La Cámara de Diputados aprobó una modificación integral a la Ley de Defensa del Consumidor que "fortalece la posición" de los usuarios y, en caso de que sea sancionada por el Senado, terminará con prácticas tales como las de "pague primero y reclame después".
La iniciativa, que sintetiza varias propuestas y fue consensuada con las organizaciones de consumidores, fue respaldada por 139 votos de kirchneristas, aristas y radicales, rechazada por 10 diputados macristas y recibió 2 abstenciones.
Esta modificación integral fortalece la posición de la parte más débil que es el consumidor y el usuario para poner en equilibrio que es necesario en el libre juego del mercado", sostuvo la diputada Stella Maris Córdoba al presentar la iniciativa ante el recinto.
Córdoba sostuvo que "quienes hemos promovido esta modificación no lo hacemos porque estemos en contra de las empresas de servicios público o de los empresarios poderosos, lo hacemos porque ha quedado claro que es insuficiente para dar garantía a los derechos de los consumidores y usuarios".
La única oposición provino del bloque macrista del Pro. Radicales, socialistas y aristas votaron en cambio junto al kirchnerismo para totalizar 139 votos favorables contra diez negativos y dos abstenciones.
La iniciativa -elaborado en base a propuestas de diputados- establece además que los proveedores "deberán garantizar condiciones de atención y trato dignos y equitativos a los consumidores, en particular a las personas discapacitadas, ancianos y mujeres embarazadas".
Entre otras cuestiones, el proyecto propone que cuando la contratación de un servicio haya sido realizada en forma telefónica o electrónica, podrá ser rescindida a elección del consumidor mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
En tanto, cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, el consumidor gozará de garantía legal por los defectos de cualquier índole aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento.
Otra de las modificaciones extienden la garantía legal de tres a seis meses a partir de la entrega, aunque se habilita a las partes la posibilidad de convenir un plazo mayor.
También se impulsa que en caso de que el objeto deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.