Así lo anunció sorpresivamente la primera dama Cristina Kirchner, durante la primera reunión que organizó la comisión que preside desde que se inició el año legislativo el último primero de marzo.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo se negó sistemáticamente a tratar la regulación de los decretos, una herramienta que utiliza en forma habitual el Presidente.

Desde que llegó a la Casa Rosada Kirchner firmó 169 decretos de necesidad y urgencia (DNU), la mayor cantidad en promedio desde el retorno de la democracia en 1983.

En su primer año de gobierno, el jefe de Estado recurrió a los DNU en 67 ocasiones, mientras que en los doce meses siguientes usó ese recurso -duramente criticado por la oposición- 73 veces.

Los DNU son una atribución del Presidente, por los cuales puede modificar y derogar leyes, o dictar decretos con fuerza de ley sin recurrir al Congreso. No obstante, la Constitución de 1994 dispuso la creación en el ámbito del Parlamento de una Comisión Bicameral para controlar y ratificar los decretos presidenciales.

Esta comisión nunca se conformó, por oposición del oficialismo gobernante -entonces el menemismo-, y a pesar de los reclamos de la oposición.

Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá emitir un dictamen sobre dos posiciones: la del oficialismo, que pedirá la sanción "ficta" del Congreso; y la de la oposición, que exigirá la ratificación de los decretos por ambas alas del Parlamento.

El jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, presentó un proyecto que en su artículo 26 establece que si el Congreso "no se expide sobre la validez de los decretos en un plazo de 60 días", se "entiende que existe aprobación" por parte del parlamento. Por su parte, el titular del bloque de senador de la UCR, Ernesto Sanz, presentó una iniciativa diametralmente opuesta: si el Congreso no se expide en el plazo de 30 días, el decreto dejará de tener vigencia.