La Cámara de Senadores convirtió en ley, con la mayoría del oficialismo y del bloque de la Unión Cívica Radical, el proyecto que contempla la práctica gratuita de la ligadura de trompas de Falopio en la mujer y de la vasectomía en los hombres, que generó un fuerte debate entre los legisladores.
El proyecto fue aprobado por 35 votos aportados por la mayoría de los representantes del Frente para la Victoria-PJ, y apoyado por los radicales y el socialismo; contra 9 votos de los peronistas disidentes, de algunos provinciales y de oficialistas como el cordobés Roberto Urquía y el mendocino Celso Jaque.
La propuesta, tras cuatro horas de debate, cosechó 35 votos a favor que aportó el PJ y la UCR, y 9 en contra de Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), Hilda "Chiche" Duhalde, Carlos Rossi (Córdoba-Partido Nuevo), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Delia Pinchetti (Fuerza Republicana -Tucumán). También rechazaron la ley los justicialistas Roberto Urquia (Córdoba) y Celso Jaque (Mendoza), además de los transversales Isabel Viudes (Corrientes) y Roberto Basualdo (San Juan).
El debate culminó cerca de la medianoche tras un debate de más de cuatro horas que fue presenciado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
El titular de la Comisión de Legislación General, el justicialista Nicolás Fernández, abrió la sesión argumentando que el proyecto "abarca en forma definitiva todos los aspectos, condicionando la intervención al consentimiento informado del demandante". La presidenta de la Comisión de Población y Desarollo Humano, la oficialista pampeana Silvia Gallego, resaltó que lo que se está discutiendo no es "una ley para los pobres", y agregó que se estaba "reviviendo el debate de cuando se trató la Ley de Divorcio y se decía que íbamos a destruir la familia".
La radical Amanda Isidori anticipó la postura de su bancada a favor de la legalización de un "método anticonceptivo elegido en forma libre y responsable", al tiempo que argumentó que no podía aceptar que quienes opinan lo contrario consideren a estos métodos como si "atentaran contra la salud y la dignidad física de mujeres y hombres".
El socialista Rubén Giustiniani destacó que "se salva una inequidad social en la cual las mujeres con recursos económicos pueden concurrir a sanatorios privados cuando deciden no tener más hijos y ligarse las trompas"; además de reafirmar que "es un derecho que apunta a las mujeres pobres que tienen más conciencia de madre que las mujeres ricas que estudiaron en universidades privadas".
También la kirchnerista Vilma Ibarra manifestó que el proyecto "defiende derechos personalísimos", y reflexionó que "un Estado que intenta imponer la voluntad de pocos es inmoral, y acá hablamos de personas adultas que deciden su plan de vida y su capacidad reproductiva, donde el Estado no tiene injerencia".
Desde la vereda contraria, Hilda "Chiche" González de Duhalde criticó el proyecto y a quienes defienden la "libre" elección de los pacientes, argumentando que "esa libertad en los sectores más humildes de la población es condicionada".
Además, la justicialista puntana, Liliana Negre de Alonso, mostró su disidencia total al indicar que la promoción de este proyecto tiene que ver con un "condicionamiento financiero para los países" impuesto "como condición de control demográfico".
"Hablo de quienes vienen a ofrecer créditos y ponen como condición la sanción de leyes de control demográfico", remató Negre.
El cordobés del Partido Nuevo Carlos Rossi fundamentó su negativa al manifestar, entre otros puntos, sus dudas sobre la prestación del "consentimiento" para realizarse la ligadura de trompas al afirmar que "en muchos casos, en la actualidad, la propuesta de ligadura de trompas se realiza en el momento de mayor estrés que es en la sala de parto antes de que la mujer tenga a su hijo".
La normativa aprobada autoriza a realizar esas prácticas de regulación de la fertilidad en forma gratuita en los hospitales públicos y en el sistema de prepagas y obras sociales.
De acuerdo con el proyecto, antes de someterse a esas prácticas, la persona debe dar su "consentimiento informado", y no necesitará permiso judicial ni esgrimir razones médicas, siempre y cuando sea mayor de edad y pueda comprender los alcances de la cirugía.
La iniciativa autoriza a personas mayores de edad a solicitar la ligadura de trompas o la vasectomía, consideradas métodos permanentes pero no definitivos para regular la fertilidad.
