Por Pablo Winokur

El Gobierno se siente realmente muy cómodo con la actual disposición de la Corte Suprema de Justicia. En palabras del propio jefe de bloque del FpV/PJ, Agustín Rossi, bien se podría decir que “el pueblo votó esta disposición de la Corte”. Aunque suene ridículo, Rossi ya usó este tipo de argumentos en la discusión por la reforma del Consejo de la Magistratura y en las leyes económicas tratadas a fines de 2005.

Lo cierto es que ahora el Gobierno estaría violando la propia normativa que alguna vez se impuso. Hoy la Corte Suprema -que debería estar compuesta por nueve miembros- posee sólo siete, dado que el Gobierno sigue sin nombrar a los dos faltantes. Esto origina varios perjuicios: el primero es que toda resolución del Máximo Tribunal debe ser tomada por al menos cinco miembros; pues a diferencia del Parlamento donde la mayoría de las decisiones del Cuerpo se toman con la adhesión de la mitad más uno de los presentes, en la Corte se debe contar con cinco firmas. Como en este momento sólo hay siete jueces, se hace mucho más difícil tomar decisiones.

El segundo perjuicio -y probablemente el más peligroso- es que el Ejecutivo tiene en sus manos un arma que puede usar cuando lo considere conveniente. En cuanto piense que puede haber una rebeldía de la Corte Suprema independiente -que el propio gobierno de Néstor Kirchner creó- y se especule con que los jueces contrariarían al Gobierno, entonces éste podría hacer dos nombramientos y conseguir un número favorable para imponer cualquier tema. Cabe recordar que están en manos del Alto Tribunal tópicos tales como la pesificación, la constitucionalidad de los indultos o -prontamente- la reforma al Consejo de la Magistratura.

No es el momento

Cuando Kirchner asumió la Presidencia -con el 22% de los votos, tras la renuncia de Carlos Menem a presentarse en el ballottage- necesitaba conseguir un gran efecto mediático para legitimar su triunfo. Por eso, comenzó a tomar una serie de medidas para lograr el visto bueno de la tan temida opinión pública. Entre ellas, firmó un decreto de “Autolimitación de los poderes presidenciales en la designación de miembros de la Corte Suprema”. En junio de 2003, el Presidente dictó el decreto 222/03 que procuraba dotar de mayor transparencia y participación el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema y, por otro, establecer algunas pautas objetivas relativas a la idoneidad técnica y al compromiso con los valores democráticos de los candidatos a ocupar un cargo en el Tribunal.

El artículo 4 de dicho decreto estipula que, producida una vacante en la Corte, “en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”, además de publicarse en la página web del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, pasaron mucho más de 30 días desde que en septiembre de 2005 se destituyó a Antonio Boggiano, y mucho más desde que el 7 de junio de ese año Augusto Belluscio renunciara a su cargo. Pero por ahora el Gobierno decidió no enviar los pliegos de nuevos magistrados. Cada tanto, como para acallar a la opinión pública, surgen rumores de que reducirá el Tribunal. Sin embargo, sus máximos allegados reconocen que por ahora no hay intenciones de realizar modificaciones.

Desde el Gobierno saben que es insostenible una Corte con nueve miembros. Además, si se nombrara a los integrantes que restan, Kirchner se convertiría en el Presidente que más jueces (seis) haya nombrado en la historia argentina. Por eso, cada vez que algún casillero se movió en los terrenos judiciales, el Gobierno “amenazó” con reducir los miembros de la Corte: lo hizo tras la renuncia de Belluscio; tras la destitución de Boggiano; tras la polémica reforma al Consejo de la Magistratura y en cuanta oportunidad se le presentó.

Salvo la última vez, cuando el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, reclamó que el Gobierno se expida sobre el tema. “No es tiempo de hacerlo”, contestó el ministro de Justicia.

A partir de ahí, los legisladores oficialistas de ambas cámaras salieron a hacer la venia a la orden oficial. Consultados por Parlamentario, distintos diputados y senadores oficialistas patearon la pelota a la tribuna.

