Para estudiar los más de 50 proyectos de reforma política existentes, fue creada una Subcomisión en Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. Sin embargo, no hay ninguna señal oficial de la Casa Rosada que demuestre interés en la cuestión.
Por Julio El Alí
Uno de los clásicos que se repite año a año en el Congreso es anunciar que ha llegado la hora de la postergada reforma política, con el objetivo de reconciliar sus prácticas con la gente. Por lo menos ese enunciado teórico es el que más aparece reflejado en las páginas de Parlamentario en los últimos 17 años, al abordar esta cuestión.
Como se aprecia, en el listado de iniciativas en ambas cámaras no queda nada, o casi nada, fuera de la inquietud de los senadores y diputados y, sin lugar a dudas, en caso de obtener la sanción implicaría un salto cualitativo de la democracia tras el regreso de la última dictadura militar. Uno de los temas presentados es obturar el arribo a la banca de quienes están acusados de violaciones a los derechos humanos y, dado que se inscribe en las acciones que impulsa el presidente Kirchner, es factible que deje de ser un deseo y se convierta en realidad.
A los demás temas les espera un destino de incertidumbre, en caso de recorrer con éxito los insondables vericuetos en ambos recintos. Nadie en el oficialismo suelta prenda sobre la existencia de señales del Ejecutivo para avanzar en la sanción de estas leyes.
Inclusive en la reciente reunión de los ministros con los senadores K, donde se armó la agenda legislativa hasta fin de año, ninguno de estos proyectos están en la mira.
Maniobras de distracción
Por iniciativa del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Diputados, Juan Manuel Urtubey, y el consentimiento de los miembros integrantes de la misma, se creó una subcomisión con el objetivo de tratar los casi 50 proyectos relacionados con una reforma política.
La subcomisión se conformó sin límites de cupo o interés partidario, ya que cada diputado que quiso participar se anotó en una lista. Por lo tanto, la integración se dio “de una manera muy democrática y amplia”, según calificó el diputado Pablo Tonelli, integrante de Asuntos Constitucionales.
Sin embargo, el diputado justicialista Guillermo Baigorri, quien integró la comisión el año pasado, afirmó a Parlamentario que “no es la primera vez que se intenta realizar una reforma política. Varias veces se crearon este tipo de subcomisiones, pero nunca se llegó a nada y dudo que se pueda modificar algo. Salvo que el Gobierno nacional decida cambiar algunos puntos cerca de las elecciones del 2007. Pero esta cuestión no es exclusiva de este Presidente sino que es histórica”.
Tonelli explicó la posición del PRO respecto de los cambios en materia política y señaló que hay algunos aspectos en la ley de partidos políticos que deben modificarse. En particular, el Código Electoral Nacional debería prever “la posibilidad de que se instrumente el voto electrónico, ya que es necesario para continuar avanzando en la transparencia, ahorrando -además- mucho tiempo. También hay que poner énfasis en cambiar el financiamiento de los partidos políticos porque, si bien el objetivo es muy bueno, no fueron del todo satisfactorios sus resultados”.
El régimen de internas abiertas sin un control suficiente fue otro de los puntos característicos indicados por el legislador como de mayor interés en modificar.
Partidos políticos
Las últimas elecciones arrojaron una problemática seria para la democracia, ya que los candidatos fueron enarbolados como símbolos partidarios con el objeto de captar votos por asociaciones con el pasado, pero -de ese modo- provocando confusión en el electorado. Cabe recordar que Néstor Kirchner triunfó en las elecciones presidenciales con el 22 por ciento de los votos, y que en aquella oportunidad ninguna lista fue bajo el sello de Partido Justicialista, sino que sus tres representantes (Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá) se presentaron por afuera de la estructura partidaria.
Ir por adentro o ir por afuera: esta particular situación también podría cambiar, ya que desde la oposición intentarán reglamentar que una fuerza no se pueda desdoblar en una elección, con la intención de ser diferentes, y competir con dos o tres candidatos.
Otro de los temas que serán abordados es el de las listas sábana y la forma de eliminarlas, aunque “a priori” es un tema muy complejo que afecta a los distritos grandes, como Buenos Aries o Santa Fe. En este sentido, existe un problema constitucional porque la Carta Magna prevé que cada provincia es un distrito único.
