Los radicales dilatan el pedido de expulsión de diputados disidentes

La Convención Nacional de la UCR presentó su Tribunal de Disciplina y avanzó un paso en el análisis del pedido de expulsión de los cinco diputados disidentes que votaron a favor de la reforma al Consejo de la Magistratura, aunque por el momento no habrá sanciones.

Si bien la primera misión de la llamada "Autoridad Nacional de Etica" de la UCR será analizar el pedido de expulsión de los legisladores radicales que apoyan al Gobierno nacional, lo cierto es que nunca existió una denuncia formal del Comité Nacional del partido que encamine el proceso.

Según indicaron fuentes partidarias, antes de tomar cualquier determinación al respecto los integrantes del Tribunal deben conocerse, dictar un reglamento, admitir el caso y a partir de entonces se dará lugar a los acusados a defenderse, por lo cual los tiempos se seguirán dilatando. "Algunos estarán de acuerdo con nuestras decisiones y otros no. No esperamos halagos, pero vale la pena el sacrificio", dijo uno de los miembros titulares del nuevo organismo de ética, el ex senador Hipólito Solari Yrigoyen.

El dirigente explicó que para el juzgamiento de la conducta de sus correligionarios se deberá resolver primero "si los casos, que serán siempre particulares y no actos populares, son admisibles o no". En este sentido, la presentación contra los legisladores realizada por el titular de la UCR, Roberto Iglesias, podría caer en un saco roto si el Tribunal se declara incompetente sobre el caso, cuestión que no fue descartada por el propio presidente de la Convención Nacional del partido, Adolfo Stubrin.

"Este es un proceso largo. La posibilidad de admitir e incorporar el tema de los legisladores se verá más adelante", dijo Stubrin a la prensa, antes de encabezar el acto de presentación del nuevo organismo.

Por su parte, el ex presidente Raúl Alfonsín, quien se expresó en contra de la expulsión de los diputados, puesto que -según consideró- "todavía hay tiempo para el diálogo".

Además de Yrigoyen, la Autoridad Nacional de Etica de la UCR estará conformada por la ex vicegobernadora de Buenos Aires Elva Roulet y por el ex diputado Rodolfo Miguel Parente como titulares; y por la abogada Alicia Migliore, el ex diputado sanjuanino Juan Mínguez y el penalista Lorenzo Cortese, como jueces suplentes.

La remisión del caso de los legisladores "rebeldes" a esa instancia fue precedida por una polémica entre los dirigentes, encabezados por Iglesias, que pretenden imprimir un sesgo netamente opositor al partido, y los que experimentaron acercamientos al Gobierno.

Precisamente, actitudes contrarias a la ética se les imputó a los diputados Daniel Brue y Cristian Oliva (Santiago del Estero), Genaro Collantes (Catamarca), Ricardo Colombi (Corrientes) y Hugo Cuevas (Río Negro), quienes aprobaron el proyecto que había sido elaborado por Cristina Fernández de Kirchner.

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