Por Pablo Winokur

Fue un verdadero escándalo. Quedó demostrado que las leyes no siempre tienen fuerza de ley. Fue cuando la jueza de Menores bonaerense Inés Siro impidió la realización de un aborto a una joven discapacitada que había quedado embarazada tras una violación. El fallo fue revocado, pero ya era demasiado tarde, puesto que el aborto sólo se puede practicar hasta el tercer mes de embarazo.

Cabe recordar que el Código Penal establece que el aborto es un delito. Sin embargo, plantea dos excepciones: cuando corra riesgo la vida de la madre o si el embarazo fuera por una violación, en caso de que la madre sea “idiota o demente”.

El problema es que en el hecho que salió a luz pública en las últimas semanas, se cumplían estos dos últimos requisitos, pese a lo cual la jueza interrumpió el aborto. Según distintos expertos, Siro no tenía la atribución de frenarlo, porque el Código Penal es claro: los médicos pueden practicar el aborto sin necesidad de pasar por la Justicia.

Frente a la gravedad del suceso, el Congreso no permanece ajeno sino que ya se está involucrando de lleno. Por un lado, algunos legisladores salieron a pedir el juicio político a la magistrada; otros, aprovecharon para reflotar algunos proyectos de legalización o despenalización del aborto en determinados casos. Aquí un breve repaso de las novedades del tema.

Tarde, no hay Justicia

Tras conocerse la revocatoria del fallo y la imposibilidad de que el aborto se realice, porque ya era demasiado tarde, cuatro legisladores oficialistas solicitaron el juicio político a la jueza Siro. Se trata de Diana Conti, Graciela Rosso, Aldo Marconetto y la senadora Silvia Giusti. “Una persona que privilegia sus convicciones religiosas por sobre la tipificación de un delito penal puede sermonear desde un púlpito, pero nunca ser una jueza”, dijo Giusti al justificar su pedido.

Conti y Rosso por su parte formalizaron un pedido ante el Consejo de la Magistratura provincial. “La dilación que ocasionó la intromisión de la jueza de menores determinó que el aborto se transformara en una inducción al parto con un riesgo de muerte para la madre muy superior al previsto en un raspaje”, dijo Conti.

Más allá de la tragedia, algunos legisladores consideran que este hecho que conmovió a la opinión pública debe servir para reabrir el debate sobre la legalización o no del aborto.

Por otro lado, la senadora Adriana Bortolozzi -rápida de reflejos- presentó un proyecto de ley para que se manifieste de forma expresa que en los casos en que el aborto es no punible no se requiere autorización judicial.

Otros proyectos

Un hecho merece ser destacado. En los últimos años el número de proyectos presentados en relación a la despenalización del aborto -sea para todos o algunos casos- ha crecido de manera exponencial. Según el sitio web del Senado, entre 1992 y 2003 sólo se habría presentado un proyecto en la materia, cuya autoría le corresponde a Alberto Maglietti. En cambio, sólo entre 2004 y 2006 ya hay cuatro iniciativas. Algo similar sucede en diputados, donde en la actualidad tienen estado parlamentario nueve, de distintas bancadas.

Cada uno tiene distintos matices, que valen ser descriptos. La senadora Vilma Ibarra es coautora de un proyecto junto a la ex senadora y actual diputada del FpV, Diana Conti. La propuesta -que también fue presentada por Conti en la Cámara baja con los mismos fundamentos- establece excepciones a la penalización del aborto: cuando corra riesgo la vida de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o si el feto no nacerá con vida. Pero también permite la interrupción cuando corra riesgo la salud de la madre. Esto podría conllevar una doble interpretación: ¿Debe ser entendida la salud psíquica como causal de aborto?

También la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado presentó un proyecto similar. “El Estado no puede avasallar la libertad individual que implica la autodeterminación de poder elegir sobre su propio cuerpo. Así se ha manifestado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y Plataforma de la Acción Mundial de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer”, opinó la legisladora quien en sus fundamentos dice que toma como “salud” a lo psíquico. “La mujer embarazada no tiene que padecer una enfermedad somática seria e incurable para que se privilegie su salud. Debemos proteger a la mujer en su integridad y dignidad de persona, que como en el caso de una mujer violada ha sido avasallado”.

También en el Senado hay un proyecto de Rubén Giustiniani, quien desde hace años viene presentando una iniciativa que en su momento fue pionera y que, de hecho, le valió una pelea con Elisa Carrió. La propuesta es similar a la de Ibarra, Conti y Bortolozzi.

En la Cámara baja hay nueve proyectos en estado parlamentario, uno de ellos es el de Bortolozzi, de cuando aún era diputada. También está el de Diana Conti y uno de Juliana Marino también de similares características; esta legisladora también tiene un proyecto que establece el procedimiento en caso de que se deba practicar un aborto no punible, lo cual demuestra que el problema es anterior a este caso particular. “En el sistema público de salud el acceso al aborto no punible y, por lo tanto, más seguro, es casi inexistente. La directa consecuencia de esta realidad es que las mujeres más desposeídas pagan estas omisiones con el agravamiento de su salud y a veces con su muerte”, explica Marino en su proyecto.

Además, con estado parlamentario hay dos propuestas de Margarita Stolbizer para despenalizar el aborto en casos de anencefalia o violación. El diputado Carlos Tinnirello presentó una iniciativa para eximir a los médicos de denunciar a las madres que se hacen abortos.

Tres proyectos merecen un párrafo aparte, porque son sin dudas los más ambiciosos en la materia. El primero es el de la senadora del FpV, Silvia Giusti, que no sólo autoriza el aborto sino que además crea un programa para que las mujeres que se tuvieren que someter a esa práctica -que sería prestada de forma gratuita por el Estado- reciban atención psicológica. En ese sentido, ésta es la iniciativa más completa. Algo similar sucede con una de Diputados, de autoría de María Elena Barbagelatta. Por último, para completar el informe, Marta de Brasi (FpV) propone derogar los artículos del Código Penal que incorporan como delito al aborto.

Propuestas hay muchas, aunque es difícil que alguna de ellas llegue al recinto, dado que la oposición es aún muy fuerte. Sin embargo, como se explica, los proyectos en la materia comienzan a multiplicarse. Tal vez no sea el momento para su aprobación, pero el tema va ganando cada vez más peso en el Congreso, porque así lo exige la sociedad. O al menos, eso es lo que marcan las encuestas.