La trágica muerte del joven Matías Bragagnolo, tras ser golpeado por un grupo de adolescentes en el barrio de Palermo, reinstaló un viejo debate archivado en la Cámara de Diputados. La pregunta central es si una efectiva solución a los casos de violencia juvenil sería bajar la edad de imputabilidad de los menores y aumentar las penas.

Sin embargo, en esta discusión hay un dato nuevo que es utilizado por los reformistas que apoyan la baja de la edad, y es que este tipo de hechos no responde únicamente a una clase social o a marginados, sino que los actos delictivos los comenten en muchos casos hijos de familias con un buen pasar.

Quienes sostienen esta idea recibieron el impulso mediático brindado por el ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien volvió nuevamente a escena de la mano de la amistad que tiene con el padre del joven fallecido.

Ante este nuevo marco, se presentaron varios proyectos respecto de la modificación del Régimen Penal de Menores, incluido en el Código Penal.

El primero

El proyecto original que pretendía bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años fue presentado en el año 2004 por la diputada Mirta Pérez, dentro del espíritu que había desatado el secuestro de Axel Blumberg y los proyectos de ley impulsados por su padre. Sin embargo, la iniciativa jamás llegó al recinto y a fin del año pasado caducó.

Pérez ratificó ante Parlamentario que “el ingreso de varios proyectos sobre el tema es un claro ejemplo de un termómetro social donde la gente reclama que se haga algo, pero con el tiempo se olvida”.

“Cuando se trató el proyecto en comisión lleve a médicos legistas y psiquiatras que afirmaron que a los catorce años se entiende perfectamente la gravedad de los hechos que se cometen. Es decir, tienen conciencia del acto que llevan a cabo”, recordó la diputada.

A pesar de que la propuesta fue debatida en la Comisión de Legislación Penal, de repente la bajaron del temario y no se trató más. Según la diputada, “la orden vino de arriba y no la subieron nunca más hasta que cayó a fin del año pasado”.

Al iniciarse un nuevo periodo parlamentario Pérez, vicepresidenta segunda de la comisión, reprodujo el proyecto y lo volvió a presentar.

Fundamentos

El objetivo del proyecto apunta a erradicar la violencia juvenil, que aumenta y atraviesa cualquier condición social. “La propuesta plantea un régimen especial, no se trata de encerrarlos en una pieza y olvidarse, ni tampoco ponerlos con mayores. Sino que un juez será el encargado de tutelarlos, ver en qué condiciones viven, cómo están constituidas sus familias y si pueden estar viviendo en ese contexto social. Pero lo fundamental es que no pueden estar libres en la calle”, aseguró Pérez.

La legisladora bonaerense agregó que “hay un gran déficit en el cuidado que los adultos les damos a nuestros menores, por lo que no se debe tapar al sol con la mano y cuando alguien comete un delito tiene que saber que no puede ser impune, ya que hay leyes, códigos y límites que respetar”.

¿Cajoneado?

Uno de los tantos misterios a revelar es si el proyecto será nuevamente “cajoneado”, ya que sigue existiendo mucha oposición a estas reformas, y se expone como contrapartida una cuestión ideológica pactada con la Convención Americana de los Derechos del Niño.

Inmediatamente, la diputada preguntó: “¿Y los derechos de mi niño? A mi hijo lo mataron de un tiro en la cabeza, por lo que debemos trabajar para que todas las personas tengan derechos y no sólo los delincuentes. Los condenados a prisión deben tener sus derechos, pero entre rejas, y no mientras conviven en sociedad”, manifestó enérgicamente.

Sin embargo, el futuro de la iniciativa no es muy favorable porque prima una ideología garantista de los derechos humanos. “Es un garantismo mal entendido, porque son unos abolicionistas del Código Penal en defensa de pobres y delincuentes y no de todos los ciudadanos. También nosotros queremos ver volver a nuestros hijos de estudiar, trabajar o de bailar”, concluyó la diputada.