No eran tiempos sencillos aquellos en los que comenzó a publicarse Semanario Parlamentario. ¿Cuándo lo han sido en la Argentina?, podrá preguntarse el lector atento. Los ha habido, tal vez no han durado, pero lo cierto es que no fueron esos días de 1989 en los que esta publicación comenzó a marcar su ruta en el ámbito legislativo. Por el contrario, eran de ebullición plena.

Hablamos de principios de julio de 1989, y cuesta recordar aquellos tiempos lejanos. Pero el ejercicio de la memoria sirve para traer al presente un tiempo trascendental de nuestra etapa democrática, marcada precisamente por puntos de inflexión, de esos que sobran en nuestra ajetreada política internas.

Por ese entonces se asistía a los últimos días del gobierno de Raúl Alfonsín, surgido con la fulgurante esperanza de la salida de un período oscuro como fue el de la dictadura, que concluyó tristemente en medio de una irrefrenable crisis que desembocó en la necesidad de elecciones anticipadas. Un recurso extremo que, lamentablemente, debió volver a ponerse en práctica con el correr de los años, aunque siempre es preferible al atajo de los golpes de Estado.

Parlamentario apareció por primera vez un 4 de julio de 1989 y por esos días el presidente electo Carlos Menem aceleraba las reuniones y elaboración de planes para asumir el poder el 8 de julio venidero. En tal sentido, el todavía gobernador riojano -que por entonces seguía luciendo sus generosas patillas- se reunía imprevistamente en su provincia natal con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Francisco Gassino, para analizar la sucesión en la jefatura de esa fuerza, los problemas internos y las probables vías de solución. La cuestión militar merecía una especial atención de parte de los políticos.

La posibilidad de los indultos era sólo un rumor, y los comandantes del Proceso seguían presos. Es por eso que ese 4 de julio la Cámara Federal de la Capital Federal emplazaba al Ministerio de Defensa para que explicara quién había autorizado el abandono del penal militar de Magdalena de Enrique Eduardo Massera, violando su condena a prisión perpetua.

Eran tiempos de ebullición política y social, y entre los titulares se destacaba la ola de saqueos que se producían en diversas zonas de Rosario. Recordemos que, como con Fernando de la Rúa, los saqueos a supermercados fueron un elemento clave a la hora de arrastrar al precipicio a uno y otro gobierno constitucional.

¿Cómo estaba la economía de esos días? Uno que va refrescando la memoria de esos tiempos puede ir lentamente recordando aquella agitada época. La inflación era irrefrenable -junio terminó con 114,5%- y por esto el designado secretario de Gestión Económica, Eduardo Curia, adelantaba la posibilidad de concertar con los empresarios un congelamiento de precios durante el inminente gobierno justicialista, que se enmarcaría dentro del plan anti-hiperinflacionario -así se lo denominaba- que aplicaría el futuro ministro de Economía Miguel Roig. Plan que contaba con el asesoramiento del economista estadounidense Jeffrey Sachs.

De todos modos, la ola de remarcaciones no tenía techo, superando en algunos casos el ciento por ciento. El vino común se pagaba a un promedio de 140 australes, cuando la semana anterior su valor era de 88. El agua mineral costaba a fines de junio 38 australes, mientras que al aparecer Semanario Parlamentario ya ascendía a 67 australes. La docena de huevos se comercializaba a 340, luego de aumentar 70 en una semana, y el azúcar valía 170 australes el kilo. Un kilo de pan costaba 200 australes.

La harina aumentaba un 45%, la yerba 67%, la mayonesa 38%, el arroz 40%, los lácteos 25%, los fideos 50% y las galletitas más del 100%.

Eran tiempos de crisis en todos los niveles. Los titulares anticipaban un posible desabastecimiento de las estaciones de servicio de YPF por el paro de transportistas que las abastecía, disponiendo la Secretaría de Energía un racionamiento en el expendio que establecía el otorgamiento de sólo 20 litros por vehículo; tiempos de cortes programados en el suministro de energía, y momentos de cierre de carnicerías, en protesta por “los extraordinarios incrementos” que se venían registrando en la carne. Producto que desde enero había experimentado un aumento de 1.849%... Porcentaje superior al incremento del costo de vida del 564%, de enero a junio.

El dólar operaba en baja, cotizándose a 525 australes para la venta, luego de que el primer día hábil del mes se dispusiera una nueva devaluación del 6,11%. El austral había sido devaluado ya un 57,06% desde la vigencia del sistema cambiario vigente.

