El diputado radical Ricardo Jano analiza lo que define como “parafernalia de argumentos de quienes creen ser los adalides de la defensa de los derechos humanos” en torno a la situación de Luis Patti.
Escribe Ricardo Jano*
La incorporación o no a la Cámara de Diputados de la Nación del ex comisario y ex intendente de Escobar Luis Patti divide aguas entre los diferentes sectores de la política argentina con representación parlamentaria, lo que parece quedar expuesto a simple vista, aunque es un poco más complejo ver dónde efectivamente se produce esa división.
La parafernalia de argumentos de quienes creen ser los adalides de la defensa de los derechos humanos pretende que esta división se da entre progresistas y retrógradas. La cruda verdad es bien diferente, ya que la división real está dada por quienes creemos que el orden constitucional está por encima de simpatías o repudios circunstanciales y quienes creen que la Constitución es sólo una referencia legal para usarla a favor de sus necesidades, que puede soslayarse cuando su aplicación sea contraria a sus ideas o intereses.
Por supuesto, la figura objeto de discusión aparece como emblemática de las violaciones a los derechos humanos, aunque tal condición no haya sido probada en los estrados judiciales, que en diferentes instancias han sobreseído al ex comisario.
Veamos pues, el aspecto estrictamente legal: la Constitución tiene como parte integrante de su cuerpo normativo diferentes tratados internacionales, entre los que se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 23 reconoce el derecho de todos los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones realizadas por sufragio universal y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Se agrega que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Esto exime de más argumentaciones en cuanto a la legalidad del pliego en cuestión. Ante esta realidad, es un interesante ejercicio observar la actitud de los diferentes actores políticos.
En primer término, el oficialismo, que en la ceremonia de jura de los diputados electos saca de la galera el tema Patti como contrapartida del cuestionamiento del pliego del diputado Borocotó, objetado por ser electo por el PRO y acto seguido declararse oficialista, quien por supuesto juró en ese acto y su pliego no volvió a ser analizado, a pesar del compromiso asumido por el pleno de la Cámara. Luego decide ir por la banca de Patti (obsérvese que su suplente es uno de los nuevos amigos del Gobierno) haciendo en este caso una nueva sobreactuación en el tema de derechos humanos, sin trepidar en violar palmariamente la Constitución, refirmando el concepto de que las mayorías circunstanciales son omnipotentes y operan aun por encima de la ley.
No tiene desperdicio la posición de conspicuos dirigentes peronistas bonaerenses, devenidos en fanáticos kirchneristas, quienes hasta en las últimas elecciones compartían listas con el ex comisario, quien les arrimaba algunos votitos en Escobar, pero como la política es dinámica hoy son los más feroces impugnantes de su incorporación al Parlamento. Total, la condición de peronista siempre habilita a hacer hoy una cosa y mañana lo contrario.
Casi igual de asombrosa es la posición de ciertos sectores de la oposición que han hecho un culto del reclamo de transparencia y legalidad, y hoy por mera especulación mediática aparecen acompañando esta desmesura del oficialismo.
Por eso, es una vez más invalorable el aporte de la UCR, cuyos diputados integrantes de la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento produjeron un impecable dictamen de minoría que pone las cosas donde deben estar, en desmedro de oportunismos circunstanciales y compartiendo en esencia el mismo rechazo político por quien en este caso es objeto de la evaluación de su título. Es que se trata de observar la ley siempre, aun cuando su aplicación favorezca a quien está en la antípoda de nuestro pensamiento.
Pegados
Lamentablemente, algunos dirigentes de nuestro partido han puesto la nota discordante, en algún caso con el increíble argumento de no “quedar pegados”. Yo pregunto: ¿pegados con quién? ¿Con Patti o con la Constitución?
Con Patti está pegado el peronismo, no la UCR. El peronismo en sus distintas versiones lo llevó a Patti a diferentes cargos públicos. ¿O no recordamos que fue Carlos Menem el que lo impulsó a la fama como el implacable comisario que resolvía los problemas de seguridad en Escobar y luego por su eficiencia lo puso al frente del caso María Soledad?
¿O nos olvidamos que compartió listas con el PJ bonaerense, artífice de la candidatura presidencial de Néstor Kirchner? En todo caso, como radical siento orgullo de ser “apegado” a la Constitución Nacional.
El radicalismo tiene innumerables defectos, pero puede exhibir una gran virtud, que es haber sido históricamente el partido de la democracia, de la Constitución y de las leyes, y es imperdonable que por mero oportunismo se quieran regalar estas banderas.
* Es diputado nacional por la Unión Cívica Radical bonaerense.