La senadora María Laura Leguizamón, quien opinó que “hay que acompañar los tiempos y la política que ha marcado el presidente Kirchner, que ha mostrado con claridad su compromiso porque este cuerpo tenga una independencia absoluta y así poder reconstruir la visión de la Justicia puesta en tela de juicio. Estas son decisiones para las que el Presidente tiene absoluta libertad y está muy bien encaminado. A mí me parece que nueve miembros es lo correcto, pero no creo que sea el momento de trabajar este tema.

– ¿Por qué el Gobierno no respeta los tiempos que se impuso? -repreguntó Parlamentario.

– No, a mí me parece que no hay que tener esa mirada rígida. Los procesos que la República necesita para la renovación de los distintos estamentos requieren de reflexión y de los tiempos que haga falta. La elección de los ministros de la Corte requiere de tiempo y me parece lógico que se tome.

Luego de esto la legisladora descartó la posibilidad de manipulación: “El Presidente ha demostrado que no tiene esos usos. No hay nada que nos haga pensar en ese sentido”.

En líneas similares se expresó la diputada nacional Diana Conti, quien indicó que “el problema que estamos teniendo es que son tantos los resortes y las limitaciones para designar a los candidatos -no pertenencia a partidos políticos, alta trayectoria académica, etc.- que se complica elegir un candidato, pero por ahora la idea es mantener la Corte como está”, aseguró.

Fuera de estas dos legisladoras el resto del oficialismo se mantiene en un hermético silencio respecto del tema. Es que todos reconocen por lo bajo que el Frente para la Victoria está traicionando una de sus principales banderas. “¿Qué querés que te responda? Lo oficial o lo que verdaderamente creo”, contestó un legislador que tras una carcajada eludió la pregunta de Parlamentario. Allí está la clave del conflicto, de hecho un ex diputado del FpV, Gerardo Conte Grand, se ganó la enemistad del Presidente por haber fogoneado desde su banca un proyecto para reducir los miembros de la Corte. Esta iniciativa -que contó con el aval de toda la Comisión de Justicia el año pasado, a excepción de Jorge Vanossi- le valió el ostracismo.

Vergüenza

Frente a esta situación la casi totalidad de los constitucionalistas coincide en que esta situación es “vergonzosa”. Claro que aún subsiste la polémica respecto de qué hacer con la composición de la Corte Suprema.

Parlamentario dialogó con algunos constitucionalistas y la mayoría coincidió en que ésta es la mejor oportunidad para hacer bajar a siete el número de miembros. O en el peor de los casos, designar a los dos faltantes.

“Urge adoptar una de las dos posiciones. O se nombran los jueces o se sanciona la ley de reducción”, dijo Gregorio Badeni al ser consultado al respecto. “No es que sea inconstitucional -aclaró- pero perturba sensiblemente al orden jurídico, porque para obtener mayorías se necesitan al menos cinco votos, y aunque se puede completar con conjueces, el proceso de designación es muy engorroso”, explicó.

Más allá de esta necesidad constitucional, Badeni fue tajante en su posición respecto del tema: “Como siempre fue tan criticada la decisión de Menem de aumentar el número, yo creo que ahora hay una oportunidad histórica para que el Congreso se ponga en su rol constitucional de determinar el número de miembros, máxime cuando muchos de quienes hoy están en el oficialismo fueron tan críticos del aumento a nueve”.

Otro que se pronunció al respecto fue Félix Loñ, quien opinó que esta situación muestra que “el Presidente no respeta ni siquiera su propia legalidad”, en referencia al decreto que lo obligaba a presentar ante la opinión pública un candidato antes de los 30 días de producida la vacante.

“Es importante disminuirlo a siete miembros porque no tiene sentido el aumento. La reforma de Menem no tuvo otra finalidad que colocar jueces adictos. ¿Qué quiere hacer Kirchner? No se sabe bien, lo cierto es que es el Congreso el encargado de hacer la reducción”, dijo intimando al Poder Legislativo a hacer algo.

