La iniciativa recibió 121 votos a favor, 69 en contra y una abstención, y permitió al oficialismo cumplir la misión que había quedado trunca la semana pasada.

Si bien había un acuerdo político para que la UCR aportara sus votos para que el Frente para la Victoria lograra los dos tercios de los legisladores presentes para tratar el proyecto "sobre tablas", los radicales cambiaron de opinión a último momento y obligaron al oficialismo a esperar una semana. Ese era el plazo para que el texto obtuviera "estado parlamentario" y no necesitara una "mayoría especial" para ser incluido en el temario.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que la prórroga significa dar continuidad al "andamiaje jurídico necesario para el funcionamiento del país".

También, la diputada kirchnerista por Entre Ríos, titular de la Comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, destacó la importancia de aprobar la iniciativa y puso de relieve la necesidad de concluir con el digesto legislativo que está destinado a consolidar y compilar las leyes vigentes.

Desde el PRO, Pablo Tonelli -que presentó un dictamen de minoría en rechazo del proyecto- consideró "innecesaria" esta nueva prórroga, al sostener que esta legislación delegada "ya fue aprobada tres veces por este Congreso y nada agregamos con producir una cuarta".

En tanto, por el ARI, Marcela Rodríguez, aseguró que "de no haber prórroga no sucede ninguna catástrofe" y afirmó que "no hay necesidad" de una nueva extensión de esta norma, a la vez que consideró que el oficialismo "quiere que le demos un cheque en blanco al Poder Ejecutivo".

El radicalismo, por su parte, a través de Pedro Azcoiti, recordó que la UCR suscribió el dictamen de minoría del PRO y dijo que "darle otra vuelta de tuerca a la delegación es innecesaria y mucho más si consideramos que esta prórroga es una nueva acumulación de poder por parte del Poder Ejecutivo".

El apuro del Congreso en votar este proyecto se debe a que el 24 de este mes vence la prórroga de todas las leyes que contienen delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, las cuáles perderían sustento legal, de no aprobarse esta norma.

Bajo el sistema de legislación delegada se aprobaron, hasta la reforma de 1994, algo más de dos mil normas, en un recurso que ahora está prohibido por el artículo 76 de la Constitución Nacional. Desde entonces, sólo se autoriza la delegación de facultades en cuestiones relacionadas con la administración estatal y en casos de emergencia pública.