Tras casi 12 años de incumplir con la Constitución reformada de 1994, el Congreso se decidió ahora a tratar un proyecto que regula el uso por parte del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia.
Primero lo hará el Senado, según lo anunció el martes último la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la primera dama Cristina Fernández de Kirchner.
Hasta ahora, el Poder Ejecutivo se negó a discutir la regulación del uso de los decretos, una obligación incluida en la última reforma de la Carta Magna que nunca se cumplió por oposición de los gobiernos de turno.
La utilización de las "leyes provisionales" por parte del Poder Ejecutivo para "saltear" al Congreso no es una novedad en la historia política del país.
No obstante, con el paso del tiempo esta tendencia se agravó: entre 1853 y 1983 más de una veintena de presidentes constitucionales dictaron sólo 18 decretos.
En cambio, desde que llegó a la Casa Rosada en 2003, el presidente Néstor Kirchner firmó 169 decretos, y también los utilizaron por demás Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Para controlar el uso de esta herramienta, la Constitución de 1994 dispuso la creación en el ámbito del Parlamento de una Comisión Bicameral para controlar y ratificar los decretos (o leyes "provisionales"), pero nunca se discutió su conformación hasta ahora.
En unos 15 días, la comisión de Asuntos Constitucionales -por pedido de Cristina Kirchner- se reunirá para emitir un dictamen sobre la base de dos propuestas: la del oficialismo y otra de la oposición.
Aunque coinciden en varios artículos, las propuestas difieren en la principal cuestión: si el silencio del Congreso convalida o no los decretos que dicte el Poder Ejecutivo.
El jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, presentó un proyecto que en su artículo 26 establece que si el Congreso "no se expide sobre la validez de los decretos en un plazo de 60 días", se entiende que existe aprobación del decreto.
Pero el titular de la UCR, Ernesto Sanz, presentó otra iniciativa diametralmente opuesta: si el Congreso no se expide en el plazo de 30 días, el decreto dejará de tener vigencia.
La esposa del Presidente aún no dio a conocer públicamente su postura.
Hay un antecedente: cuando era diputada por Santa Cruz, el 25 de octubre de 2000 presentó un proyecto similar al de Sanz, pero todavía más duro respecto de las obligaciones del Poder Ejecutivo.
En sus fundamentos, la entonces diputada Fernández de Kirchner se quejaba porque "el Poder Ejecutivo legisla en forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas".
También en otro párrafo de su proyecto protestaba porque la incapacidad de regular el uso de los decretos por parte del Congreso "se va agravado por el cambio de posiciones políticas y jurídicas de los responsables de la reglamentación".