El diputado macrista Jorge Vanossi presentó una propuesta para reformar el sistema electoral basado en el voto de preferencia. Para el legislador Federico Pinedo, “en materia electoral no existen sistemas perfectos y es imprescindible avanzar con una reforma electoral que elimine las llamadas ‘listas sábana’ en los distritos electorales más numerosos, por lo que pretendemos ofrecer una alternativa más, basada en la subsistencia del sistema proporcional D’Hont”. Pinedo explicó que el método que propone está basado en un principio por demás sencillo e igualitario: “Todos los ciudadanos de la Argentina, sin perjuicio del distrito electoral al que pertenezcan, votarán por una lista corta de candidatos, que les permita conocer a quienes tienen posibilidades efectivas de elección”.
Otro de los sistemas propuestos fue el de “tachas”, el cual consiste en la oportunidad que el elector marque con una cruz el nombre del diputado que integra la nomina del partido al que no vota. Por ejemplo, el elector podrá votar la Lista A pero no al diputado Nº 3 propuesto por el partido haciendo una simple marca. “Así se brindaría una verdadera opción de elegir y eliminar las listas sábana, ya que si un candidato a diputado suma muchas tachas, bajará de posición y hasta podría no ingresar. Es decir, se alteraría el orden propuesto inicialmente”, explicó Baigorri, autor de la iniciativa.
La tecnología
Los nuevos tiempos proveen una herramienta que, aplicada de manera correcta, se transforma en un aliado de la transparencia democrática. Los avances tecnológicos permitirían votar utilizando una urna electrónica, bajar boletas por Internet o publicar el padrón definitivo en la página oficial.
Sin embargo, no es tarea fácil adaptar los viejos sistemas, ya que los cambios deben ir acompañados de una asimilación cultural y una firme convicción de los partidos políticos en buscar mejorar el sistema electoral para una mayor calidad institucional.
El voto electrónico es un anhelo que se viene tratando hace mucho, desde proyectos presentados tanto por el oficialismo como por la oposición. Sin embargo, siempre fue dejado de lado aludiendo a los distintos problemas que conlleva implementar la nueva modalidad.
El año pasado fue presentado por el diputado Guillermo Alchourón un proyecto con la intención de dar una normativa al voto electrónico. El mismo fue analizado y también comparada la legislación pero, además, se tuvieron en cuenta los resultados en la aplicación, críticas de la implementación y sanciones a las infracciones de los sistemas electrónicos de votación de Brasil, Venezuela, Paraguay, Valencia, Euskadi (País Vasco) en España y otras experiencias en los Estados federales de EE.UU. Luego de estos análisis no son los mejores vientos los que le esperan a la iniciativa. Aunque Urtubey aseguró que se le daría tratamiento especial en la comisión. En cambio, trascendidos afirman que no es prioridad para el Gobierno.
El Senado espera
Luego de las victorias en el frente de batalla al mando de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara alta vive dos realidades: la imposición de la mayoría de los oficialistas y el enojo del resto que -por cierto- poco le importa a la primera dama.
Con la aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura, la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia y la entrega de superpoderes al jefe de Gabinete, no hay quien se atreva a asegurar que todo lo que apruebe el Senado no tenga el consentimiento del Poder Ejecutivo Nacional. Más aún, si los proyectos deben pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, como las iniciativas de reforma política.
Cristina Fernández se ha convertido en la voz oficial del bloque y será muy difícil que se modifiquen puntos estratégicos del Código Electoral Nacional o de la Ley de Partidos Políticos, salvo que el Gobierno lo exija.
Por lo tanto, se deduce que los proyectos que se debatan en la Subcomisión de Asuntos Constitucionales de Diputados serán de real interés para el kirchnerismo y estarán coordinadas las acciones con los senadores, ya que el estilo de gobernar del Presidente obliga a acelerar los tiempos legislativos, siendo el mejor ejemplo los DNU o el feriado del 24 de marzo, que se trató en ambas cámaras el mismo día.
En un principio, las reformas que tienen el visto bueno son la modificación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, una norma para evitar un nuevo caso como el del Luis Patti y algunos cambios en la Justicia y el Código Electoral. Si bien se piensa que varias son las reformas que necesita el Código Electoral, no sería así con la Ley de Partidos Políticos, ya que influye la situación del partido oficialista. Es decir, el Frente para la Victoria y sus alianzas con demás partidos provinciales y la relación con el Partido Justicialista. En Asuntos Constitucionales los proyectos que se tratarán para reformar la Ley de Partidos Políticos son -en su mayoría- del Poder Ejecutivo, lo que provoca la suspicacia de la oposición, la cual buscará acotar el poder pluralista y frenar la conversión al nuevo credo K. Pero toda reforma que se realice tendrá implícita los intereses de quien gobierna, ya que en el peronismo quien gana manda y los demás acompañan.
