El juez federal Daniel Rafecas cerró la etapa de instrucción en la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado, luego de los nuevos testimonios que aparecieron en el caso, y se espera ahora que el fiscal eleve en las próximas horas el pedido a juicio oral y público.
Así lo confirmaron fuentes allegadas a la causa, cuya investigación cerró a exactos 6 años de haberse iniciado y con nueve procesados en condiciones de ser juzgados por el delito de cohecho, figura por la que -de ser condenados- podrían ir a prisión.
Se espera que en breve el fiscal Federico Delgado pida el juicio oral para los ex senadores Remo Costanzo, Emilio Cantarero, José Genoud, Alberto Tell, Ricardo Branda, Augusto Alasino, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
El magistrado entendió que los elementos recogidos permiten que los nueve procesados en el caso se sienten en el banquillo de los acusados para ser juzgados por el delito de cohecho (pagar o recibir coimas), que prevé una pena de hasta seis años de cárcel.
Los voceros remarcaron que para cerrar esta etapa, el juez valoró especialmente la confesión de Pontaquarto, quien reveló que por orden del gobierno de Fernando de la Rúa repartió 5 millones de dólares en sobornos a los senadores a fin de que votaran la reforma laboral. A esto le sumó el relato de Sandra Montero, ex empleada de Costanzo, quien el jueves pasado brindó una declaración que confirmó los dichos de Pontaquarto y que según las fuentes fue el "broche final" para clausurar la instrucción.
Según el ex secretario parlamentario, el dinero surgió de las arcas de la SIDE, por entonces a cargo de De Santibañes, y recibieron fondos ilegales los senadores hoy procesados y así como Flamarique.
Para dar por acreditados los hechos, el magistrado tuvo en cuenta el minucioso relato del "arrepentido", el registro de sus ingresos a la SIDE y los rastreos telefónicos efectuados en los celulares y líneas fijas de todos los encausados, especialmente el 26 de abril de 2000, cuando se habrían pagado los sobornos.
Los rastreos ubicaron esa noche a los senadores Alasino, Costanzo, Tell y Branda en la zona del departamento de Cantarero, en la avenida Callao de esta capital, donde según Pontaquarto él llevó el dinero para que luego fuera repartido entre los legisladores.
El juez también valoró las reconstrucciones que se hicieron de los hechos, así como la confesión por parte de Cantarero a la periodista Fernanda Villosio, ante quien admitió haber recibido las coimas y luego se desdijo.
Las fuentes explicaron que el cierre de la etapa instructoria "estaba prevista para julio, pero una serie de planteos dilatorios por parte de la defensa de Flamarique retrasaron la medida hasta hoy".
Paradójicamente, esa estrategia fue lo que permitió que el testimonio de Montero, quien reveló que Costanzo le confesó que recibió coimas y vio el dinero, pueda ser tenido en cuenta por los investigadores para esta etapa de prueba.
