No fue necesario que los diputados del Frente para la Victoria defendieran a Fernández porque la oposición no lo atacó e incluso a poco de iniciarse el debate el ex duhaldista José María Díaz Bancalari reivindicó al Gobierno nacional.

El jefe de Gabinete aseguró que "no tenemos más salida que ir la Corte Internacional de la Haya" para solucionar la controversia con Uruguay por la instalación de las papeleras y señaló que "allí defenderemos a capa y espada los intereses argentinos".

Fernández formuló estos conceptos en el informe que brindó en la Cámara de Diputados, donde realizó una reseña de los logros del gobierno y criticó con dureza a los diputados del ARI que la semana pasada le promovieron una demanda penal por no haber concurrido a la Cámara de Diputados.

En un informe que se prolongó por cuatro horas, Fernández reivindicó la política económica e hizo especial hincapié en las medidas adoptadas para contener el precio del alza de la carne y de otros productos alimentaciones que tiene fuerte impacto en la inflación.

"La inflación es el impuesto más despiadado para los pobres", destacó Fernández, quien destacó que con su política el gobierno logró rebajar el precio de la carne bajo mas del 30 por ciento con lo cual estamos bastante acertados".

Fernández además negó que se hayan impuestos "precios máximos" sino precios de referencia" y destacó que el gobierno quiere "los empresarios ganen lo que deben ganar en cualquier país desarrollado".

A lo largo de su informe, Fernández también defendió -ante una consulta de los diputados de la UCR Julio Martínez y del ARI Adrián Pérez- la permanencia del jefe del Ejército Roberto Bendini y del secretario de Agricultura Miguel Campos.

"Bendini fue llamado a indagatoria pero no está procesado", dijo Fernández al explicar la continuidad en el cargo del jefe militar que está acusado de malversación de fondos del Estado cuando se desempeñaba al frente de la Brigada del Ejército en Río Gallegos. Además, Fernández trató de ignorantes en materia de derecho a los diputados del ARI, particularmente a Adrián Pérez, quien había cuestionado la política oficial de mantener en el cargo a funcionarios acusados y sobre quienes "hay -insistió el legislador- probanzas y certezas" de su accionar.

El funcionario también defendió a Campos al sostener que su procesamiento por la supuesta distribución irregular de la Cuota Hilton "fue apelado".

En el primer tramo, Fernández defendió la decisión del presidente Néstor Kirchner de confrontar con determinados sectores de poder porque "no se puede hacer una Argentina pactando con los que fueron los responsables" que causaron la miseria del país. Además, resaltó los logros alcanzados en los primeros tres a[os de gobierno y en ese sentido se[aló que "la Argentina es protagonista de un sostenido crecimiento sin igual desde 2003 con un 9 por ciento anual".

"En el mejor funcionamiento de la economía tiene mucho que ver la decisión del gobierno nacional de llevar adelante la obra pública para ponerla al servicio del desarrollo argentino", apuntó.

Los diputados de la oposición reclamaron detalles sobre las limitaciones a la exportación de carne y el plan ganadero, la elaboración de una ley que proteja a los deudores hipotecarios y el desarrollo de los planes de viviendas, entre otros temas.

Fernández enfrentó cada uno de los temas planteados sin la tensión que lo acompañó en marzo de 2005, en su última presentación ante los diputados, cuando el escándalo por el tráfico de drogas a través de Southern Winds afectaba la credibilidad del Gobierno.

A diferencia de aquella vez en que Fernández entregó el informe por escrito un día después de su reunión con los diputados, esta vez lo hizo pocos minutos antes de que se iniciara la sesión -más de 440 preguntas respondidas en 651 páginas-, pero en ambos casos no cumplió con la normativa que señala que las respuestas por escrito deben entregarse con siete días de antelación al debate. Esta declaración también se diferenció porque los principales líderes de la oposición no estuvieron en el recinto: Elisa Carrió (ARI) escuchó la presentación del ministro y se retiró; Mauricio Macri (PRO) nunca llegó a la sesión y tampoco lo hizo el radical Roberto Iglesias.

Cuarenta minutos después del mediodía, el jefe de Gabinete ingresó al recinto y desplegó un discurso que hizo eje en el crecimiento económico, el aumento de la actividad industrial y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, entre otros puntos.

"Este Gobierno recuperó la importancia de los derechos humanos como una piedra basal", dijo Fernández, y después de ponderar el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura, agregó: "ahora los responsables deben sentarse ante los jueces".

Antes de terminar su presentación, reconoció su demora en acudir al Congreso y cuestionó a la conducción del ARI, que lo denunció por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Celebro que el año pasado hayamos tenido menos funcionamiento de algunas instituciones porque estábamos preocupados por convencer a los argentinos de que voten bien", agregó Fernández antes de terminar su exposición.

Luego los diputados criticaron la demora en la entrega de la documentación y formularon en el recinto algunas de las preguntas que ya le habían enviado.

Señaló además que la ministra de Economía, Felisa Miceli, está "trabajando junto a los senadores del Frente para la Victoria" en un proyecto de ley que contemple la situación de los deudores hipotecarios, porque en un mes vencerá el plazo de suspensión de los juicios de desalojo.

Al referirse a los fondos fiduciarios, sostuvo que la decisión del Gobierno de tomar en sus manos la construcción de redes energéticas es una respuesta a la situación de "aletargamiento en la exploración y ampliación de obras de infraestructura de las empresas".

"Lo correcto es que el Estado tome esta decisión porque las empresas no lo hacen, ¿o pretenden dejar esto en manos de los que nunca hicieron nada?", preguntó y, en lo que fue uno de los pocos momentos en que levantó la voz, enfatizó: "es una falacia decir que los fondos fiduciarios no tienen controles, porque son fondos públicos".