Por Pamela Fedra Vallet

En la Argentina, al igual que en el resto del mundo, existe un fuerte descenso del número de jóvenes y un incremento del número de ancianos, como una consecuencia combinada de la disminución de la tasa de natalidad y los mayores recursos de la medicina.

Esa situación tendría que ir acompañada por un accionar eficiente de los gobiernos que deberían empezar a planificar cómo van a enfrentar esta realidad, algo que actualmente no sucede.

Años atrás, llegar a anciano era poco habitual, pero ahora se convirtió en el destino de la mayor parte de la población, Sin embargo, poco se hizo en el ámbito porteño para afrontar el conjunto de problemas que plantea esta situación. Muchos parecen no saber que la vejez es una etapa que merece ser vivida y disfrutada plenamente.

En la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales del Area de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo, viven unos 600 mil adultos mayores, que conforman alrededor del 20 por ciento de la población total. Más de la mitad de estas personas pertenece a sectores contributivos que dependen previsionalmente de la ANSeS y cuya cobertura médica y social corresponde al PAMI o a diversas obras sociales. Entre la población no contributiva, alrededor de 50 mil adultos mayores en situación de extrema pobreza son cubiertos por el Programa Federal de Salud y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. El resto de los adultos mayores de la Ciudad carece de cobertura médica y social y son las que se atienden por el Plan Médico de Cabecera y utilizan la internación geriátrica del Gobierno porteño.

Actualmente, existen alrededor de 720 hogares de ancianos registrados en la ciudad, pero está comprobado que estas instituciones son nefastas terapéuticamente y que, además, aumentan el índice de enfermedades y aceleran la muerte de los ancianos.

La mayor parte de los hogares geriátricos se encuentran en estado deplorable, por falta de higiene, de medidas de seguridad, de personal y, en algunos casos, hasta de espacio físico para albergar a la gente mayor, por lo cual se encuentran hacinados.

A raíz de este hecho, el Gobierno porteño dispuso el desalojo de 83 geriátricos privados, sobre los que ya pesaba la figura de la “clausura administrativa”, pese a que continuaban en funcionamiento.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Diego Gorgal, sostuvo que “la medida tendrá un cumplimiento gradual, que demandará un par de meses en completarse. Se estima que los geriátricos cuestionados albergan a unos 1.500 abuelos. Se llegó a tomar esta medida debido a la irresponsabilidad de los dueños de los geriátricos”.

Del mismo modo y para justificar la medida, Gabriela Groba, funcionaria del Ministerio de Derechos Humanos, manifestó que “estamos ante casos de abusos, maltrato y abandono de personas”.

“Primero, los familiares deberán hacerse cargo de las 1.500 personas que residen en los geriátricos, porque ésa es su responsabilidad. Hay otros geriátricos que cumplen con la normativa exigida. En el caso de que algunos ancianos queden desamparados, el Gobierno porteño los reubicará en establecimientos propios”, explicó Groba.

Según datos suministrados por la Subsecretaría de Control Comunal, entre marzo de 2005 y marzo del corriente año, luego de renovarse este área del Gobierno tras la tragedia de Cromañón, se realizaron 2.035 inspecciones a 700 geriátricos. “Con la modalidad escogida, nuestro objetivo fue que al menos una vez al año todos los geriátricos tengan una inspección”, especificó Gorgal.

Desde la Comuna explicaron que “en enero de este año, el Gobierno introdujo por decreto modificaciones al Código de Faltas. Con los geriátricos, queda claro, fallaron los controles. No es aceptable que lugares clausurados hace casi un año siguieran funcionando con las mismas fallas por las que habían sido sancionados”.

Proyectos

Son pocos los proyectos que existen en el ámbito legislativo con el fin de mejorar las condiciones de vida de la tercera edad. Resulta extraño que no se piense en ellos cuando cada vez integran un conjunto más amplio dentro de la sociedad actual.

Por el momento, hay una iniciativa del legislador del bloque Compromiso para el Cambio Roberto Destéfano, que propone “crear un hospital de geriatría y cuidados paliativos para los hombres y mujeres de la tercera edad”, y “sin desvirtuar la atención hospitalaria de los mayores en los demás hospitales, sea el Rivadavia el hospital de referencia, y sea el que rija la política de salud para la tercera edad y el resto de los hospitales integren la red”, concluyó Destéfano.

Asimismo, otros proyectos están siendo estudiados por algunos diputados del bloque del ARI, que se muestran día a día perplejos por lo que está sucediendo con las instituciones geriátricas en el ámbito porteño, pero están aún en proceso de elaboración.

En definitiva, al ser la población más vulnerable, los mayores requieren de cuidados y atenciones especializadas. Sin embargo, son cada vez más las denuncias efectuadas respecto de las pésimas condiciones de vida en que se encuentran los geriátricos. No se tiene en cuenta que este grupo etario presenta una problemática propia que está caracterizada por tres factores que están íntimamente relacionados y son generadas a partir de estar apartados del aparato social: pasividad, marginalidad y dependencia.

Esa última etapa de vida se ve agravada por las difíciles condiciones socio-económicas por las que se enfrenta cada uno de ellos, pues muchos se encuentran en situaciones de extrema necesidad.

En este ámbito, la inacción política tiene mucho que ver con esta problemática, se encargan de dar subsidios a los Hogares pero escasean programas alternativos y capacitación del personal que está a su cargo. No ofrecen soluciones concretas que permitan mejoras en la calidad de vida, y de reinserción en la comunidad.