El proceso de impugnación al diploma de Luis Patti ingresa en su fase final. La incógnita se develará cuando el tema se trate en el recinto, aunque los pronósticos no lo favorecen.
El eje central del trabajo legislativo pasará a partir de ahora por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, donde se trata la impugnación del diploma como diputado nacional del bonaerense Luis Patti.
Una pista de lo que puede llegar a suceder finalmente se produjo con el enroque de Rosana Bertone, hasta ese momento a cargo de la comisión, por el justicialista Guillermo Vargas Aignasse. Una elección que no fue casual sino que responde a una estrategia, como más de uno interpretó en el mundillo del Congreso, ya que el padre del diputado tucumano -un ex legislador provincial- es uno de los tantos nombres que integran la lista de desaparecidos en su provincia natal, y es uno de los casos por los que se encuentra procesado Antonio Bussi.
Precisamente, cuando se frustró el ingreso de Bussi a la Cámara baja, la comisión estaba presidida por el actual gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Su nominación respondió a que en la década de los 70 fue militante de la franja rebelde del peronismo. O sea, el escenario fue preparado para que Busti (él mismo dijo que actuaba en nombre de “una generación masacrada”) impidiera que jurara como diputado uno de los principales acusados de violar los derechos humanos, el general Bussi.
Una acotación a ese dato: Parlamentario fue testigo de que la nominación de Busti respondió a un pedido especial de ex militantes, y que en algún momento el presidente de la bancada Humberto Roggero pretendió soslayar, ya que su candidato era el menemista sanjuanino Guillermo De Sanctis.
Otro dato ya reflejado en estas páginas es la composición de la comisión: de 30 miembros, 19 varones y mujeres responden fielmente al bloque FpV/PJ. Una cifra que incluye a los integrantes del Peronismo Federal.
A este equipo se puede agregar a los representantes del ARI, quienes en algún momento, en particular el presidente de la bancada, Eduardo Macaluse, pusieron en tela de juicio el mecanismo de impugnación.
En principio, estos 21 legisladores van a rubricar el dictamen aconsejando el rechazo al diploma de Patti. En cuanto a qué hará la bancada de la UCR, es todavía un misterio, aunque más de uno de sus integrantes ha admitido que tienen escaso margen para oponerse cuando el tema llegue al recinto.
“No podemos quedar pegados a Patti”, se lo escuchó decir a uno de ellos en una reunión del bloque. Precisamente, hasta el momento sus cuatro representantes: Pedro Aizcoiti, Oscar Aguad, Alberto Beccani y Alicia Tate han sido prudentes a la hora de las respuestas y todos responden a coro que el bloque es el que decidirá. Aunque de acuerdo con las posiciones en materia de derechos humanos de la UCR, no es difícil inferir cuál será su posición final. A lo sumo se les podrá dar -como expresó a Parlamentario uno de los miembros de la bancada- libertad de conciencia.
En ese sentido, no se puede soslayar que en la comisión los diputados radicales tuvieron una conducta pasiva: se dedicaron a escuchar y tomar apuntes de todos los testimonios sin formular repreguntas. “Con todos los elementos en las manos, el bloque va a decidir”, dijo uno de ellos ante la consulta de rigor.
En esta franja se debe contar también al socialista Eduardo Di Pollina, lo que permitiría que el dictamen trepe a alrededor de 25 firmas. Ese es el objetivo de máxima que implica un claro mensaje hacia el resto de las bancadas y que -seguramente- va a influir en la decisión final.
Los que se oponen
En la comisión los representantes de Unidad Federalista han cuestionado en forma permanente los mecanismos adoptados. Sus dos representantes, Juan Carlos Bonacorsi y Adriana Tomaz, desde que comenzó el proceso han puesto en tela de juicio el procedimiento, e igual actitud tomó la suegra de Patti, la diputada Nélida Manzur.
Entre los aliados a quienes se oponen a la impugnación, pero por diferentes motivos -más vinculados a la formalidad institucional que por simpatía a Patti- se anotan Jorge Vanossi y Pablo Tonelli, ambos legisladores de la bancada que nuclea a las fuerzas provinciales, más los alineados con Mauricio Macri y Ricardo López Murphy. Todo un espejo de lo que podría suceder en el recinto a la hora de votar los dictámenes a favor y en contra.
Concluida la recopilación del material probatorio, el 4 de mayo deberán realizar los alegatos finales. El reglamento de la comisión indica que cada impugnante contará con 90 minutos para fundamentar su posición, en tanto la defensa dispondrá de 120.
En este sentido, de acuerdo con la información a la que accedió Parlamentario, el diputado electo del Paufe no ha definido aún si asistirá a la comisión para formular su defensa. “Eso sería convalidar un proceso político manipulado desde la Casa Rosada”, dijeron ante la consulta. Ese será el eje de la defensa de Patti, afirmar que se trata de un proceso que desconoce la voluntad popular de quinientos mil bonaerenses que lo eligieron para una banca y que la resolución ya está tomada de antemano.
Por esto, Patti planea ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para abogar por la supuesta arbitrariedad que se cometerá si no se le permite acceder a la Cámara de Diputados.
Los impugnantes que denuncian la “inhabilidad moral” de Patti son todos del Frente para la Victoria, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto y Diana Conti, por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Tras los alegatos, a mediados de este mes la comisión debe emitir un dictamen, que debe ser considerado por el conjunto de los diputados en una sesión que se efectuará a fin de este mes o principios de junio, a más tardar.