Posiciones similares a las de Badeni y Löñ tuvieron Ricardo Gil Lavedra y Daniel Sabsay. Pero quien no está de acuerdo con la reducción es el actual diputado del PRO Jorge Vanossi, quien explicó que “la composición numérica del Alto Tribunal tiene gran importancia y es obvio que su determinación depende del criterio legislativo, que ha variado según las circunstancias históricas de distintos momentos”.

“Si la cuestión se limitara a disminuir el número de miembros de la Corte -agregó- podría llevarse el debate al terreno de la posible conveniencia de volver a siete miembros, o mejor aún a cinco jueces. Pero el tema de fondo no es el de la cantidad de jueces sino el de la estructura y organización de un cuerpo, que es la “cabeza visible” de un Poder del Estado”, opinó. En ese sentido, dijo que sería muy parcializado analizar eso sin ver en conjunto otras cuestiones como las competencias del Máximo Tribunal o el recurso del per saltum, entre otros.

Otros proyectos

Desde la oposición también están machacando con la necesidad de reducir el número de miembros. Claro que la pelea la deben dar en soledad, dado que desde el oficialismo reina un llamativo hermetismo.

En el Senado posee estado parlamentario un proyecto de ley del renovador salteño Ricardo Gómez Diez para variar de nueve a siete la cantidad de jueces. “Siete es un número absolutamente razonable, teniendo en cuenta que este Tribunal no actúa por sala, sino que emite fallos a través de acuerdos plenarios, lo que le daría una mayor celeridad al Tribunal”.

– ¿Cree que es inconstitucional que el Presidente no designe a los jueces faltantes?

– Lo que no se puede hacer es mantener indefinidamente esta situación de no cobertura de vacantes.

– ¿Cree que el Gobierno hace esto con intencionalidad?

– Creo que esto se ha convertido en un capricho. El Presidente debe comprender que lo mejor es que esto quede plasmado en la ley.

Desde el radicalismo también se está batallando por este tema. Ya el año pasado -cuando la parálisis legislativa llegó a su punto cúlmine- el bloque de Diputados intentó tratar este tema en una sesión que obviamente no consiguió el quórum. El proyecto -que aún cuenta con estado parlamentario- fue defendido por el entonces diputado Hernán Damiani. “Quedó demostrado que en una Corte que por mandato constitucional debe ser una y actuar como tal, el aumento de integrantes no generó la agilidad que se decía, sino que hizo que las causas que antes debían resolver cinco jueces debieran resolverlas nueve, y lejos de agilizarse quedó demostrado que se ha entorpecido la labor de la Corte”, dijo en aquella sesión.

También el senador socialista Rubén Giustiniani presentó un proyecto al respecto. “Estamos ante la oportunidad histórica de romper con una tradición política que socavó la estabilidad institucional de la Corte y, en consecuencia, su independencia y coherencia jurisprudencial. Por ello, entendemos que con la reducción del número de integrantes del Tribunal estaríamos reafirmando la voluntad de contar con una Justicia independiente”, opinó.

Por su parte, el radical rionegrino Luis Falcó es autor de una iniciativa que caducó este año, para volver al Tribunal a cinco miembros. Para ello sería necesario no reemplazar las vacantes que se fueran produciendo.

Mientras el Gobierno mira para el costado muchos temas no se terminan de tratar. ¿Voluntad de manipular? Es probable, o al menos esto cree la mayoría de los consultados. Máxime cuando en los temas clave ni siquiera se nombran conjueces para que terminen de definir: un caso testigo es la pesificación que aún no tiene dictamen definitivo porque no se llegan a las cinco firmas necesarias. ¿Por qué no se nombran conjueces? Porque esto se debe hacer por sorteo, y éste ha demostrado ser un gobierno al que no le gusta que las cosas se definan por azar.

Mientras Kirchner echa por tierra su máximo logro de gestión -la reforma a la Corte- la Argentina sigue necesitando un sistema judicial acorde a “un país en serio”. Y, por ahora, dista mucho de tenerlo.