El Congreso discute declarar una emergencia habitacional hasta que el Estado les financie a los deudores hipotecarios nueva deuda para que hagan frente a los contratos. En el fondo aparece una puja de poderes y la indiferencia del Poder Ejecutivo.
Por Pablo Winokur
No es un problema más. No se trata del Estado dando prebendas, favores políticos o subsidios inexplicables. Tampoco es un nuevo intento por quebrar la seguridad jurídica, como tan acostumbrados estamos en la Argentina.
Es un drama real que viven 4.657 familias que tomaron hipotecas privadas y que, por la crisis, no pudieron seguir pagando. Otras tantas tienen deudas con el sistema financiero y están en situación similar. Todas ellas creyeron haber encontrado una solución en un fideicomiso creado por el Congreso de la Nación, que les permitiría cancelar sus deudas sin que deban abonar un monto mayor a un determinado porcentaje de sus ingresos.
Ellos pagarían al fondo fiduciario, éste a los acreedores y de esa manera todos quedarían contentos… Pero los acreedores sólo recibirían un peso por dólar más el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) o el de inflación (CER), con lo cual tan contentos no quedaron.
Así la alegría no duró mucho. Los deudores comenzaron a pagar sus deudas al fondo fiduciario, pero los acreedores salieron a pedir la inconstitucionalidad de la norma dictada por el Congreso y el remate de los bienes hipotecados, y muchos jueces avalaron este pedido.
A partir de esa situación el Congreso ingresó en una maratón de suspensiones a los remates hipotecarios de vivienda única: tres desde el año pasado. El 31 de mayo pasado se dictó la tercera prórroga a una suspensión de emergencia que debió durar cuatro meses y que terminará estando vigente durante más de un año. De este modo, el problema de los deudores ya lleva cuatro años y aún no consigue una resolución definitiva.
Por ahora el debate está abierto. Hay quienes proponen readecuar la ley, otros que dicen que el tema es competencia de la Justicia y hasta hay quienes exigen un “per saltum”, para obligar a la Corte Suprema a expedirse.
Sea como fuere, los más escépticos aseguran que en diciembre, cuando venza el plazo de la nueva suspensión a los remates -y con el Congreso en extraordinarias- el tema aún no estará resuelto.
Otros, en cambio, dicen que el Congreso ya hizo lo que tenía que hacer y que el tema ahora está en manos de la Corte, y que el Poder Legislativo se debería dedicar a refinar el mecanismo del fondo fiduciario.
Del dicho al hecho
El Congreso pensó que el tema estaba liquidado. La solución no era óptima, pero nada lo era por aquel entonces en la Argentina. La propuesta era sencilla: el organismo de aplicación -que en un principio era el Ministerio de Economía y luego se trasladaría al Banco Nación- pagaría a los acreedores de acuerdo con lo estipulado en el contrato original, pero sobre la base de la ley de Convertibilidad: un peso-un dólar, a lo que se agregaría el CVS o el CER. A su vez los deudores pagarían al fondo fiduciario una cuota fija mensual y proporcional a los ingresos de la familia. Este beneficio sólo sería para aquellos que hubieran adquirido un préstamo de menos de 100 mil dólares, para vivienda única y en el período de vigencia de la convertibilidad.
Sin embargo, lo que en la teoría parecía cerrar perfecto, en la práctica no sucedió así. El Banco Nación no estaba preparado para absorber esa cantidad de casos y, mientras se analizaba cada uno de ellos, muchos jueces dictaron el remate de las viviendas hipotecadas.
Así, el Congreso volvió al rescate e hizo una serie de modificaciones a la ley, la cual tampoco fue aceptada por los acreedores, que siguieron haciendo demandas y pidiendo a la Justicia que dicte la inconstitucionalidad y habilite los remates hipotecarios.
Frente a esto la Justicia tuvo tres tipos de respuestas: la primera fue decir que los deudores deberían cumplir el contrato original en dólares; la segunda apelar a la famosa figura del esfuerzo compartido, que habla de dividir en dos los dos pesos de diferencia entre el dólar de 2001 y el actual, y la tercera aceptar el fideicomiso como válido.
