El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y ahora la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, deberá darle el dictamen en la reunión agendada para mañana a las 15.

Al encuentro también fue invitado el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, aunque su presencia está en duda, ya que se encuentra en la reunión anual que lleva a cabo en Ginebra la OIT, a la que también asistieron varios parlamentarios argentinos. La intención del oficialismo es debatir el proyecto el miércoles 21 de junio, junto con otra iniciativa referida al IVA de los estacioneros, según informaron fuentes legislativas del bloque del Frente para la Victoria-PJ.

La norma deroga varios artículos de la Ley de "Solidaridad Previsional" 24.463 sancionada en 1995 e impulsada por el entonces ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem Domingo Cavallo.

El proyecto en estudio ordena a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) cancelar las sentencias favorables a los jubilados "dentro del plazo de 120 días".

Por los reclamos que corresponden a períodos anteriores a enero de 2002, esos fallos se cancelan con bonos. Con estos cambios, el Gobierno y el Congreso dan cabida a las objeciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había calificado de "violatorios" los artículos de la Ley que trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales.

Por la normativa que se intenta derogar, la ANSeS debe cancelar las sentencias a favor de los jubilados "hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo". Y así sucesivamente en los años siguientes, según el orden cronológico de las sentencias, pero dando prioridad a la gente de mayor edad.