Por Pamela Fedra Vallet

En la actualidad, la desigualdad social condena a muchos niños a vivir en una situación marginal, que conduce a diversos tipos de abusos, entre ellos el trabajo infantil, y otros aún más graves, como la explotación sexual.

Ya en 1990 el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley 23.949, que proclama que “el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, y no será objeto de ningún tipo de trata”. Esa norma agrega que “no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, educación o impedir su desarrollo físico mental o moral”.

Lamentablemente, poco se respeta esta ley, y la situación se ha agravado en los últimos años en consonancia con la crisis económica y sus secuelas de hambre, marginación y miseria para millones de personas.

Como bien se sabe, la pobreza es un factor que fomenta la prostitución y el tráfico de drogas, pues son actividades que mueven mucho dinero. De acuerdo con informes de la ONU, la Argentina -junto con Chile- es uno de los países con mayor índice de prostitución infantil y de tráfico y explotación sexual de menores.

Resulta extraño, por lo tanto, que este problema no integre la agenda legislativa porteña de este año como uno de los temas de mayor prioridad, aunque en 2005, los legisladores expresaron su intención de combatir la explotación sexual infantil, aunque no hubo nada concreto.

El bloque de Compromiso para el Cambio presentó en 2005 un pedido de informes al Ejecutivo sobre esta realidad, indicando que “la prostitución infantil y la explotación sexual de los niños es una de las formas más denigrantes de trabajo infantil, que amenaza su salud mental, espiritual, moral y física, y atenta contra todos los aspectos de su desarrollo”.

A fines de ese año, el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, junto a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, María Elena Naddeo, y al subsecretario de Comunicación Social, Daniel Rosso, presentaron en la Legislatura una Campaña contra la Explotación Sexual Infantil, junto a un programa de atención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de ese delito.

Cada vez más

Pasean su belleza juvenil por las calles, poseen una mirada carente de brillo, usan maquillaje y vestimenta insinuante, y esperan a que aparezca algún cliente que se deje llevar por sus deseos.

Cada vez son más los que abandonan el mundo de la niñez, dejan los juegos y el colegio para ejercer el oficio más viejo del mundo: la prostitución. Es un comercio ligado íntimamente con la pobreza, en tanto otros lo hacen por coacción de mafias organizadas.

Si bien no existen datos estadísticos confiables en la Argentina, los informes y estudios de Unicef hablan de una edad de iniciación entre 13 y 14 años, aunque existe una tendencia hacia edades más tempranas ya que el temor al sida ha generado por parte de los clientes una mayor demanda de menores cada vez más jóvenes, y se habla incluso de casos de niños de entre 8 y 10 años.

Según fuentes de la División de Delitos contra Menores de la Policía Federal, los lugares preferidos para ejercer la prostitución infantil son ciertos prostíbulos, determinadas calles porteñas y las estaciones de trenes de Constitución, Liniers, Flores y Retiro.

En muchos casos, el motor principal de la prostitución infantil es el turismo sexual y la clientela está formada por personas que buscan “nuevas experiencias” de tipo sexual.

En otros casos, los niños trabajan para aportar un ingreso al hogar, y su contribución se convierte, por lo tanto, en parte vital del sustento de la familia, según lo indican documentos de Unicef y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

En el ámbito porteño existe una Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, encabezada por el diputado arista Facundo Di Filippo, que se encuentra trabajando en varios proyectos de ley y de resolución sobre esta materia. Por el momento, la comisión está recopilando datos y realizando consulta con profesionales de diversas disciplinas (médicos, psicólogos, educadores) para tener un diagnóstico lo más completo posible y, a partir de ahí, proponer una serie de medidas para desterrar el problema.

Este año, el diputado del FpV Chango Farías Gómez se interesó en esta cuestión y expresó que para erradicar la explotación infantil es necesario “acciones simultáneas desde el Gobierno, movilización de la sociedad en su conjunto y un permanente intercambio de información e iniciativas de ambos sentidos”.

En lo que va del año, la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación radicó 16 denuncias penales sobre explotación sexual de chicos, de las cuales en un 90 por ciento eran niñas. Si bien aumentaron las sentencias que condenan a adultos que hicieron uso de servicios sexuales de los niños, esta tendencia se mantiene en ascenso.

Lo que la realidad demuestra es que la mayor parte de los niños terminan muriendo de sida y tuberculosis, entre otras enfermedades, como consecuencia de las relaciones que son obligados a mantener.

Lo más importante es que la sociedad tome conciencia de la importancia que reviste transformar la situación actual de la infancia. La explotación infantil es el verdadero riesgo del país y, por lo tanto, el futuro de la Argentina se encuentra en juego.

Una sociedad que no brinda a los niños las condiciones necesarias para un crecimiento digno, que los expulsa tempranamente de sus hogares, demuestra una pérdida de valores básicos.

Sin duda, es imprescindible cambiar el modelo social existente. Los derechos de la infancia requieren de un real compromiso político y de un accionar efectivo del Estado como principal garante de los derechos humanos. Estos esfuerzos deben ser acompañados de la participación activa de la sociedad civil. De lo contrario, erradicar el trabajo y la explotación sexual infantil y sus nefastas consecuencias no será posible.

Revertir esta situación es indispensable para garantizar el futuro digno de las nuevas generaciones.