El salariazo

Grandes expectativas había en torno de los salarios. Sobre todo a partir de que Menem había anunciado el último día de junio detalles del “salariazo” prometido durante la campaña. Al cabo de un encuentro con el líder cegetista Saúl Ubaldini, en el Hotel Elevage, el riojano anticipaba que el aumento sería del 100% en relación al salario actual, en el marco de un programa económico de ajuste.

El plan económico en preparación anticipaba un severo plan de ajuste con congelamiento de precios, tasas por encima de la inflación, un fuerte incremento de tarifas y dólar a 500 australes. Se hablaba de un “súper shock” económico dejando de lado todo gradualismo.

Se sabía ya de la participación de la diputada nacional María Julia Alsogaray y el sindicalista Julio Guillén en la futura privatización de ENTel, hecho que generó como reacción una marcha opositora de un sector del gremio telefónico. Como respuesta, el futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advertía que “esa marcha tendrían que hacerla tres millones de familias que se encuentran en total estado de carencia en materia de servicios telefónicos”.

La designada interventora anticipaba por su lado que la privatización de la empresa estatal “se concretará en un plazo no mayor a los próximos 180 días”. En ese cálculo no falló, no resultándole en cambio la promesa de limpiar el Riachuelo en mil días que haría en el futuro, luego de la privatización de ENTel.

Otra empresa que se privatizaría era Aerolíneas Argentinas, que sin embargo tenía superávit. Según se promovía, el primer fin de semana de julio la aerolínea de bandera había obtenido en 1988 un superávit operativo de 28,4 millones de dólares, con un índice récord de ocupación de sus aviones del 67,4%. Era el segundo año consecutivo en que el saldo era positivo, luego de ser deficitaria entre 1980 y 1986.

No existían los Planes Trabajar, implementándose en cambio un plan de asistencia denominado “Operativo solidaridad”, consistente en la distribución de bonos mensuales y una cuota alimentaria a valores constantes, por 12 mil australes aproximadamente.

Internacionales y policiales

En materia internacional era noticia la muerte de Andrei Gromyko, legendario ministro de Relaciones Exteriores soviético, que atravesara dramáticos acontecimientos en las relaciones Este-Oeste, mientras el sonado contrabando de armas conocido como el caso Irán-Contras llegaba a sus postrimerías, con la condena de Oliver North a, apenas, 3 años en suspenso y una multa de 150 mil dólares.

Pero el titular de todos los diarios del martes 4 de julio -en que por primera vez apareció esta revista- no estaba relacionado con los avatares políticos, nada que ver. Los medios estaban concentrados en la condena aplicada contra el ex campeón del mundo Carlos Monzón, declarado el 3 de julio culpable de homicidio contra Alicia Muñiz. La Cámara Penal marplatense que lo juzgó oralmente votaba por unanimidad una condena de 11 años de prisión, habiéndose acreditado durante el proceso que la modelo tenía al momento de caer del balcón “lesiones aptas para producir estado de inconsciencia”, por lo cual, concluía que “con esas lesiones la muerte, con caída o sin ella, era inevitable”. Empero, se detallaba que con las disposiciones del Código Penal bonaerense, el ex boxeador podría salir libre en febrero de 1994, o sea 4 años y siete meses más tarde. Con todo, Monzón jamás salió en libertad, ya que fallecería en un accidente automovilístico durante una salida autorizada.

Otro plan de emergencia

El gobierno de Menem se disponía a enviar al Congreso un proyecto de ley de emergencia y reestructuración de las empresas del Estado que disponía “intervenciones en las empresas públicas, con facultades de directorio, para racionalizar personal”, tal cual confirmaba el vicepresidente del bloque de diputados peronistas, Augusto Alasino, quien había trabajado en la elaboración del mismo junto al futuro secretario de Obras Públicas, Rodolfo Barra. El proyecto eliminaba la estabilidad de los empleados y la condición de sumario previo, y sería cumplimentado con otro que declararía sujetas a privatización o transferencia a todas las propiedades del Estado, incluyendo a empresas públicas, sociedades mixtas, entes autárquicos y sociedades anónimas con participación estatal, que estuvieran en dependencia de cualquier ministerio. Alasino anticipaba que se declararía la suspensión de juicios contra el Estado o de ejecución de las sentencias en todas las áreas de la Administración estatal.

Dicho sea de paso, Alasino pretendía por esos días la presidencia del bloque de diputados peronistas, aunque el senador Eduardo Menem se encargaba de aclarar que José Luis Manzano seguiría ocupando ese cargo hasta fin de año.

Precisamente, el diputado mendocino anticipaba que el ajuste que aplicaría el futuro gobierno apuntaba a que fueran “los sectores del privilegio” los que más pagaran.

