El proyecto -que fue aprobado en la Cámara de Diputados por 129 votos contra 55- contó con el respaldo del bloque oficialista Frente para la Victoria-PJ y el Peronismo Federal y el rechazo del radicalismo, el ARI, el PRO y el Justicialismo Nacional, que presentaron dictámenes de minoría propios.

Ahora el Ejecutivo deberá publicar, en un plazo de 60 días, todas las leyes secretas, incluida las dictadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y que fueron enarboladas por ex funcionarios menemistas para justificar el cobro de sobresueldos.

El encargado de defender el texto impulsado por el oficialismo fue el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista salteño, Juan Manuel Urtubey, quien destacó que la sanción de esta iniciativa "es un paso adelante" porque, dijo, "obliga la publicidad de las leyes secretas".

Mientras la diputada kirchnerista Diana Conti realizó una encendida defensa del proyecto oficial y aseguró que el Gobierno del presidente Néstor Kirchner "es el único que transparentó las leyes secretas", los opositores calificaron la norma como "una gran falacia".

"Esta ley no resuelve el tema central que es cómo evitar el secreto en los actos de gobierno. Tendríamos que respetar la Constitución que dice que todos los actos de gobierno deben ser públicos y mucho más los del Ejecutivos porque es un poder individual y que no tiene controles", subrayó el arista Adrián Pérez, quien preguntó "¨por qué el oficialismo quiere abrir leyes secretas con valor histórico, pero no quiere abrir los decretos secretos?" y respondió: "porque se va a ver cómo se manejaron en la Argentina los fondos reservados".

"Se verá cómo todos los Gobierno incrementaron por vía de decreto los fondos reservados para desviarlos y eso fue lo que ocurrió con el desvío de armas a Ecuador y Croacia, lo que ocurrió con los 400 mil dólares que le pagó el ex juez Juan José Galeano a Carlos Telleldín", insistió Pérez.

Por su parte, el radical Alejandro Nieva también señaló que la iniciativa oficial deja de lado los "más de cinco mil" decretos secretos y, si bien reconoció que "el Estado necesita tener algunos secretos por razones de seguridad", consideró que "el secreto debe cumplir tres características: excepcionalidad, provisionalidad y fijación de garantía y resguardo".

"Seamos sinceros, regulemos por ley. No puede ser que siga siendo una facultad arbitraria y discrecional de los funcionarios de turno", agregó Nieva.

Por su parte, el macrista Pablo Tonelli consideró que "la transparencia es algo demasiado serio como para hacer demagogia".