Al cabo de una tensa sesión, la Cámara baja aprobó el dictamen de mayoría que recomienda impedir la asunción del ex subcomisario por 161 votos a favor, 61 en contra y 4 abstenciones. El debate duró ocho horas e incluyó duros cruces entre legisladores.
También hubo discusiones entre las barras ubicadas en los palcos del recinto.
Al iniciar la sesión el titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Gerónimo Vargas Aignasse, justificó el dictamen mayoritario que recomendó aceptar la impugnación contra Patti, al señalar al diputado electo como "parte del esquema anticonstitucional y represivo" de la dictadura.
El legislador oficialista habló en medio de fuertes abucheos de los seguidores del ex subcomisario y de palabras de aliento y aplausos que llegaron desde las bancas del Frente para la Victoria y de militantes de organismos de derechos humanos que se ubicaron en los palcos de la Cámara baja.
Vargas Aignasse sostuvo que la Cámara de Diputados "respetará absolutamente las dos bancas que obtuvo el PAUFE y los 393 mil votos", pero enfatizó: "voy a defender la Constitución, voy a entregar mi vida antes que un genocida se siente en esta banca".
A ese discurso siguieron las frases del pattista Juan Bonacorsi, quien se quejó porque su líder no había sido notificado formalmente sobre la sesión; y luego vinieron las palabras del diputado radical Pedro Azcoiti, quien justificó la posición de su bloque de respaldar el ingreso del ex policía.
"Resultaría mucho más fácil y simpático para muchos que nos sumemos a quienes impulsan la impugnación. Pero las garantías constitucionales son absolutamente para todos", dijo el radical Azcoiti, quien fue torturado y estuvo desaparecido en 1976. Esa frase provocó gran molestia entre los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y varios hijos de desaparecidos, quienes desde los palcos de la primera y segunda bandeja dieron la espalda al recinto.
"La candidatura de Patti fue oficializada ante la Justicia y no fue impugnada. Ampara a Patti el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica", dijo Azcoiti y antes de subrayar que el PJ lo llevó en sus boletas electorales, subrayó: "no es el caso igual que al de Bussi, que participó del Golpe de Estado del 76".
El legislador radical agregó: "algunos suponen que el ingreso de Patti a la Cámara le dará un manto de impunidad, pero esto no es así. Si Patti es requerido por la Justicia deberá ir. Y si se pide su desafuero, el bloque de la UCR acompañará".
En la misma línea, la radical santafesina Alicia Tate reclamó "la reapertura de las causas" contra Patti por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad, pero solicitó que no se impida su ingreso al Congreso porque eso implicaría "violar la Constitución".
A diferencia de la UCR, el ARI respaldó la impugnación a Patti porque "ningún Estado puede conceder privilegios e inmunidades a una persona sospechada de delitos de lesa humanidad", dijo Elisa Carrió.
Carrió fundamentó su respaldo al dictamen de mayoría impulsado por el Frente para la Victoria-PJ que recomienda no avalar el ingreso de Patti, al aclarar que "no nos une en nada al oficialismo porque somos claros y coherentes opositores al gobierno".
"No estamos habilitados para juzgar la inhabilidad moral, pero hemos pasado un mini genocidio, un mini holocausto", agregó la líder del ARI.
La pattista Adriana Tómaz sostuvo que la impugnación al jefe de su partido no estaría "basada en norma constitucional, ni legal".
"Se pretende desconocer la voluntad popular que quedó expresada en el comicio electoral de 2005. Patti no tiene condena alguna", remarcó Tómaz.
En la misma línea, el macrista Jorge Vanossi dijo que el ingreso de Patti al recinto es "una cuestión de puro derecho, de si tenemos o no apego a la Constitución nacional".
"Por eso hemos votado una ley de defensa de la democracia. El dia que no tengamos otra forma de protección vamos a acordarnos de las instituciones. Esto es como cuando falta el oxígeno, que lo queremos cuando se comienza a despresurizar la cabina", alertó Vanossi.
En su discurso, el diputado transversal Miguel Bonasso sostuvo que "Patti nunca negó que torturó, dijo incluso que prefería que lo llamaran torturador o represor, pero no chorro. Dijo también que la Policía debía cometer cinco delitos para esclarecer uno. Pido que el torturador de Patti no ingrese al Congreso".
Bonasso -uno de los cinco diputados que impugnaron el ingreso de Patti- calificó como "impecable" el proceso que llevó adelante la comisiónde Peticiones, Poderes y Reglamentos y rechazó que el ex subcomisario haya sufrido allí una "ejecución sumaria", como había afirmado la legisladora del PRO Nora Ginzburg.
"Azcoiti -el radical que defendió el ingreso de Patti- reconoció la seriedad y el rigor con que actuó la comisión", dijo Bonasso y advitió que Ginzburg también "rozó el honor de (Luis) Geréz", quien declaró que fue torturado por Patti en 1972.
Bonasso se dirigió puntualmente a los radicales y ponderó la acción del actual diputado Federido Storani, quien formó una comisión junto a otros abogados para investigar en 1983 el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiasso y Enrique Pereyra Rossi. "Storani dijo en aquellos años que el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi demostró 'la vigencia del aparato represivo ilegal' y aseguró que aquello fue una 'ejecución que se produjo cuando las víctimas estaban bajo efecto de somnífero'", señaló. Se preguntó entonces: "¿podemos querer que se siente en estas bancas alguien que dijo que a los ladrones hay que hervirlos en aceite hasta hacerlos chicharrón?".
Puntualizó también que, más allá del pedido de reapertura de la investigación del secuestro y asesinato de Cambiado y Pereyra Rossi ocurrido poco antes del final de la dictadura, se encuentra abierta la investigación por la detención y asesinato de Gastón Goncalvez y otros militantes peronistas.
En su discurso, la diputada del Pro Nora Ginzburg calificó al período de la última dictadura como "una guerra" y sostuvo que entre 1976 y 1983 se enfrentaron en la Argentina "dos demonios: el terrorismo subversivo y el terrorismo de Estado".
"El terrorismo subversivo fue un demonio y no me turba decirlo, porque mataba a mansalva. Me parece el calificativo apropiado. Y el terrorismo de Estado fue otro demonio, mucho peor por cierto, porque llevó a cabo crímenes apañándose en la impunidad que le daba el poder", enfatizó Ginzburg. De esta forma, la legisladora que proviene de Recrear defendió la decisión del interbloque Propuesta Federal de rechazar la impugnación contra el diputado electo Luis Patti.
Por su lado, Graciela Camaño acusó a Patti de ser el "asesino confeso" de los dirigentes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. "Nos hubiera sido más fácil no venir o votar a favor pero es nuestra obligación ciudadana" impedir el ingreso de Patti como legislador del Paufe, aseguró la diputada del Peronismo Federal, al defender la postura de ese bloque de respaldar el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo.
La diputada aclaró que venía a hacerse "cargo de todo: de mi historia política en el peronismo de la provincia de Buenos Aires y de mi historia familiar" porque, dijo, "no va a faltar aquel que especule con quien está en la lista si Patti no ingresa", en referencia a su hermano Dante Camaño, segundo en la lista del Paufe.
Otro crítico del ex subcomisario fue el diputado nacional de Emancipación y Justicia Claudio Lozano, quien lo acusó de haber recorrido los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar durante la dictadura "pidiendo la nómina de delegados gremiales, de las comisiones internas y directivas".
Lozano aseguró que no va a "colaborar para que un represor transite por los pasillos de la cámara", al anticipar su respaldo al dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo que recomienda que Patti no asuma su banca por carecer de "idoneidad moral".