Dado este cuadro de variación interpretativa todas las miradas se posan sobre la Corte Suprema, instancia en la cual ya hay algunas causas pendientes. Lo que ella dicte generará jurisprudencia y en función de eso el Congreso deberá actuar: si dice que es inconstitucional habrá que hacer una nueva ley; si dice que el fondo fiduciario es válido habrá que refinar los mecanismos de adopción del sistema
“Me parece central que se cierre la discusión sobre constitucionalidad o no de la norma”, opinó la senadora Sonia Escudero, quien sin embargo apuntó cuáles son los temas que el Poder Legislativo debería resolver mientras tanto. “Se debe trabajar en otras cosas: citar al Banco Nación para ver cuál es el problema por el que a pesar de que hay una cantidad importante de causas que ingresaron al fondo fiduciario, los acreedores siguen planteando la inconstitucionalidad de la norma: no se les paga, y a los deudores en las provincias el Banco Nación no les acepta la presentación de su caso. Entonces el problema no es sólo constitucional, sino también hay fallas en la implementación”, explicó a Parlamentario.
El tema se está trabajando actualmente en la Comisión de Legislación General del Senado, que preside el santacruceño Nicolás Fernández. Según explicó el legislador a Parlamentario, en estas semanas se están comenzando a discutir mecanismos de mediación por los cuales se habilite el derecho del mediador -es decir el Estado- de conocer la letra chica de los contratos entre privados; si se abren los contratos será más fácil someterlos a mecanismos de arbitraje y controles.
También se habla de dotar a la ley vigente de algunos argumentos que permitan que la Corte se pronuncie rápidamente por la inconstitucionalidad, como por ejemplo el derecho constitucional a tener una vivienda. En ese sentido, varios legisladores están pidiendo que se declare la emergencia habitacional en el país. Con esta figura, dicen, la Justicia debería contemplar -aunque sea a regañadientes- la excepción planteada por el Congreso.
Según con quién se hable se encontrarán distintas posturas. Por ahora, la que prima es hacer reuniones, plenarios, audiencias… demostrar que se trabaja, mientras la Corte se expide en uno u otro sentido.
Tres tipos de deudores
No existe un solo tipo de deudor. De hecho, según con quien se hable pueden aparecer varias modalidades distintas. Sin embargo, en rasgos generales existen tres.
El primero -el caso más conflictivo- es el de aquellos que obtuvieron un préstamo por fuera del sistema financiero, en general a través de una escribanía. Para éstos no sirvió la pesificación, con lo cual de no ser por la ley 25.798 de Sistema de Refinanciación Hipotecario deberían pagar tres pesos por cada dólar recibido, caso contrario se les remataría su vivienda única. La ley permite que se acojan de modo unilateral a los beneficios del fondo fiduciario. Esta unilateralidad es uno de los argumentos más esbozados por los acreedores -y aceptado por algunos jueces- para promover la inconstitucionalidad de la ley.
La segunda categoría son los deudores del sistema financiero. El Sistema de Refinanciación Hipotecario establece para los acreedores la posibilidad de acogerse a este mecanismo, si es que lo desean. Pero al no ser obligatorio los bancos arbitraron sus propios métodos de refinanciación, que en general son imposibles de pagar.
Por último aparecen quienes contrajeron sus deudas con el Banco Hipotecario antes de la sanción de la ley de Convertibilidad (cabe recordar que la mitad de su paquete accionario pertenece al Estado). Estos ya vieron renegociadas sus deudas sucesivamente.
“Mi visión es que deberíamos ajustar la ley del Fondo Fiduciario para que puedan ingresar todas las categorías de deudores hipotecarios que incurrieron en mora en el período que establece la ley, y cuyos créditos no superan los 100 mil pesos y son por vivienda única y familiar”, opinó Escudero quien enfatizó en la necesidad de que estos deudores no paguen una cuota mayor al 25% de sus ingresos.
Mientras desde el oficialismo están desconcertados y un poco divididos, la oposición está planteando posturas más uniformes. “Si se nos hubiera hecho caso, en su oportunidad, no estaríamos ahora otorgando otros 180 días de prórroga”, opinó Jorge Vanossi, quien se aventuró a afirmar que “cuando venza este plazo volveremos a votar una nueva prórroga, porque no se quiere o no se puede encontrar la solución de fondo para superar esta crisis”.
