"El Ministerio de Economía de la Nación propició en 2003, 2004 y 2005 la inclusión de la norma que ahora merece cuestionamientos muy oportunistas y difícilmente pueda pensarse que lo hacía desatendiendo la salud de la República", se indicó en un comunicado de la cartera que conduce Felisa Miceli.

"Por lo tanto, es evidente que se falta a la verdad cuando se argumentan razones vinculadas a la "calidad institucional" para cuestionar la reforma propuesta", agregó el comunicado.

En el año 2005, "el Gobierno -y por ende también este ministerio- (es decir, Lavagna) - no impulsó la medida delegatoria de facultades presupuestarias para el ejercicio en curso, tan sólo por estimar que debía propiciarse una norma que definitivamente adecuara el rol administrador que la Constitución Nacional asigna al Jefe de Gabinete con las atribuciones que la Ley de Administración Financiera reserva para el Congreso Nacional".

La nota, que no lleva la firma de Miceli, pero si se distribuyó oficialmente, destaca que "aún así, se pensaba -correctamente- que la situación de excepción todavía se mantenía, y que incluso perduraban muchos aspectos vinculados a la "emergencia" que llevaban a delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional".