El Senado convirtió en ley dos proyectos que prevén exenciones al impuesto al valor agregado (IVA), una para la venta de combustibles en la Patagonia y otra para los casos en los que los estados actúan como garantes de fiduciarios o créditos a pymes.
La primera iniciativa, contempla la posibilidad de que los dueños de las estaciones de servicios de las provincias con combustibles subsidiados puedan desgravar los costos de los agentes químicos que sirven para identificar el origen del combustible y así reducir la evasión impositiva.
Los combustibles son "trazados" con agentes químicos cuando son descargados en las estaciones de servicios de la Patagonia para que puedan ser identificados y así poder evitar la venta en otros puntos del país o su adulteración con el consecuente costo fiscal.
Según explicó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista Jorge Capitanich, la aplicación de este mecanismo redujo la venta de combustibles de 667 millones de litros en 2004 a 144 millones de litros el año pasado. Sin embargo, hasta ahora eran los estacioneros los que corrían con el costo total de comprar los agentes químicos, que aproximadamente significa unos 300 pesos al mes.
Con la nueva medida, los estacioneros pueden desgravar el IVA de esa compra, por contribuir con el Estado en el control de la evasión impositiva.
"La trazabilidad ha reducido significativamente la evasión, y aprobar este proyecto garantiza el control que se está haciendo", expresó Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Legislación General.
El único que se opuso a esta norma fue el socialista Rubén Giustiniani, quien consideró que la medida "va a tener un costo fiscal de 20 millones de pesos, que si bien se puede considerar un costo fiscal bajo, hay que contemplar que son fondos coparticipables, es decir que en parte lo pierden las provincias".
La segunda iniciativa impositiva que convirtieron hoy en ley los senadores es una exención del IVA para los casos en los que los estados Nacional, provinciales o municipales actúan como fiduciario o garantes de créditos a pymes.
Esta norma fue aprobada por unanimidad y sin discurso de los senadores.