Desde el PRO la propuesta es sencilla: que no se siga alterando la seguridad jurídica y posibilitar al jefe de Gabinete que reasigne partidas presupuestarias para otorgar créditos a largo plazo y con tasas preferenciales que permitan que los deudores paguen a los acreedores. Esta postura es criticada por todo el arco de centroizquierda, que asegura que no se puede condenar a los deudores a pagar de por vida el triple de lo que recibieron, por un problema del país. “Esto es responsabilidad esencial del Estado, porque no fueron los deudores ni los acreedores los que llevaron la moneda al 300 por ciento del valor considerado originariamente”, aseguró la diputada Marta Maffei.
Por otra parte, Vanossi propuso el uso del “per saltum” para que la Corte se expida. Aunque sabe que para eso hay un grave problema: “Para definir si la norma es o no constitucional, hacen falta cinco votos concordantes, que no se tienen. Entonces, obviamente van a pasar años, y quizá lustros, sin que la Corte defina esta cuestión”, explicó. El problema es que hasta hoy la Corte sólo está trabajando con siete miembros.
La senadora Escudero también opinó: “Eso ya lo he planteado claramente. Para que haya decisiones estables tienen que ser dictadas por miembros estables de la Corte”, aseveró.
-¿Es posible conseguir la mayoría con esta composición?- le preguntó Parlamentario.
-Nosotros no nos podemos involucrar en otro poder. Vamos a tener que esperar a que salga la sentencia.
También desde el bloque Peronismo Federal hay un proyecto alternativo. La idea es crear un Registro Unico de Deudores del Sector Privado. “De esta manera, sería mucho más fácil agilizar las operatorias del fondo fiduciario”, dijeron.
Hasta que K se defina
En la Cámara baja el tema está en varias comisiones. Una de las que más está trabajando en el tema es la de Vivienda, presidida por la radical chaqueña Liliana Bayonzo. En esa comisión, según se informó a Parlamentario, se estaría redactando un proyecto de ley “de fondo”, que contenga a todas las variantes de deudores de vivienda única. No obstante, los conocedores de los pasillos parlamentarios saben la suerte que suelen correr los proyectos elaborados en comisiones presididas por la oposición.
El diputado del Frente para la Victoria Raúl Solanas también presentó un proyecto al respecto, que se centra sólo en los deudores del sistema financiero. La idea es hacer obligatoria la incorporación al sistema del fondo fiduciario a través del Banco Nación, y compensar a los bancos con un bono a largo plazo “si hubiese una diferencia”, aunque aclaró: “Hay que hacerlo sin que esto signifique un salvataje al sistema financiero. Pero en este momento no vemos otra medida”.
En Diputados, legisladores kirchneristas, la UCR y el ARI se ven esperanzados de poder alcanzar el consenso y dialogar en forma unificada con el Ministerio de Economía. Lo cierto es que el proceso de tomas de decisiones central no se encuentra en la Cámara baja, sino en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por un hombre de confianza del Presidente, como es Nicolás Fernández, que no dará un paso sin el consentimiento oficial. También son muy escuchadas las posiciones de Jorge Capitanich y de Sonia Escudero.
Mientras tanto, en ambas cámaras esperan que se cumpla la promesa del jefe de Gabinete en la última presentación realizada en la Cámara baja, mediante la cual se comprometió a conformar una comisión bicameral de trabajo junto con el Poder Ejecutivo “Hasta el día de la fecha no tenemos noticias de ello y nuevamente estamos por votar una prórroga sin otra alternativa”, se quejó el diputado Jorge Sarghini en la sesión en que se trató la última prórroga.
Solanas refutó esta afirmación e insistió en que el tema se tratará antes de fin de año. “Yo no sé si será nuestra propuesta, pero va a haber una solución y estoy seguro de que el presidente Néstor Kirchner también intervendrá en el conflicto”.
Los problemas son graves y numerosos: flexibilidad de la norma, dificultades de acceder a la información, la no conformación de la Unidad de Reestructuración de las Deudas, que prevé la ley, y que debería estar integrada por legisladores.
Las cartas están echadas, y propuestas hay muchas. Sin embargo, una vez más la resolución del conflicto no depende de este Congreso sino de la Casa Rosada, la cual todavía no se ha pronunciado.
