El Senado dio sanción a un proyecto de ley que prorroga por cuarta vez toda la legislación que contiene la legislación delegada, ante la imposibilidad de revisar toda esa normativa.
La iniciativa, que fue aprobada por 41 votos a favor y 4 en contra, extiende por otros tres años la vigencia de más de 1500 leyes y unos 330 decretos ley sancionados antes de 1994 que contienen delegación de facultades parlamentarias en el Poder Ejecutivo.
De no aprobarse esta extensión del plazo de vigencia antes del 24 de agosto, los efectos jurídicos de la caída de las normativas allí incluidas podrían ser altamente gravosos, ya que dentro de ese paquete se incluyen iniciativas como la organización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las privatizaciones de empresas de servicios públicos realizadas durante la década pasada y la ley de medicamentos.
En la reforma de la Constitución Nacional se definió un plazo de cinco años para realizar un proceso de revisión de toda la legislación delegada, pero ese trabajo nunca fue concluido y todas esas normas debieron ser prorrogadas por tres años en 1999, por dos en 2002, y nuevamente por un bienio en 2004.
Por la ley 24.967 de 1998 se le encargó al Ministerio de Justicia que disponga la creación de una comisión de notables que se encargue de la revisión de toda la legislación delegada, trabajo conocido como digesto.
Para tal fin, se contrató a la Facultad de Derecho de la UBA y conformó la comisión de expertos, presididos por el constitucionalista Daniel Sabsay.
Pero como el digesto no fue concluido, los legisladores se vieron ante la necesidad de volver a prorrogar todo el paquete de leyes indiscriminadamente.
Precisamente el discurso de la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, giró en torno de la demora exhibida por la Facultad de Derecho en emitir su informe final sobre la legislación delegada.
"Se pagaron varios millones de pesos a la Facultad de Derecho y no sabemos cuál es el estadio del trabajo realizado. No tenemos una idea acabada de lo que ha sucedido con esto (el digesto)", criticó la primera dama.
La senadora también graficó los riesgos de no prorrogar todo el paquete de leyes: "Si no se aprueba esta ley se crea una caja de pandora institucional, donde no se sabe qué es lo queda en pie".
Los cuestionamientos a la norma partieron fundamentalmente del radical disidente Rodolfo Terragno, el socialista Rubén Giustiniani, y los justicialistas Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.
Todos hicieron foco en el mismo punto: que la aprobación de la prórroga significa también una ratificación implícita de toda la normativa relacionada con la delegación de facultades legislativas.
Giustiniani consideró que se trata de "un verdadero cheque en blanco", porque según su criterio "estamos aprobando también la legislación que se realiza a través de esas facultades delegadas. Estamos aprobando todo, desde 2004 hasta la fecha".
