El proyecto fue ratificado por 43 votos a favor contra 11 de la Unión Cívica Radical que había presentado un proyecto alternativo que establecía un mecanismo de per saltum obligatorio para que todos los expedientes que se tramitan vayan a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la constitucionalidad o no del fondo fiduciario instaurado por la Ley 25.798.

Según esa norma los deudores pagaban sus obligaciones al fideicomiso a través de cuotas blandas, y éste cancelaba la deuda con el acreedor. Esto fue declarado inconstitucional por los jueces de primera instancia que entonces dejaban abierta la puerta para las ejecuciones.

El Senado le dio media sanción a una nueva prórroga para la suspensión de los remates que esta vez será de 180 días hábiles, que vencerán en enero del próximo año.

La primera intención del oficialismo era aprobar la norma que finalmente sólo votó el radicalismo, y agregar un proyecto de Comunicación, que finalmente fue respaldado por unanimidad, y que reclama "a las máximas instancias judiciales del país" un pronunciamiento sobre el tema.

El titular de la Comisión de Legislación General, el justicialista santacruceño Nicolás Fernández, admitió que realizó consultas con el Poder Ejecutivo Nacional y que desde allí se sugirió que para encontrar una solución definitiva a la situación de los remates hipotecarios "antes se realicen consultas a diferentes juristas, o por ejemplo en el Ministerio de Justicia, durante las próximas semanas".

"Asumamos el compromiso de trabajarlo, pero que no nos pase que la prórroga se nos caiga", reclamó Fernández al defender la actual extensión del plazo, ya que la anterior prórroga vence en pocos días.

En cambio, desde el radicalismo defendieron el proyecto del per saltum argumentando que "hay que hacerse cargo de una buena vez y no patear para adelante".