En medio de una fuerte polémica, el bloque justicialista impuso su mayoría y firmó el dictamen a favor del proyecto oficial que crea la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentino (AySA).
Con el dictamen a favor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo llevará la semana próxima al recinto la iniciativa, según anunció su titular, el peronista Jorge Capitanich.
Antes, el justicialismo debió soportar una dura crítica que le formuló todo el arco opositor al proyecto, que pondrá en marcha la empresa estatal en reemplazo de la empresa francesa Aguas Argentinas.
La oposición cargó, principalmente, sobre el método -por decreto en vez de por ley- que utilizó el Gobierno para crear AySA. Es que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su ratificación legislativa dos decretos, en vez de un proyecto de ley, el cual a diferencia del primero puede sufrir cambios durante el trámite legislativo.
"No podemos ratificar por ley un decreto, es un antecedente peligrosísimo", se quejó Sanz, quien además reclamó que el Gobierno porteño y el Ejecutivo bonaerense "se hagan cargo del servicio". Además, Sanz pidió que se ponga en marcha la Comisión Bilateral que debería controlar el uso por parte del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia, una dependencia contemplada en la Constitución de 1994 pero que nunca se puso en marcha.
El puntano Adolfo Rodríguez Saá también reclamó que el Ejecutivo porteño y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se "hagan cargo" de AySA.
"Es injusto que la Nación se tenga que hacer cargo del servicio de agua para los porteños y los habitantes de algunos distritos de la provincia de Buenos", señaló el ex presidente, al criticar la medida oficial, la cual calificó de "discriminatoria" hacía las demás provincias.
Rodríguez Saá denunció que el Gobierno "esta atropellando la República", al referirse al envío al Parlamento de un DNU en vez de un proyecto de ley.
También se opuso a la propuesta del oficialismo, el radical Gerardo Morales (Jujuy), al que se le sumó con reservas el justicialista Guillermo Jenefes (Jujuy).
Según el texto de ambos decretos, que el Congreso ratificará mediante una ley, el Estado tendrá en su poder el 90 por ciento del capital accionario, que será intransferible.
Aunque con mayoría del Estado, la empresa funcionará como una sociedad anónima sujeta al derecho privado, pudiendo realizar contrataciones directas sin necesidad de llamar a licitaciones públicas.
