Una de las derivaciones en el plano legislativo de los tres años de gestión K es la total subordinación del Congreso al Poder Ejecutivo. Paulatinamente, el Gobierno fue llevando adelante un plan de dominio en ambas cámaras, como se puede apreciar al ver las leyes aprobadas. Y, si había dudas sobre los tiempos para sancionar una iniciativa, el presidente Néstor Kirchner empuñaba su pluma y firmaba un decreto de necesidad y urgencia. Que al día de hoy ya baten todos los récords.

De acuerdo con las estadísticas, el hombre que vino del Sur dicta un DNU cada cinco días. En ese sentido, Kirchner logró superar ampliamente a otros jefes de Estado, desde Raúl Alfonsín a Carlos Menem.

Esas estadísticas reflejan cómo se concibe el poder y fundamentalmente como se lo ejerce. La centralidad del análisis no pasa por saber si Menem dictó uno más o uno menos, lo que está en el escenario es la tan meneada calidad institucional. La que es licuada en función de los intereses en juego.

Cabe acotar que cuando el Presidente dicta un DNU asume facultades que son propias del Congreso. Es decir, modifica o deroga leyes o dicta normas con rango de ley. La reforma constitucional de 1994, en su artículo 99, incorporó esta herramienta, pero el texto lo faculta sólo “cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución” para el dictado de leyes.

Se trata de un ejercicio del poder casi innecesario, dado que el control de las comisiones en ambas cámaras por parte del oficialismo es absoluto: en Diputados el Frente para la Victoria controla 34 de las 45 comisiones, mientras que en el Senado de las 24 es responsable de 19. Esta demás aclarar que las comisiones más estratégicas en el armado jurídico están en su totalidad en manos de las huestes de Miguel Angel Pichetto y Agustín Rossi. Para la oposición, por cierto, sólo se reservaron las secundarias, las que tienen menor incidencia.

Un combo cerrado que hasta ahora le dio resultado y no se visualiza ningún cambio en el horizonte, más bien todo lo contrario. Las leyes sancionadas en ambas cámaras demuestran que, de las iniciativas aprobadas, las más importantes se originaron en la Casa Rosada, mientras que las complementarias nacen en las bancas de los senadores y de los diputados... siempre y cuando sean también bendecidas por el Poder Ejecutivo, pues si no pasan a engrosar la gran cantidad de proyectos que ingresa por ambas mesas de entrada y termina depositada en el arcón de los recuerdos.

En concreto, de las 365 leyes aprobadas por el Congreso en los últimos tres años 146 fueron impulsadas por el Gobierno, donde además se firmaron 180 decretos de necesidad y urgencia.

¿Qué apuro hay?

En cuanto a los famosos decretos de necesidad y urgencia, cuentan con el deliberado vacío jurídico generado por los oficialismos de turno, desde la reforma constitucional de 1994 en adelante. Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y ahora Kirchner no demostraron mucho interés en que se reglamentaran.

Entonces, cuando legisladores del radicalismo, el menemismo o el duhaldismo reclaman por esa falencia institucional, se olvidan de que cuando estaban en la Casa Rosada no se preocuparon tampoco por dicha reglamentación y otras surgidas de la reforma constitucional, que duermen el sueño de los justos como se aprecia en el recuadro respectivo (ver: Los temas pendientes).

Por estos días, desde el Senado -más precisamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Fernández de Kirchner- se promete que esta deuda constitucional podrá ser saldada, aunque nada indica que vaya a ser algo inmediato.

La excusa siempre ha sido y es la necesidad de respetar los tiempos propios del Poder Legislativo, lo que es todo un eufemismo, ya que lo que debe privar es la decisión política de democratizar el poder. Esa es la línea argumental que define si esta ley, o cualquier otra tiene como destino seguro el Boletín Oficial.

Espasmos legislativos

Entre las opiniones recogidas se hicieron notar las reacciones espasmódicas que tuvo el Congreso después de las movilizaciones populares encabezadas por Juan Carlos Blumberg, quien insólitamente se ubicaba en los lugares de privilegio de las comisiones y en los recintos para seguir de cerca la sanción de las leyes pedidas para endurecer los castigos a la delincuencia social.

Finalmente sucedió lo que todos conjeturaron: que a la larga no servirían para nada o serían declaradas inconstitucionales.