Y ya que estamos en el Congreso, el presidente Alfonsín realizaba el día previo a la aparición de Parlamentario su última visita al Palacio de las Leyes antes de entregar el poder. Lo hacía para despedirse de las autoridades y jefes de bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición, a quienes expresaba su “íntimo agradecimiento por haber contribuido a la consolidación de la democracia”.

El mandatario visitó el despacho del presidente del Senado, Víctor Martínez, junto al vocero presidencial, José Ignacio López. En el salón de la presidencia de la Cámara alta estuvieron también los secretarios Antonio Macris y Leonardo Palomeque, y el senador radical Ricardo Laferriere. Seguidamente, Alfonsín y Martínez subieron por el ascensor hasta el segundo piso, para acudir al despacho de la presidencia provisional, donde se reunieron con el justicialista Eduardo Menem. Luego de una reunión de 15 minutos a solas, el Presidente descendió por las escaleras y caminó hasta la Cámara baja hasta la presidencia de la misma, donde fue recibido por Leopoldo Moreau, Eduardo Duhalde -futuro titular del Senado- y Alvaro Alsogaray.

Alfonsín permaneció una hora en el Parlamento, en lo que consideró “una visita inédita”, recibiendo calurosas muestras de afecto de decenas de personas que se amontonaron en los pasillos legislativos gritándole “fuerza Raúl”. Aunque no todas fueron rosas, ya que cuando se retiraba a bordo del automóvil presidencial alguien le arrojó un huevo, que fue a dar contra un cronista de Canal 11. Otro gritó “viva Rico”.

El radical Leopoldo Moreau había quedado al frente de la Cámara de Diputados el 26 de abril de 1989, tras la designación como ministro de Economía de Juan Carlos Pugliese, quien había desempeñado ese cargo ininterrumpidamente desde el 10 de diciembre de 1983. El 6 de julio asumió en lugar de Moreau el justicialista Alberto Pierri, quien se convertía en el 71° presidente del Cuerpo y se mantendría en el cargo durante toda la gestión menemista, marcando un récord en la materia.

“No pretendemos ser los salvadores de la Patria ni nos creemos superhombres”, proclamó Pierri en sus primeras declaraciones como presidente de la Cámara. El diputado radical Jorge Vanossi fue designado vicepresidente primero, mientras el ucedeísta Alvaro Alsogaray era ratificado como vicesegundo.

Levántate y anda

El gobierno de Carlos Menem asumió el sábado 8 de julio, con la presencia de no demasiados mandatarios extranjeros. Vinieron José Sarney (Brasil); Julio María Sanguinetti (Uruguay); Alan García (Perú); Andrés Rodríguez (Paraguay); Daniel Ortega (Nicaragua); y Manuel Solís Palma (Panamá). El primer gabinete designado por Menem incluía a Miguel Roig en Economía -como parte del sorpresivo acuerdo con Bunge y Born para establecer un plan económico-, Domingo Cavallo en Relaciones Exteriores, Eduardo Bauzá en Interior, Antonio Salonia en Educación, Roberto Dromi en Obras y Servicios Públicos, Julio Corzo en Salud y Acción Social, Triaca en Trabajo e Italo Luder en Defensa.

Al asumir en el Congreso de la Nación Menem se comprometió a dar una gran batalla contra la hiperinflación, alentar la revolución productiva, solucionar de manera “definitiva y terminante” la problemática militar, pagar la deuda externa sobre la base de la comprensión de los acreedores, recuperar las islas Malvinas, castigar la evasión de impuestos y juzgar la corrupción pública como un acto de “traición a la Patria”.

“Argentina, levántate y anda”, repitió tres veces, casi a voz en cuello, mientras un cerrado aplauso coronaba el mensaje pronunciado en el recinto de la Cámara de Diputados, donde a continuación atronaron las estrofas de la Marcha Peronista. Manzano aparecía como el más eufórico a la hora de entonarla, mientras el presidente del bloque radical, César Jaroslavsky, esbozaba una sonrisa ante tanta algarabía. No muy lejos, la diputada peronista Inés Botella compartía la banca con su hijo menor, a pesar de una prohibición reglamentaria expresa en el tema.

Allí estaban los cronistas de Parlamentario, graficando para la posteridad todo lo que allí sucedía. Recogiendo testimonios de diputados como José Manuel de la Sota, quien confiaba en llegar pronto a la gobernación de su provincia -debió esperar algunos años más-; Alberto Albamonte, quien como toda la UCeDé estaba siendo seducido por el flamante presidente; y el senador José Antonio Romero Feris, quien rescataba del discurso presidencial la “unidad nacional” promovida.

Asistiendo a esa histórica jornada para lo que sería la segunda edición de esta revista.