace necesario que ahora lo vuelva a considerar la cámara baja, "lo que abunda no daña".
La ley de biocumbustibles, además de sus beneficios ecológicos constituye una importante alternativa al uso de los hidrocarburos cuyos precios vienen creciendo aceleradamente, a la par de ayuda a paliar las decrecientes reservas argentinas y mundiales en la materia.
El mayoritario bloque justicialista apoyó las amplias modificaciones de Diputados, mientras que la oposición encabezada por la UCR insistió sin suerte con el texto original de la Cámara alta.
De acuerdo con la ley, la producción de biodiesel se realizará mediante la utilización de recursos agropecuarios, agroindustriales o desechos orgánicos. Esto permite extraer el fluido energético de cultivos como soja y maíz -u otras oleaginosas-, para transformarlo en combustible.
El justicialista Jorge Capitanich (Chaco) defendió los cambios de Diputados y dijo que el régimen para promocionar el biocombustible le permitirá al país "diversificar la oferta de energía". También afirmó "promoverá las economías regionales y permitirá generar condiciones para un impacto ambiental positivo".
Capitanich destacó, además, las ventajas del combustible alternativo: "el precio del petróleo pasó de 9 a casi 72 dólares por barril de crudo", dijo.
En tanto, el autor inicial del proyecto, el radical Luis Falcó (Río Negro), criticó los cambios que colocó la Cámara baja: "el proyecto es otro, le han cambiado hasta el título", se quejó. Dijo también que Diputados "le quitó la estabilidad fiscal a la norma" y que en consecuencia la ley generará "un marco jurídico muy débil".
"No es verdad que el Senado se puso del lado de las grandes empresas", agregó, al referirse a las criticas de algunos diputados, que durante el debate de la ley dejaron entrever que el proyecto original favorecía a las grandes corporaciones.
Uno de los cambios que aceptó el Senado tiene que ver con la autoridad de aplicación de la norma, que quedará bajo la órbita de la secretaria de Energía, que encabeza Daniel Cameron. Además, se avaló la facultad para que el Poder Ejecutivo establezca precios de referencia y se otorgó un 20 por ciento del cupo fiscal a las economías regionales.
Se incorporó, por otro lado, la posibilidad de que el Gobierno del presidente Néstor Kirchner distribuya subsidios para promocionar empresas del sector que se establezcan en distintas regiones del país, aunque sin especificar los montos ni el criterio de selección.