Uno de los que se expresó con más énfasis en este sentido fue el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. En el marco del Seminario Internacional sobre Seguridad y Derechos Humanos, realizado recientemente en la Capital Federal, acusó al Congreso de “vender leyes procesales que no tienen eficacia. Esto es algo penoso por parte de representantes a los que votamos”.

Subrayó luego que, en ocasiones, esas normas son productos de demandas o presiones de los medios de prensa enrolado en lo que el juez definió como “discurso vindicativo”, cuya aspiración extrema sería una política criminal de “tolerancia cero”.

Zaffaroni expresó que “entre el temor y el oportunismo se hacen leyes disparatadas”, y añadió que “nunca hubo un momento de legislación penal como éste, en que se está engañando a la población mediante el dictado de leyes que, por ejemplo, fijan condenas de prisión que ningún ser humano puede cumplir”.

Agregó que “no tenemos políticas criminales sino improvisaciones”, y reclamó “seriedad legislativa”. Por esta razón, afirmó que “es el momento de devolver la pelota al Poder Ejecutivo y Legislativo”, pues desde los tribunales “no es posible resolver la conflictividad social masiva”.

Ninguno senador o diputado recogió aún el guante de los planteos de Zaffaroni, y guardan un llamativo silencio.

Otras acciones

No se puede soslayar que en el inventario se debe contabilizar también el avance sobre la Corte Suprema, aunque el último fue merced a una rebeldía de los diputados encabezados por Ricardo Falú -lo que le costó un abrupto adiós del kirchnerismo- la prórroga de la Emergencia Económica, la intervención federal a Santiago del Estero, las modificaciones al Código Penal, la penalización del acoso sexual en el ámbito laboral, la incipiente reforma laboral, el aval a las políticas impositivas, las nuevas leyes educativas, la reglamentación del recurso de amparo, la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Enarsa, de la empresa Argentina de Soluciones Satelitales, la ley de promoción el desarrollo industrial del biocombustibles, los controvertidos fondos fiduciarios, etcétera.

Un detalle inolvidable del silencioso trabajo legislativo fue la visita de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja a las islas Malvinas, como demostración de que no se cederá en la eterna lucha por su soberanía. No obstante, no se puede soslayar que son contadas las oportunidades en que las comisiones de ambas cámaras funcionaron fuera de su ámbito natural.

En tanto, fragmentada y sin anclaje social, la oposición se limita a la protesta verbal, o a recorrer el camino de la Justicia. Sobre esta conducta, el senador Rodolfo Terragno dijo que la minoría “no sólo tiene legitimidad procesal” sino que además “tiene la obligación de buscar un remedio judicial”. Para este legislador porteño, “no hacerlo equivaldría a dejarse usar por la mayoría para dar legitimidad a un acto contrario a la Constitución. La minoría no se exime de responsabilidad solamente votando en contra”.

Lógicamente que para el final del balance quedan los enfrentamientos del Gobierno con las máximas autoridades de ambas cámaras: en primer término con Daniel Scioli, que en un momento parecía que no tenía retorno, máxime luego del cuestionamiento que en el mismo recinto le hizo la primera dama, generando una tensión institucional que preocupó a la dirigencia política en su conjunto.

Además, en el marco de las últimas elecciones, sobresalieron las peleas mediáticas con Eduardo Camaño, que habían comenzado bastante antes, cuando no lo invitaban a la Casa Rosada, o cuando llamaba para preguntar qué lugar le tocaba en determinado acto, y le respondían que en la primera fila, y no sobre el escenario.

Finalmente, el abrupto desplazamiento de la peronista santafesina María del Carmen Alarcón de la Comisión de Ganadería, Pesca y Alimentación es otro símbolo de cómo se ejerce el poder en la era K. Un mensaje hacia el interior del oficialismo de ambas cámaras en el sentido de que “quien saca los pies del plato” pierde.

Lo mismo pasa con aquellas iniciativas a contrapelo del orden oficial, pese a que en uno de sus tres discursos ante el Congreso el Presidente dijo que en la “tarea inmensa” de construir un país mejor “los convocamos a todos, con humildad, para que vengan a poner el hombro, para construir un nuevo modelo de desarrollo que permita recuperar lo mejor de la tradición argentina y de sus pioneros”.

“Los convocamos a todos, con humildad”, fue el ruego presidencial, aunque muchos legisladores no sienten que ese llamamiento se haya aún concretado.