Cuatro legisladores de la Nación reclamaron el juicio político para la jueza de Menores bonaerense Inés Siro, quien impidió realizar un aborto a una joven discapacitada, en un fallo de primera instancia que luego fue revocado, cuando ya era tarde para esa operación.
Los parlamentarios, todos del oficialista Frente Para la Victoria, son las diputadas bonaerenses Diana Conti y Graciela Rosso, su par de Chubut Aldo Marconetto, y la senadora por esa provincia Silvia Giusti.
Para la legisladora chubutense, quien efectuó su presentación ante el Consejo de la Magistratura bonaerense, la jueza "evidentemente no está preparada para ejercer como magistrado de la Justicia".
"Una persona que privilegia sus convicciones religiosas por sobre la tipificacion de un delito penal, evidentemente puede sermonear desde un púlpito, pero nunca una jueza", dijo. La senadora afirmó que "esta mujer es una vergüenza y una deshonra al Poder Judicial; no le va a alacanzar la vida para comprender el daño que cometió".
"No quiero representantes de este tipo en nuestra Justicia y por eso es que propongo el Juicio Político", explicó la senadora, y añadió: "No pretendo subsanar el error ni el daño y sé que esta no es la verdadera Justicia que merecieron la víctima y su familia, pero con su alejamiento se depurará el poder judicial."
El diputado Marconetto apoyó la iniciativa de Giusti, y declaró que "como legislador y médico ginecólogo, no puedo más que repudiar este tipo de acciones que, por sobre todo, vulneran el derecho de la madre".
"Coincido con la senadora Giusti en que se debe investigar a fondo el desempeño de esta jueza para que este tipo de casos no se repitan y se preserve el derecho de la mujer, más allá de los principios religiosos que no tienen sentido en estas situaciones",
Conti y Rosso formalizarán su pedido en base "al fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y en el dictamen de la Procuraduría General, a cargo de María del Carmen Falbo, que explicita la facultad de los médicos de evaluar este tipo de casos sin necesidad de recurrir a la Justicia", dijo la primera.
"La dilación que ocasionó la intromisión de la jueza de menores determinó que el aborto se transformara en una inducción al parto con un riesgo de muerte para la madre muy superior al previsto en un raspaje", añadió Conti.
La demora por el exceso de intromisión judicial, aseguró Conti, impidió realizar el "aborto no punible" contemplado por artículo 86 del Código Civil, que exime de pena a los médicos que lo practiquen a una mujer incapacitada o demente que fue violada. Luego precisó que el nivel madurativo de la joven de 19 años es equivalente al de una niña de ocho años, deficiencia mental contemplada por la ley, "pero la intromisión y posterior demora de la jueza en resolver el caso que se inició el 4 de julio y finalizó a fin de ese mes, determinó este lamentable desenlace".
Giusti también dijo esperar que este caso "al menos sirva de ejemplo, para que varios proyectos para legalizar el aborto en casos de violación, de los cuales uno es de mi autoría, puedan salir a luz y terminar de una vez con la hipocresía y el tabú que rodea a este tema, porque conducen a errores insalvables".
