La diputada nacional y fundadora de ese partido, Elisa Carrió, afirmó que con la vigencia de la ley Cafiero el gobierno porteño "no puede prestar servicios, ni hacerse responsable, ni tutelar a sus ciudadanos en dos materias centrales como son justicia y seguridad".

Debido a la Ley Cafiero, la Ciudad no puede tener su Justicia ordinaria ni crear órganos propios de seguridad, y ve restringidas sus competencias en lo atinente a la fiscalización de los servicios públicos, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia y el puerto. Con esta normativa, el Gobierno porteño "no puede prestar servicios, ni en consecuencia hacerse responsable, ni tutelar a sus ciudadanos en dos materias centrales como son justicia y seguridad", sostuvo Carrió.

El ARI hizo este anuncio durante una conferencia de prensa efectuada en la Legislatura porteña, donde estuvieron además de Carrió los diputados María América González, Delia Bisutti y Emilio García Méndez.

El encargado de efectuar la presentación oficial en los tribunales fue el diputado porteño Enrique Olivera, en una causa que quedó a cargo de la jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento.

Olivera dijo que la Ley Cafiero, la número 24.588, "daña la gobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires, afecta la disponibilidad de la Constitución y significa riesgos para la calidad de vida de los ciudadanos".

Para el legislador, la vigencia de la norma "resulta manifiestamente incompatible con el régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" y "cercena arbitrariamente el ejercicio" de su "función legislativa".

Por su parte, Carrió aseguró que esta iniciativa forma parte del "cumplimiento de las promesas electorales", que su partido había efectuado durante las últimas elecciones legislativas. "No hay Estado autónomo si no se pueden prestar los dos servicios básicos públicos que definen un Estado", señaló la diputada, haciendo referencia a justicia y seguridad.

Carrió agregó: "no quiere decir que salga hoy, pero con paciencia lograremos esta autonomía, que es compleja".

Con respecto al proyecto que el ARI presentará para efectuar el traspaso de esos servicios al mando de la Ciudad, Carrió aseguró que "es la única iniciativa que prevé un plazo para la firma de los convenios".

Carrió aseguró que esta iniciativa forma parte del "cumplimiento del compromiso electoral", asumido durante las últimas elecciones legislativas.

"No hay Estado autónomo si no se pueden prestar los dos servicios básicos públicos que definen un Estado, como la justicia y la seguridad", expresó.