La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores discutió un proyecto gubernamental que propicia la reforma de la Ley de Solidaridad Previsional y que establece un plazo de 120 días para el pago de las sentencias firmes a los jubilados.
La norma deroga varios artículos de la Ley de Solidaridad Previsional 24.463 sancionada en 1995 e impulsada por el entonces ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, Domingo Cavallo.
El proyecto en estudio ordena a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) cancelar las sentencias favorables a los jubilados "dentro del plazo de 120 días".
Por los reclamos que corresponden a períodos anteriores a enero de 2002, esos fallos se cancelan con bonos.
Con estos cambios, el Gobierno y el Congreso dan cabida a las objeciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había calificado de "violatorios" los artículos de la Ley que trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales.
Por la normativa que se intenta derogar, la ANSeS debe cancelar las sentencias a favor de los jubilados "hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo". Y así sucesivamente en los años siguientes, según el orden cronológico de las sentencias, pero dando prioridad a la gente de mayor edad.
Abogados previsionalistas cuestionaron esas disposiciones ante la CIDH porque dilataban el pago de las sentencias y afectaban los "derechos humanos" de los mayores de edad.
