El Senado de la Nación aprobó por unanimidad a un proyecto de ley que declara la emergencia, durante un lapso de cuatro años, en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas. La iniciativa deberá ser tratada ahora en la Cámara baja.
El proyecto suspende por ese período las sentencias de desalojo de esas tierras y establece que en los primeros tres años de su implementación el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debe realizar un relevamiento de los dominios para delimitar los territorios que ocupan las comunidades aborígenes. Se instaura además un fondo especial de asistencia para las comunidades indígenas del país de treinta millones de pesos que deberá ser manejado por el INAI, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
La emergencia, que el Cuerpo aprobó por unanimidad, suspende todos los trámites de desalojo judicial que pesen sobre las tierras que ocupan las comunidades originarias.
El proyecto, que diseñó la justicialista Alicia Kirchner (Santa Cruz) junto a su par de bancada Liliana Fellner (Jujuy), busca frenar los remates judiciales de las tierras en manos de las comunidades indígenas.
Durante el debate, y en su despedida de la banca, Alicia Kirchner repasó las "injusticias" que debió soportar el pueblo indígena desde el "gran genocidio y etnocidio" que supuso la "triste campaña del desierto" que encabezó Julio Argentino Roca en 1878 y 1879.
"Si alguien pregunta cómo vamos a hacer para reconocer los territorios, yo contesto que hay pozos, cementerios, aguadas, lugares sagrados, como innumerables indicadores que permiten identificar los territorios", sentenció Kirchner.
Por su parte, el radical jujeño Gerardo Morales dijo que "los tiempos propios de las comunidades indígenas que hacen que se encuentren en franca desventaja respecto de terceros malintencionados". Sugirió, además, que se disponga en el proyecto "la suspensión de aquellas ejecuciones de sentencias de desalojo futuras".
"La cosmovisión de la comunidad indígena interpreta la propiedad como algo que le pertenece a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es solidariamente de toda la comunidad", reclamó Morales.
Por su parte, el oficialista Nicolás Fernández calificó como "alarmante" la situación que viven los pueblos originarios, tras lo cual sostuvo que con el proyecto votado este miércoles se está "abriendo un camino que debemos recorrer con mucho trabajo y seriedad". Además, justificó la suspensión de las sentencias de desalojo por cuatro años en la precaria situación de las comunidades indígenas.
"Muchas veces los miembros de las comunidades son declarados en rebeldía por la justicia debido a la distancia entre esos asentamientos y las sedes judiciales. En muchos casos, tampoco entienden la lengua y la terminología jurídica. A eso le sumamos la invasión de parte de terceros a sus tierras", enumeró el senador santacruceño.
Liliana Fellner llamó a "parar los desalojos porque, sino, mucho menos podemos pensar en el título de propiedad de esas tierras".
El cordobés del Partido Nuevo Carlos Rossi recalcó que "no es lo mismo luchar por las tierras habiendo sido desalojados de ellas", y agregó hay que "dar una respuesta a los procesos judiciales que van a causar un daño irreversible".
El proyecto, que ahora deberá tratar la Cámara baja, le da un plazo de tres años al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que realice un relevamiento que permita delimitar el territorio que ocupan la totalidad de las comunidades indígenas del país.
La propuesta crea, asimismo, un fondo de 30 millones de pesos para la asistencia del sector, que manejará el Ministerio de Desarrollo Social, que volverá a presidir a partir de mañana la propia Alicia Kirchner.
El dinero, según la iniciativa, se utilizará para profundizar la ejecución del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que busca consolidar la posesión tradicional de las tierras que ocupan los indígenas.
El fondo estará integrado por recursos del Tesoro Nacional, que deberán asignarse en un artículo especial del Presupuesto 2007.
