El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, advirtió ante los diputados que "no se avanzó en un plan integral que quiebre la inercia contaminante" de la cuenca Riachuelo-Matanza, que fue denunciada en 2003.
El reclamo generó el compromiso de varios legisladores por la ciudad de Buenos Aires de impulsar la creación de un organismo de control que permita superar la superposición de jurisdicción entre la Nación, la Capital y la provincia de Buenos Aires para avanzar en una política efectiva que termine con la contaminación. Según indicó Mondino, en 2003 se observó que "no existían estudios sobre el impacto en la salud" que tiene el Riachuelo, pese a que en los hospitales de la zona de influencia del Riachuelo se registran consultas por "infecciones y enfermedades en la piel".
"Hay chicos con plomo en la sangre", advirtió el defensor del Pueblo y precisó que eso se desprende de los informes médicos realizados en el Hospital Fiorito de la localidad bonaerense de Avellaneda, que limita con la Capital.
En ese informe de 2003, indicó además que en la cuenca existían 140 basureros clandestinos, 3.500 industrias y el 55 por ciento de la población carecía de cloacas.
"El Polo Petroquimico Dock Sud es algo aparte, hay consenso en que tienen que irse de allá", subrayó Mondino ante los legisladores nacionales.
Del encuentro participaron los macristas Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Paula Bertol; el kirchnerista Rafael Bielsa y el transversal Miguel Bonasso; la radical Silvana Giudici; las aristas María América González y Martha Maffei; la socialista María Elena Barbagelata y el economista de la CTA Claudio Lozano.