El Senado tratará el 28 de junio próximo el proyecto que regula el uso por parte del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia, una obligación incluida en la Constitución de 1994 que nunca se cumplió.
Así lo resolvió la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la justicialista Cristina Kirchner, al cabo de un encuentro en el que se dio dictamen al proyecto.
La iniciativa fue apoyada por todos los miembros de la comisión, aunque el radicalismo anunció su disidencia parcial en cuanto a la no existencia de plazos para que el Parlamento se expida sobre los DNU.
Tal cual señaló la primera dama, el proyecto establece que el decreto se mantendrá en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial hasta que el Congreso lo rechace, lo cual lo haría caer inmediatamente. Su ratificación o su no tratamiento lo mantendría en vigencia. No obstante, la ratificación parlamentaria del decreto le daría un respaldo importante cuando, por alguna circunstancia, alguno de esos documentos firmados por el Presidente de la Nación fuera cuestionado judicialmente.
El proyecto redactado por la comisión salda las diferencias entre los proyectos presentados por el titular de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, y por el presidente del bloque radical, Ernesto Sanz. El primero establecía que los DNU que no fuera tratado por el Congreso en un tiempo determinado quedaban habilitados. Sanz, en cambio, en una postura similar a la mantenida por Fernández de Kirchner, rechazaba la sanción ficta.
La norma -que sería tratada en la última semana de junio- también expresa que el DNU emitido por el PEN debe ser rechazado por ambas cámaras para que se caiga.
"Los decretos de necesidad y urgencia tienen plena vigencia desde que se publican en el Boletín Oficial, pero luego deben ser aprobados por el Congreso", dijo la primera dama al explicar el proyecto oficial.
Aunque el Parlamento deberá dar luz verde a los decretos que firme el Presidente, el proyecto de Cristina Kirchner no prevé plazos para su aprobación, lo que deja abierta una puerta para que los decretos no se ratifiquen.
"Estamos poniendo en cabeza del Congreso la responsabilidad de tratar los decretos. No se puede paralizar el país por culpa del Parlamento", señaló la legisladora al explicar la posición del oficialismo. En cambio, el jefe del bloque de la UCR, Ernesto Sanz, pidió poner un plazo de 30 días para que se expida el Congreso; en caso contrario, el decreto dejaría de tener validez legal.
"No puede ser que si el Congreso no asume su responsabilidad se corra peligro de que el país se paralice", sostuvo la senadora Kirchner, y agregó que "si hubiera un plazo perentorio, habría que revisar todos los DNU desde la reforma de la Constitución de 1994 para que no se caigan".
Por su parte, Pichetto, partidario de la sanción ficta de los DNU, consideró que esta es una "propuesta altamente superadora" y sentenció que "la mora del Parlamento no debe caer en las espaldas del Poder Ejecutivo".
